Con diversos instrumentos, el ministro de Economía intervino en los aumentos de las prepagas, las tarifas energéticas de luz y gas, los combustibles y del transporte público.
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JAVIER SLUCKI
El presidente Javier Milei cree de manera irrestricta en la libertad de contrato entre privados y en el autorregulacionismo del mercado. Y, aunque repite que detesta el teorema de Baglini, su acción de Gobierno se sigue alejando su ideología de campaña. A inicios de mayo, el intervencionismo del Gobierno, con el fin de garantizar la continuidad de la baja de la inflación, alcanza a cada vez más sectores: las prepagas, las tarifas energéticas, los combustibles y el transporte.
Luis Caputo festeja que la suba de precios volvió a desacelerarse en abril, quizás a niveles de un dígito, según anticipa el sector privado. Incluso, espera que esta tendencia a la baja continúe en mayo, cuando la inflación podría bajar al 7%, estiman las consultoras.
Pero para lograr esto, el ministro de Economía debe recurrir a diversos instrumentos que, cuando fueron aplicados por el gobierno peronista, dispararon críticas libertarias por generar una represión artificial de los precios y su atraso respecto a otros costos del mercado.
El repertorio del Gobierno es diverso y, de hecho, para intervenir en aquellos cuatro sectores el Gobierno ha debido recurrir a cuatro instrumentos diferentes, que van desde la intervención lisa y llana hasta la postergación de la suba de impuestos. Instrumentos que, en suma, llevan a Caputo al dilema de tener que elegir entre profundizar la baja inflacionaria y garantizar la meta fiscal de déficit cero.
Prepagas
El caso más claro es el de las prepagas. Milei había desregulado las cuotas del sector en diciembre pasado mediante el mega DNU 70/2023, gracias al cual las empresas aumentaron un 158% en cuatro meses. Tras reparar en el costo político de golpear al bolsillo de la clase media en un rubro básico como la salud, el Gobierno dio marcha atrás. Aunque nunca derogó los artículos del decreto que liberaban las cuotas, sí intervino con un regulacionismo directo y claro.
Se trata de la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Comercio, la cual "ordena" a siete prepagas, que concentran al 75% de los clientes, a aumentar como máximo tomando el IPC medido por el Indec desde diciembre. Luego, el fallo judicial de la semana pasada, ante una cautelar pedida por la Superintendencia de Servicios de Salud, extendió la medida a 23 prepagas, que en total concentran al 95% de los afiliados.
El argumento no fue otro que el de la "cartelización". Es decir, una admisión directa de que el mercado puede no autorregularse de forma deseable cuando hay concentración. O, básicamente, de que la libertad de contrato entre privados no siempre genera resultados deseables.
Energía
Otro sector en el que Caputo decidió intervenir para evitar una aceleración inflacionaria es el de las tarifas de luz y gas, mediante la postergación de su suba. Pese a que en febrero pasado había establecido que desde mayo estas debían quedar indexadas a la suba de precios, a inicios de este mes se conoció que no habrá aumento.
Así, el ministro de Economía busca garantizar que la inflación continúe su periplo descendente luego de abril, cuando se espera que las subas tarifarias del mes pasado empiecen a generar su impacto indirecto en la suba de precios, a través de las mayores facturas que deberán afrontar las industrias y comercios.
Es aquí donde Caputo debe afrontar más claramente el dilema entre déficit cero, baja inflacionaria y acumulación de deuda, ya que, al tiempo que no permite a las empresas subir tarifas, continúa igualmente quitando subsidios, por un 63% interanual, según la consultora Energía y Economía.
Así, el Gobierno prioriza bajar la inflación y genera una baja del déficit artificial, porque, en verdad, lo que hace no es otra cosa que acumular deuda con las propias empresas mayoristas generadoras de electricidad a través de CAMMESA. Si bien Milei asegura que pagará esa deuda con superávit, en verdad ese mismo superávit es generado por la postergación del pago de la propia deuda. La intervención de Caputo estalla por algún lado.
Combustibles
En el caso de los combustibles, el instrumento de intervención utilizado por el Ministerio de Economía es la postergación de la suba de impuestos, que debía ser del 8% en mayo. Se trata de una medida activa, ya que, contrario a lo que indica la ideología de Milei, los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono no fueron eliminados. En cambio, Economía determinó su descongelamiento en febrero pasado, estableciendo un calendario de subas mensuales que debía continuar este mes.
Así, mediante el Decreto 375/2024, que publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial, el Presidente postergó la suba para junio, comprometiendo nuevamente la meta de déficit cero que, pese a las cifras difundias por el Palacio de Hacienda, ya empezó a quedar comprometido en marzo si se toma el gasto devengado.
Al mismo tiempo, el Gobierno también admitió aquí que el mercado no siempre debe regularse solo. Pese a que la nafta no es una tarifa pública desde épocas de Mauricio Macri, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, debió instar a las petroleras a postergar el precio de paridad de exportación que reclamaban desde enero. Aplicarlo hubiera significado un aumento de al menos un 20% extra en las naftas, con un impacto todavía mayor en la inflación.
Transporte
En paralelo, Caputo también decidió intervenir más activamente en la tarifa del transporte de colectivos en el AMBA, en este caso no solo postergando aumentos sino, además, mediante una suba de los subsidios. De hecho, fue el propio ministro el que, al hacerse cargo del área a fines de enero pasado, dejó de lado la política más favorable a las empresas que había tenido el extinto Ministerio de Infraestructura. Al contrario, tras el tarifazo del 250% en febrero, no aplicó en los meses siguientes la suba bimestral del boleto indexada a la inflación que él mismo había anunciado.
La última novedad es que, tras no subir en abril, el boleto de colectivos tampoco aumentará en mayo. En cambio, para descomprimir la situación gremial y permitir que las empresas paguen el sueldo completo reclamado por la UTA, la Secretaría de Transporte realizará una nueva estructura de costos del sector.
Dado que el boleto no aumentó este mes, la única solución que queda es aplicar, según supo El Destape, un aumento en los subsidios al sector. Nuevamente, la necesidad política de mostrar una persistente baja de la inflación y de evitar un nuevo paro de colectivos comprometen la meta fiscal del Gobierno. En definitiva, la teoría económica libertaria se queda en los libros.
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