El Sindicato de Agentes Municipales reclamó por algunos trabajadores que fueron dados de baja y el Secretario de Gobierno, Mariano Marquínez, aclaró: “No estamos dispuestos a reincorporarlos”.
La audiencia conciliatoria tuvo su lado positivo el viernes pasado en Olavarría. Luego de semanas a puro cruce, el Sindicato de Agentes Municipales de Mar Chiquita (Samm) y el Secretario General del municipio, Mariano Marquínez, volvieron a establecer el diálogo ante el conflicto por los polémicos pases a planta permanente que implementóJorge Paredi antes de irse del Ejecutivo local.
Derogados por el intendente Carlos Ronda semanas después de asumir, los decretos del ex jefe comunal kirchnerista quedaron nulos y generaron el repudio del Samm, que inició un reclamo generalizado por la reincorporación de decenas de trabajadores a los que no se les permitió continuar en sus puestos laborales.
En forma posterior al nuevo encuentro entre las partes, Marquínez dialogó con La Gazeta y se refirió específicamente a 65 recursos humanos involucrados en la situación: “Hubo una reestructuración de personal, donde encontramos problemas con cuestiones laborales, con gente que no se sabía en qué área estaba trabajando y hubo decisiones en relación con lo que planteaba cada secretario y, obviamente, con lo que planteaba el intendente”, explicó.
La postura que tomó el gobierno de Cambiemos había quedado manifiesta justamente por Marquínez en una conversación con 0223 meses atrás: “Cuando Paredi anunció los pases a planta permanente, nosotros declaramos que no íbamos a respetar esos decretos porque hubo muchas irregularidades”, recordó. “La primera, que en ese momento no lo sabíamos, es que el expediente donde se realizó el convenio colectivo de trabajo, es un expediente mellizo, es decir, existía un expediente de Higiene y Bromatología de Santa Clara del Mar, el 478 del 2015. Se utilizó ese mismo número para firmar un convenio colectivo, lo que nos hace sospechar que el convenio se realizó en fecha posterior a las elecciones, utilizado justamente para generar un daño a la gestión que venía”, insistió.
Al respecto de ese polémico expediente, que constituiría un delito de adulteración de documentos públicos, Marquínez detalló que “se concursaron 42 jefaturas sin concurso previo que terminaron beneficiando a miembros del sindicato. La gente que trabaja en el área hace más de 20 años ni siquiera se enteró de su realización”, explicitó.
En tal sentido, el funcionario comunal evidenció problemas para llegar a un acuerdo en el futuro. “Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero hay una parte del conflicto que está complicada, que es la exigencia del sindicato de reincorporar a los trabajadores que se han dado de baja, y que desde la gestión no estamos dispuestos a reincorporar. Sí está el compromiso por parte nuestra de, a partir del mes de marzo, conformar una nueva comisión de paritarias y generar un nuevo convenio colectivo de trabajo”, concluyó.
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