Julio Romero renunció como apoderado legal de Francisco Medina, en la causa judicial vinculada con el faltante de cheques por una cifra millonaria en la Usina Popular Cooperativa, hecho por el cual el concejal fue despedido de la entidad.
Ante la falta de letrado, la Justicia designó a Daniel Surgen como defensor oficial de Medina.
La denuncia por el faltante de cheques fue realizada por el presidente de la cooperativa eléctrica, Antonio Vilchez, a partir de la cual se dispuso una serie de medidas, tomando intervención como fiscal el Dr. Gustavo Sirimarco, estando a cargo del caso la jueza Aída Lhez.Esto tuvo lugar a partir de una denuncia formulada por el asociado Guillermo Petersen que se presentó como particular damnificado.
Con la designación de Surgen, queda garantizado el derecho a la defensa que le asiste al acusado, pudiéndose continuar con la investigación del caso.
En relación con esta causa, en los primeros días de enero prestó declaración el empresario José Luis Arrate, vinculado comercialmente a la entidad cooperativa por la venta de energía prepaga en las estaciones de servicio de su propiedad. Dicho servicio se presta a través de un sistema informático previsto por la cooperativa. También es proveedor de automotores a la entidad.
Arrate declaró que le inició un juicio a Medina, en reclamo del cobro de cheques librados a su nombre, que no fueron cancelados. Pero aseguró que nunca efectuó operaciones con Medina en las que él actuara en representación de la UPC.
De un auditoría realizada por la propia Usina surgió que fueron 78 los cheques faltantes. De ellos, 49 eran de cobro al día por una suma de $2.664.155 pesos. Otros 29 valores eran de pago diferido.
Esto ocurrió en mayo de 2018. A fines de ese mismo mes la cooperativa decidió despedir con “causa justa” a Medina, habiendo sumado cerca de tres millones de pesos el faltante de dinero, incluyendo cheques al cobro y de pago diferido.
A raíz de esta situación el Concejo Deliberante le otorgó una licencia por 90 días a Medina. El 13 de septiembre del año pasado, en una sesión del Concejo Deliberante realizada en Juan N. Fernández, volvió a ocupar su banca, habiéndose cumplido el período de licencia otorgado.
Roberto Gómez, integrante de una multisectorial que actúa como particular damnificado, se manifestó satisfecho al considerar que existe avances en la investigación. Al mismo tiempo cuestionó al Concejo Deliberante en su conjunto, entendiendo que "ha sido muy pasivo" con respecto a Medina y su responsabilidad en este caso.
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