Habrá que indagar y mucho para encontrar un contrapunto con trascendencia pública de tanta magnitud en los cinco años de convivencia entre Pro y la UCR en el gobierno marplatense, como el que se registró esta semana en torno al debate sobre el financiamiento del sistema universitario.

Mientras de un lado se sumaron a las masivas movilizaciones en las principales ciudades del país, Mar del Plata incluida, desde el otro retomaron postulados del gobierno de La Libertad Avanza y lanzaron dardos venenosos, incluso a sus aliados políticos.

"Han hecho de la educación un gran negocio, manejan facultades, universidades a piacere, la llenan de militantes rentados que pagan los más pobres y en nombre de la autonomía universitaria no quieren que las auditen. Si la Educación Pública está en crisis es porque la mayoría de los que marchan hoy vieron en la Educación una caja política y no una política pública", lanzó, sin filtros, el titular del Pro local, Emiliano Giri. Al no explicitar un destinario, las interpretaciones volaron en las horas previas a la marcha.

Una grieta se instaló en la alianza gobernante local por el debate sobre la Universidad.

Pero fue Agustín Neme, titular del bloque Pro en el Concejo Deliberante y reciente intendente interino, el que no anduvo con rodeos: "Marchar con el kirchnerismo NUNCA", descerrajó en otro tuit que agregó pimienta, luego de pedir auditorías al gasto público universitario.

Otro fue el escenario en el sector radical, espacio que controla varias de las principales universidades del país y que en la Universidad Nacional de Mar del Plata forma parte del gobierno en alianza con el Partido Socialista, otro espacio político que supo apoyar la reelección de Montenegro. Sus principales dirigentes locales -no curiosamente surgidos de la cantera de la Franja Morada- no solo se expresaron en sus redes, sino que también marcharon. Al senador nacional Maximiliano Abad se lo vio en Buenos Aires, mientras que el diputado provincial Ariel Bordaisco, concejales como Marianela Romero y hasta el secretario municipal de Participación Ciudadana, Gustavo Serebrinsky, acompañaron la movilización marplatense.

Muchos ya empiezan a posar los ojos en lo que será la jornada de trabajo que el Concejo Deliberante convocó para el próximo jueves para debatir sobre este tema, convocatoria realizada con la firma de la titular del HCD, la radical Marina Sánchez Herrero, a su vez vicedecana de la Facultad de Derecho de la Unmdp.

La dirigencia radical salió a jugar fuerte en apoyo al reclamo universitario contra Milei.

Osse, sin respuestas del Enohsa

Luego que se supiera que el Presupuesto 2025 de Milei contemplaba, en términos reales, cinco veces menos de inversión en obra pública para Mar del Plata que el que lo hacía el fallido Presupuesto 2024 de Massa, ahora el gobierno libertario volvió a dar una nueva señal de que continuará el desfinanciamiento pese a los gestos amigables que llegan a Buenos Aires desde la política local.

En una reciente resolución de Osse, su presidente Carlos Katz volvió a aprobar una neutralización del plazo de la obra de la segunda etapa del Sistema Acueducto Oeste, una de las obras hídricas más importantes de los últimos años en la ciudad. Se trata de un trámite administrativo que suspende el conteo de los días de ejecución que lleva una obra contratada, lo que viene ocurriendo sistemáticamente desde diciembre. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Asumió Milei y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) dejó de girar los pagos que estaban comprometidos.

Como reveló en exclusiva 0223, en junio hubo una reunión entre Katz y las autoridades del Enohsa para tratar de destrabar la situación. Sin embargo, ahora se reconfirmó que en vano fueron los esfuerzos, ya que a la fecha todo sigue igual. Es más, en la resolución Osse reconoció que tras ese encuentro "el 5 de julio y reiterando el 30 de julio se enviaron notas formales al Enohsa, solicitando se informen precisiones respecto del financiamiento, no habiendo recibido respuesta hasta la fecha". Es decir, ya pasaron cuatro meses de silencio nacional.

"Las tramitaciones en curso se desarrollan en un contexto de incertidumbre general por el cambio de autoridades nacionales y en particular en lo vinculado a la continuidad de las obras públicas que financia dicho organismo", apuntó el radical Katz, en tono crítico.

La primera etapa del Acueducto Oeste concluyó en 2020, ahora se esperan definiciones para que se retome la segunda etapa.

Cerca de la sentencia

La judicialización de decisiones de la política que se está expresando como un fenómeno cada vez más marcado en Mar del Plata tendrá en los próximos días un punto de inflexión, cuando se conozca el fallo en la causa que la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) impulsa contra Osse para frenar los aumentos resuelto a lo largo del año.

Tras la audiencia de junio donde fue inviable una conciliación, a fines de septiembre el juez Simón Isacch otorgó un plazo de 10 días para la presentación de los alegatos, tras lo cual se dictarán los autos para sentencia. En las últimas horas se conoció la presentación del represente legal de Adduc, abogado Gabriel Martínez Medrano, mientas que está pronto a elevarse el de la empresa sanitaria municipal.

La entidad civil sostiene que al no contemplar al instituto de la Audiencia Pública, la ordenanza que regula a Osse contradice normativa superior como el Art.42 de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la doctrina de la Suprema Corte. En esa línea, expone que la actividad se encuentra regulada por el Decreto provincial 878/2003, convalidado por Ley 13.154 y modificado por Ley 14.745, al cual adhiere la Municipalidad vía Ordenanza 18.872. Asimismo, en el Art.51 de la normativa bonaerense se determina que “la Ley Nacional de Defensa del Consumidor será de aplicación directa a las relaciones entre las entidades prestadoras y los usuarios”. De allí, se desprendería la obligación de realizar audiencias públicas, como en el caso de otros aumentos como en el gas, la luz o incluso de los peajes bonaerenses.

Instancia finales en la causa que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1.

En tanto, en mayo se conocieron las contestaciones de Osse y la Municipalidad, donde desechan de plano la hipótesis de Adduc. Los letrados de la firma sanitaria expusieron que “la actora incurre en un error de apreciación”, dado que la Municipalidad en 2008 adhirió por ordenanza al Marco Regulatorio Provincial para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Buenos Aires, establecido en 2003 por el gobernador Felipe Solá mediante el Decreto 878/03 y a la Ley 13.154 que ratifica dicho decreto. Allí no se establecía la obligatoriedad de realizar una audiencia pública ante aumentos tarifarios, lo que recién se incorporó en 2015 con la Ley 14.745. Además, la función no corresponde a Osse, sino al Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (Ocaba), que depende del gobierno bonaerense.

Por su lado, la Comuna justificó los aumentos desde el punto de vista económico, donde advirtió que la firma se encuentra ante “una grave situación económica”, que justifica la urgencia de los incrementos. “En consecuencia, ninguna irregularidad, y menos aún ilegalidad se ha producido,la recomposición de la tasa se ha determinado a través de los instrumentos legales que definen el funcionamiento de Obras Sanitarias Mar del Plata”, concluyó.