Obtuvo ayer el apoyo de dos comisiones de la Legislatura y sólo queda la votación en la sesión.
La propuesta implica modificar la Ley 1875 con el propósito, por un lado, de incrementar 60 veces el tope para multas ambientales y, por otro, fijar tasas por inspecciones para crear un fondo destinado a ampliar los controles. Fue una presentación del MPN con el acuerdo del Ejecutivo, que se reformuló días atrás en la Comisión de Ambiente para lograr la unanimidad.
Otras dos comisiones analizaron y avalaron ayer el proyecto unificado, la de Asuntos Constitucionales y la de Hacienda. En ambos casos, el respaldo fue unánime.
José Russo (MPN), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, remarcó que el consenso obedece a que “se trata de una ley de gran trascendencia”, que abarca tanto al petróleo como a cualquier actividad que impacte en el ambiente.
Durante la discusión, varios señalaron que este proyecto los obligará a considerar modificaciones en leyes más específicas, como la de Hidrocarburos (Nº 2453), donde se prevén montos fijos menores a la nueva escala. “Lo charlamos en Ambiente y vamos a tener que seguir trabajando, porque en esta ley estamos poniendo cuestiones más rigurosas que la Ley de Hidrocarburos, por ejemplo”, observó Beatriz Kreitman (CC-ARI). Eduardo Benítez (UCR) planteó que la iniciativa también podría requerir cambios en la Ley de Aguas.
Jesús Escobar (Libres del Sur) fue más allá y señaló que “vamos a necesitar hacer una ley vinculada a la explotación no convencional, porque está el decreto que dice lo que no se puede hacer, pero no establece multas”. Afirmó que hay un compromiso de varios integrantes de la Comisión de Ambiente en ese sentido.
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