“La vivienda que el Gobierno me entregó no me sirve”, dijo la mamá de los niños quemados. El viernes pasado la gente del Instituto Provincial de Vivienda de Salta llegó hasta la humilde casa de Valeria Verón para comunicarle que ya tenía la casa para que puede trasladarse con sus niños quemados.

Valeria estaba feliz pues la vivienda se encuentra en barrio Castañares y todo hacía presuponer que tendría las condiciones necesaria de habitabilidad para su nena de 5 y su bebé de 2 años, que tienen gran parte de sus cuerpos con las cicatrices provocadas por el incendio del año pasado.

La mamá firmó sin ver la casa y sin que la Justicia haya dado el visto bueno.

Al día siguiente (el sábado último) fue Valeria a ver la casa que el Gobierno le estaba cediendo como “provisional, a título precario y transitorio”, según el documento que lleva la firma de ella y de Alicia Galli y Fernando Alesanco, como funcionarios titulares del IPV.

La sorpresa fue grande cuando llegó a la manzana 31B de Castañares y vio que la casa no era tal, sino una ampliación.

En términos concretos, es una unidad habitacional de 7 metros por 3,70 con una pequeña cocina-

comedor, un dormitorio y un baño que funciona como separador.

Son un poco más de 26 metros cuadrados donde deberá habitar la mamá con sus tres niños.

“La casa en donde estoy ahora es el doble de lo que me ofrece el Gobierno. Yo no sé cómo voy a hacer para mantener a mis niños en ese espacio tan pequeño”, se lamentó Valeria.

Condiciones

La defensora oficial civil N§4, del Ministerio Público de Salta, Natalia Buira, visitó ayer el inmueble y le aseguró a El Tribuno que Valeria finalmente aceptará el módulo.

Lo que sí destacó la magistrada es que condicionará la mudanza de la mujer y sus hijos a que le construyan otra habitación porque en la que está no le entra ni la única cama que tienen.

También, y por medio de una presentación, exige que se cerque el terreno y se corte una servidumbre de paso, pues justo está es una esquina y se usa como corte de camino.

“La vivienda debe cumplir con las observaciones 4 y 7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ésta no la cumple. En tanto se realicen estas modificaciones la señora Verón y sus hijos se trasladarán”, dijo Buira.

La otra cuestión por la que se lamenta la mujer es que sus hijos necesitan un espacio para que su rehabilitación sea lo más humanamente aceptable. El Tribuno comenzó publicando su historia porque sus hijos necesitaban una casa que los saque de villa Cerámica, porque la piel no se puede recuperar en un ambiente con mucho polvo.

Los pedidos

al Gobierno

�Tras los informes de El Tribuno fue la defensora oficial civil Nº 4 del Ministerio Público de Salta, Natalia Buira, quien visitó personalmente a Valeria y a los niños. Ante la falta de respuesta de las oficinas gubernamentales, la magistrada realizó una presentación ante la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades, a cargo de Marcel Fuentes y dependiente del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de María Pace, donde se exige la cobertura integral de los niños. La misma presentación, con copia, fue dirigida al ministro de Salud, Enrique Heredia; al presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Fernando Alesanco, y en Buenos Aires ante las autoridades del Secretaría Nacional de la Familia y Unicef.

Buira le presentará otro informe a la ministra Pace porque ya pasaron 8 días y hasta ahora la que es representante de Salta ante Consejo Federal por la Niñez y la Familia no respondió con ninguna acción concreta.

Entre los pedidos, el primero es una vivienda digna y apropiada para el tratamiento de personas quemadas. “La gente del IPV me llamó y puso como excusa de que Verón no tenía carpeta por lo que ordené que los funcionarios visiten la casa de los niños”, aseguró Buira.