El exsenador César Gioja declaró ayer en el megajuicio por delitos de lesa humanidad y habló de la presunta complicidad de un empresario con la última dictadura militar. El hermano mayor del gobernador José Luis Gioja apuntó contra Pablo Rodríguez, propietario de la Granja Huerta de Oro, al señalar que en una oficina que éste tenía en una casa de repuestos hacía tareas de inteligencia para los militares. Frente al comentario, que desnuda una supuesta participación de un civil, el fiscal del juicio, Mateo Bermejo, puede pedir que se envíen las copias de las declaraciones a la Fiscalía de Instrucción para que se abra una investigación o el mismo Tribunal Oral Federal Criminal puede solicitar, de oficio, que se averigüe sobre el caso. Bermejo explicó que va a analizar las declaraciones y si hay elementos que la conviertan en admisible para pedir una nueva instrucción.

El testimonio de Gioja se produjo en el marco de la denominada causa Bustos, expediente que tiene acumulado los casos de 32 víctimas que fueron sometidas a distintos tipos de torturas y entre las que se encuentran conocidas figuras políticas (ver foto). El exsenador fue detenido el 27 de marzo de 1976, 3 días después del golpe, y en su relato mencionó que Pablo Rodríguez, comerciante de embutidos quien actualmente tiene 72 años, poseía una oficina en una casa de repuestos en la que realizaba tareas de inteligencia contra los sospechosos del régimen militar. El lugar estaba ubicado sobre calle General Acha, frente a la plaza de Trinidad, y tenía el nombre de Motores Perkins, resaltó.

Además, relató la extraña negociación de una fábrica de cemento blanco, de la que era presidente, mientras estuvo detenido. Aseguró que todos los trabajadores habían vendido sus acciones y las únicas que quedaban eran las de él y las del vice, Miguel Miranda. Remarcó que ambos se oponían a la transacción y que cuando iban a tener una reunión en el Penal de Chimbas con los delegados para que se opongan a la venta, un día antes los trasladaron a una unidad de La Plata, en Buenos Aires. Gioja manifestó que su esposa y la de Miranda fueron presionadas para que transfieran las acciones y que una vez que lo hicieron, llamativamente les otorgaron la libertad en La Plata, en junio de 1977.

El exsenador expresó que fue detenido cuando fue a averiguar sobre la situación de su padre, quien también había sido apresado por las fuerzas militares. Así afirmó que luego de ser atado y encapuchado en el antiguo edificio de la Legislatura, fue trasladado al Penal de Chimbas en donde recibió golpes y le quemaron el brazo con un cigarrillo. Durante los interrogatorios, creyó escuchar la voz de Jorge Olivera, el jefe de la represión en San Juan. Ayer, Marcelo Fernández, abogado de Alejandro Lazo, uno de los acusados, señaló que su defendido no está implicado en la causa Erize y que en el megajuicio no está vinculado a delitos sexuales.