El vocero de la Presidencia y el entonces jefe de Gabinete eran investigados por una publicidad difundida durante el entretiempo de un partido en 2012 en el que se cuestionaba a Macri por el manejo del subte
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió hoy desligar al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y al secretario de Medios de Comunicación, Alfredo Scoccimarro, de la causa iniciada por supuestas irregularidades en un spot en el que se criticaba al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri en el programa televisivo Fútbol para Todos. También fueron desvinculados de la acusación el ex subsecretario de Comunicación, Rodrigo Rodríguez, y el subsecretario de Medios, Gustavo Fernández Russo.
El magistrado dispuso el cierre de la investigación porque ésta se quedó sin querellantes, ya que los impulsores de la denuncia, los diputados del PRO Cristian Ritondo y Daniel Presti, fueron rechazados por la Sala I de la Cámara Federal, que entendió que no tenían "un especial, concreto y directo perjuicio" para ocupar ese rol.
Los legisladores habían denunciado a Abal Medina, a Scoccimarro, Rodríguez y Fernández Russo por malversación de caudales públicos por la emisión del spot. Se trataba de una publicidad que fue emitida el 11 de agosto de 2012 en el entretiempo del partido River-Estudiantes en el que se criticaba a Macri por un conflicto gremial en el subte y que lo enfrentaba al Gobierno de Cristina Kirchner.
En sus fundamentos, Martínez de Giorgi también señaló que el fiscal Federico Delgado desestimó la denuncia por inexistencia de delito. "Ante el panorama delineado, encontrándose el tribunal ante la inexistencia de un requerimiento de instrucción fiscal en los términos del art. 180 del catálogo procesal y no habiendo –como se dijo– particular ofendido como para que el proceso pueda ser de todos modos", indicó.
La misma sala que se opuso a que Ritondo y Presti actúen como querellantes había apartado ya al primer juez que intervino, Claudio Bonadio, y anula las indagatorias de los acusados que éste había dictado. Los jueces declararon nula su intervención, ya que no había resuelto un planteo de las defensas, lo que fue considerado una violación a la garantía de defensa en juicio.
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