La ofensiva kirchnerista se multiplica contra el espía Jaime Stiuso, el hombre que habría aportado información al fiscal para la denuncia por encubrimiento terrorista, a raíz del atentado en la AMIA, que formuló contra Cristina Fernández y Héctor Timerman. Pero la fiscal Viviana Fein, a cargo del caso, no ha podido recoger aún ninguna señal, en la dirección que pretende el Gobierno, durante la primera declaración secreta que tomó a Stiuso.

Entre lunes y ayer el kirchnerismo realizó cuatro movidas. El fiscal de la Unidad Antilavado, Carlos Gonella, presentó una denuncia por presunto lavado de dinero contra Stiuso. Cayó en el juzgado del permeable Sebastián Casanello, el magistrado que fue conminado por la Cámara Federal para que, por aquel mismo posible delito, cite a declarar al empresario K, Lázaro Báez.

El ex titular de la Secretaria de Inteligencia, Oscar Parrilli, comunicó otro descubrimiento del Gobierno contra el espía. La imputa “contrabando agravado y evasión tributaria”.

Los principales diputados K continuaron en el Congreso con la tarea de intentar demoler la denuncia por encubrimiento que Nisman dejó antes de morir. El nuevo equipo de fiscales que la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, designó para la causa AMIA –la mitad de ellos pertenece a Justicia Legítima– anticipó que podría empezar a rastrear la “pista siria” por el ataque. Es decir, iría en la dirección contraría a la que planteó Nisman. Significaría, por otro lado, un condicionamiento no menor a Daniel Rafecas, el magistrado que debe ocuparse de la controvertida causa después de la imputación que hizo a la Presidenta y al canciller el fiscal Gerardo Pollicita.

La denuncia de Parrilli exhibió ribetes llamativos. Stiuso, junto a otro par de colegas, fue acusado de comandar una red de tráfico ilegal que ingresaba al país productos importados, sin ser declarados y evadiendo impuestos. Lo habrían hecho, al parecer, amparados en la reserva que exigía la Ley de Inteligencia.

Parrilli dijo que la revelación fue posible gracias a información proporcionada por la Aduana. Y que el ilícito, detectado entre los años 2013 y 2014, habría sido cometido por un “sector de funcionarios” de la ex SI. Quedó claro que su intención fue deslindar responsabilidades de la vieja conducción. La compusieron durante once años Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. Los viejos y queridos amigos de Néstor Kirchner.

Icazuriaga y Larcher, desde que fueron reemplazos en diciembre pasado, desaparecieron de la faz de la tierra. Uno de ellos anda por el exterior. Aquella disección política de Parrilli no pareció la obra de un buen cirujano.

Que un sector de la ex SI se estuviera dedicando al contrabando, como dice el Gobierno, descubriría el sumidero al que se terminó de convertir en la década K la Inteligencia en la Argentina. También sembraría interrogantes sobre la competencia del comando que resultó desplazado. Salvo que Icazuriaga y Larcher se hayan dedicado sólo a tareas de orden político. Dejando al resto de la SI como territorio liberado. Tampoco habría sido exactamente de ese modo.

Hay viejos episodios que revelarían una trama común, de las cuales el propio Stiuso, observado ahora como el hombre malo por los K, habría tenido participación por pedido de Kirchner. Casos de una enorme repercusión social. Se podrían recordar dos de tinte policial: el fino cerco sobre los secuestradores de Axel, el hijo de Juan Carlos Blumberg, en 2004, que por torpeza terminó siendo asesinado por sus captores. La persecución, esta vez con éxito, de los secuestradores del padre del actor Pablo Echarri.

También habrían existido otras maniobras con el fin de perturbar la política. En 2009, en vísperas de las elecciones legislativas, Francisco de Narváez quiso ser vinculado con el llamado Rey de la Efedrina, Mario Segovia. El dirigente debió presentarse a declarar ante el juez Faggionato Márquez. El propio Segovia, tiempo después, denunció que el magistrado le había pedido que involucrara a De Narváez. El desbaratamiento de la maniobra tuvo efecto búmeran para el Gobierno: el legislador ganó Buenos Aires enfrentando la candidatura del propio Kirchner y de muchos testimoniales.

Stiuso tendría todos los flancos vulnerables que ahora le achaca el kirchnerismo. E infinitamente mas. Pero fue un resorte que el Gobierno utilizó por más de una década. El divorcio y la ofensiva contra él perseguiría hoy otro objetivo. Mostrarlo como el hombre que, en hipótesis, manejó a Nisman y encauzó la investigación de la AMIA en contra de Irán con información procedente de la CIA y el Mossad.

Esa jugada se empalmaría con la idea de seguir la pista siria que poseería la nueva unidad AMIA conformada por Gils Carbó. En ese cuerpo hay cuatro fiscales. Pero la dirección quedaría a cargo de Juan Patricio Murray. ¿De quien se trata? De un fiscal que hizo una meteórica carrera empujado por Gils Carbó. De ser fiscal subrogante en la ciudad de San Nicolás pasó a la Fiscalía Federal 2 –lo cual motivo un pronunciamiento adverso de la Corte Suprema– y desempeñó durante un año funciones en Rosario. Fue quien preparó el terreno para el desembarco del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, con el propósito de desarticular las bandas de narcotraficantes. Casi toda espuma: ese flagelante problema ni se atenuó ni se resolvió. Tampoco con el patrullaje de los gendarmes.

Murray tuvo choques frecuentes con la justicia de Santa Fe y con el poder político. Fue quien urdió, por ejemplo, la detención del ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, sin el conocimiento de la administración socialista. Alguna vez el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, llegó a denunciar a Murray “porque se pone en un papel mas partidario, que en el papel de verdadero fiscal”. El joven simpatizaría con el Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales de los K.

La Presidenta y el kirchnerismo, por lo visto, parecen empeñados a correr a Irán del conflicto local e internacional en que lo metió la denuncia de Nisman. Las razones serían tan enigmáticas aún como la firma del incumplido Memorándum de Entendimiento. Cotejando dos episodios de la semana anterior se transparentaría esa intención. Timerman envió cartas a los embajadores de Estados Unidos e Israel advirtiéndoles que nuestro país no toleraría que sea convertido en teatro de operaciones políticas y de inteligencia. Alusiones inconfundibles al accionar de la CIA y el Mossad. Uruguay también afronta algunos desencuentros con Israel e Irán. Hubo episodios confusos ante la embajada israelí en Montevideo. El presidente José Mujica iba a solicitar el reemplazo del diplomático iraní pero Teherán lo madrugó. Dio por finalizada antes su misión. El canciller Néstor Almagro emplazó a ambas naciones para que no tomen al suelo uruguayo como escenario de sus disputas internacionales. Notificó a los dos partes, no sólo a una como hizo la Argentina.

Esas diferencias suelen ser habituales. La justicia uruguaya citó a declarar tres veces a Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro de Amado Boudou, por una inversión sospechosa en Uruguay. Ninguna de las tres veces se presentó. Entonces solicitó a Interpol su detención. Así ocurrió el viernes en Mendoza. El gobierno kirchnerista está ahora haciendo lo imposible para que logre zafar.