El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudia el asesinato de dos jóvenes por parte de un efectivo de la Policía Metropolitana y sumó un cuestionamiento a las máximas autoridades políticas de la fuerza policial porteña. El CELS, un organismo de derechos humanos nacido en plena dictadura y que hace años preside el periodista Horacio Verbistky, sostiene que fue “violencia extrema”, este martes cuando el efectivo de la Policía Metropolitana, David Alejandro Barrios, asesinó a Jesuán Ariel Marchioni, de 23 años, y a Rodrigo Alfredo Romero, de 16, durante un supuesto asalto ocurrido arriba de un colectivo en la localidad bonaerense de Avellaneda. “El caso evidencia la violación de las normativas y protocolos sobre uso de la fuerza letal. Muestra, además, los riesgos de la intervención de funcionarios policiales en hechos que se producen fuera de su jurisdicción y cuando no se encuentran en funciones”, expresó en un comunicado el organismo con sede en la calle Piedras a metros de Venezuela.

El CELS no solo crítica la actitud policíaca, carga también sobre “el respaldo político de las más altas autoridades civiles al policía y a su versión de los hechos. El jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, elogió la ‘valentía y el profesionalismo’ del funcionario policial, a quien atribuyó haber actuado para ‘proteger la vida del conductor y los pasajeros del transporte’. En el mismo sentido, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, afirmó de manera inmediata que el hecho ‘está muy, muy claro’”.

Para el organismo de derechos humanos que fundó Emilio Mignone, este apoyo automático de los funcionarios políticos “busca instalar una versión sobre hechos que aún no han sido esclarecidos. Los indicios y testimonios recolectados hasta ahora muestran que el funcionario se habría comportado de forma temeraria y con una evidente falta de control en el uso de la fuerza letal. De acuerdo con los datos brindados por testigos a los medios de comunicación, Barrios habría disparado dos veces al adolescente, la segunda de ellas cuando agonizaba en el piso del colectivo. Es inadmisible que se justifique este tipo de actuación policial como parte de un programa de seguridad”.

Los funcionarios macristas, Montenegro y Burzaco, recibieron críticas del propio juez que intervino en un primer momento tras producirse el asesinato. El juez nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, Juan María Ramos Padilla, sostuvo que las declaraciones de Burzaco y Montenegro fueron “apresuradas” y afirmó que el chico de 16 años pudo haber sido “simplemente un pasajero” dejando en duda de esta manera la versión dada por el policía y avalada por los altos funcionarios PRO.

Para el CELS resulta inadmisible que “una fuerza local, de pretendida inserción comunitaria, reproduzca las peores prácticas tradicionales del resto de las instituciones de seguridad” y recuerda el asesinato cometido el pasado lunes 8 de agosto por parte del oficial de la Metropolitana Juan José Lisondo, quien baleó en la cabeza a un vecino luego de una discusión personal en el partido de Lomas de Zamora.