En Tandil, unas 15 mil personas, que representan el 70 por ciento de la cápita, no podrán atenderse en la institución, lo cual podría impactar en el sistema público, donde asiste el 30 por ciento restante.

A través de un comunicado las autoridades del centro asistencial público anunciaron que “nos vemos compelidos a adoptar la decisión de dejar de prestar nuestros servicios médicos en la forma que habitualmente lo hemos venido haciendo” como consecuencia de la “falta de respuesta a la problemática que en reiteradas ocasiones hemos planteando desde hace más de un año, la cual se ha profundizado notablemente en los últimos meses”.

El conflicto

Hacia fines de 2013, Pami modificó la modalidad de contratación “y comenzó a abonar una cifra mensual por nuestras prestaciones, la cual resultaba relativamente razonable”, contextualizaron, e indicaron que “en teoría, hoy ese monto debería haberse incrementado en un 51 por ciento”.

Sin embargo desde fines de ese año “no sólo dicha cifra no se ha visto actualizada, sino que en el día de hoy Pami nos informó que debíamos emitir nuestra factura del corriente mes por un importe que representa menos de la mitad de lo que efectivamente debería corresponder”.

Por lo expuesto, y ante la “imposibilidad” de afrontar los gastos de las distintas especialidades, “nuestra cobertura se verá limitada a la atención clínica de las urgencias”.

“Hemos agotado todas las instancias y demostrado la mayor capacidad de comprensión y flexibilidad, priorizando la atención de los pacientes, pero la situación se ha tornado insostenible”, aseguraron desde el centro privado de salud.

Y para cerrar, reiteraron su “compromiso para seguir brindando nuestros servicios a los afiliados de Pami pero bajo retribuciones justas y pautas claras, con la mejor disposición para la búsqueda conjunta de una digna solución”.

Una medida de

alto impacto

El subsecretario de Salud de la comuna, Néstor Müller, calificó la medida de “alto impacto” y explicó que de la totalidad de la cápita de la obra social la entidad privada “tiene el 70 por ciento”, mientras que el 30 restante se atiende en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina”.

Frente a ese escenario advirtió que “la salud pública sin dudas se va a ver desbordada”, y garantizó que “atenderemos hasta los límites posibles de capacidad física, edilicia y demás”.

Instó a las autoridades de la obra social y del centro asistencial privado a que en forma “urgente” entablen el diálogo “para que esto se resuelva cuanto antes”.

Gestiones del Concejo

El presidente de la Comisión de Salud, Adolfo Loreal, hizo hincapié en las acciones que se impulsaron desde el Legislativo al señalar que en junio del año pasado se elevó el primer reclamo a la central de Pami.

“Lo que simplemente se pidió fue una reunión con las autoridades de la obra social a nivel nacional, regional (Mar del Plata) y local”, dijo, y citó después las conversaciones telefónicas con la titular de la oficina de la ciudad, Miriam Iglesias, solicitando en principio una reunión para esclarecer aspectos vinculados a la salud pública (Hospital “Ramón Santamarina”) y privada (Asociación Italiana de Socorros Mutuos).

Renegó de la postura que adoptó en esa oportunidad el Frente para la Victoria, que decidió no acompañar la presentación porque “dijo que nos preocupábamos por una empresa privada”. Sin embargo, Loreal rechazó la postura y dijo que “en realidad nos estábamos preocupando por la salud pública”.

En tanto, en un segundo comunicado, que estuvo avalado por los integrantes de los tres bloques, pidieron una audiencia a Pami para poder aclarar el panorama, ante la advertencias de la entidad de posibles cortes de servicios.

Unas 15 mil personas

sin cobertura

En cuanto al impacto de la medida, el concejal de la UCR advirtió que “aproximadamente 15 mil personas mayores y discapacitadas quedan sin la atención de la cobertura de su obra social”.

“Pami en ningún momento nos respondió”, ratificó, y recordó la reunión que mantuvieron en enero las partes involucradas, en la cual se asumió el compromiso de resolver el conflicto. “Y en agosto interrumpen el servicio”, expresó.

“Como profesional de la salud y presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante me parece terrible que hoy tengamos un adulto mayor en la puerta del Hospital que no pueda ser atendido”, sentenció.

“Pami debe dar respuestas ante la comunidad de qué es lo que va a hacer con los 15 mil afiliados que quedan sin prestación”, enfatizó.

Una situación

que preocupa

La concejal del oficialismo, Nora Polich, evaluó el contexto en que ocurrió esta medida, en medio del paro de actividades en la obra social, y resaltó las acciones impulsadas desde el Concejo Deliberante: “Venimos manifestando nuestra preocupación y hasta hemos sido tildados en algún momento de alarmistas”, repasó. Y agregó que “venimos siguiendo esta situación de degradación de la cobertura de las prestaciones, de falta de servicios a la población afectada”.

En ese marco ratificó que “hemos fomentado el diálogo entre las partes”, en especial referido a la atención en la Chacabuco, y respecto al paro realizado en la sede local de Pami sostuvo que “hemos escuchado declaraciones de delegados de ATE a nivel local, precisamente por el corte de luz de una boleta impaga de 56 pesos”. Entonces planteó con dureza: “Qué tranquilidad nos pueden dar si no pueden pagar una factura de gas a que provean el servicio a los afiliados”.

También “estamos viendo con preocupación que se habla del cierre de delegaciones y la misma delegada, con la cual intentamos tomar contacto pero aún no hemos podido, manifiesta que no se están prestando servicios esenciales o hay demoras en prestaciones”.

Sobre la decisión de cortar la atención, Polich especuló que quizás hubo un “agotamiento de las instancias” para que las autoridades lleguen a una medida “tan extrema que no beneficia a nadie, ni a los afiliados ni a la propia clínica”.