La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, al ser consultada por la contratación de empresas cooperativas que prestan servicio de limpieza en hospitales de la provincia, expresó: “Las cooperativas se rigen por estatutos distintos a los que tiene el Sistema Provincial de Salud”. La funcionaria dijo que el Ministerio de Salud, habitualmente hace la tarea administrativa de contraer servicios a empresas privadas por medio de licitaciones cumpliendo con los requisitos y bajo el contralor del Tribunal de Cuentas.

“El personal que trabaja en estas cooperativas no pertenecen al SIPROSA”, declaró, y discrepó con los gremios de la sanidad que días atrás realizaron medidas de fuerza. “Hay distintas entidades que controlan a estas empresas”, dijo, al tiempo que afirmó que no son responsabilidad del Ministerio de Salud porque no están dentro de su jurisdicción.

Regino Racedo, titular del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM), dijo que hay cuatro cooperativas que prestan servicios de limpieza en hospitales públicos. “Nosotros hacemos un control institucional del funcionamiento de las cooperativas. Pedimos sus estudios contables, controlamos asambleas y elecciones. Excede nuestras competencias controlar la prestación de sus servicios”.

Dijo, además, que la evaluación del servicio prestado por cada empresa es responsabilidad de quien las contratan y del Ministerio de Trabajo de la Nación. “El IPACyM sólo interviene en el caso de que un socio haga una denuncia formal. Una cooperativa es una empresa como cualquier otra, si comete una infracción deberá ser sancionada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. El IPACyM no controla el trabajo en negro”, explicó.

Asimismo, expresó que una cooperativa de trabajo no puede tener empleados por fuera de su grupo societario. Por ese motivo, requirió a estas empresas que actualicen sus listados de socios y que informen cuánto percibió cada asociado. “En una cooperativa no hay relación laboral, sino una relación societaria”, precisó.

En el caso de detectarse irregularidades, el IPACyM puede aplicar sanciones que van desde una intimación hasta el retiro de la autorización para funcionar. “En todos los casos, las sanciones se realizan junto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)”, informó.

“Contestamos un oficio, que nos mandó la fiscalía Federal, con la situación de las cooperativas que están trabajando con el Siprosa. Son cuatro las que se dedican a la tarea de limpieza. Informamos que tres estaban al día con toda la documentación y una adeudaba un balance que ya lo presentó”, finalizó.