La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) reiteró a la Justicia Federal que está en plenas condiciones de recibir los residuos del basural a cielo abierto (BCA) de Luján a un valor absolutamente accesible y dentro del Presupuesto municipal, hasta que la comuna adecue a la ley todas sus acciones –hasta ahora irregulares- para proceder al saneamiento de ese vertedero que está ocasionando un verdadero ecocidio.

La respuesta se produjo a un oficio del juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, Secretaría de Fernanda Elizabeth Caversazzi, en la causa de la Asociación Civil Nuevo Ambiente y Otros c/ EVA S.A. y Otros.

De esta manera, el Municipio de Luján sigue sin tener excusas para acceder a una solución al gravísimo problema que implican tanto el BCA, con la continuidad del vertido de residuos domiciliarios y peligrosos (como los patogénicos), que siguen quemándose y produciendo enfermedades en la población, y la irregular remediación que se pretende con el relleno con obras cuya suspensión ha sido ordenada reiteradamente por la Justicia ante presentaciones de los vecinos de Sucre debido a las anomalías que presentan.

El juzgado solicitó información acerca de la "posibilidad técnica, logística, presupuestaria y económica determinadas ante un eventual convenio con el Municipio de Luján" sobre el depósito de basura en el predio situado en el Camino del Buen Ayre.

“Al respecto, luego de la correspondiente intervención de las áreas operativas y de contralor interno de esta Sociedad del Estado y sujeto a la elaboración del mencionado Convenio para su aprobación por el Directorio y posterior firma”, el organismo –que ya había dado una contestación positiva en agosto pasado- respondió ahora lo siguiente:

“En cuanto a lo que compete a nuestra Gerencia de Operaciones, CEAMSE se encuentra al presente con capacidad técnico-operativa suficiente para que se lleve a cabo un eventual convenio con el Municipio de Luján por el servicio de disposición final de sus Residuos Sólidos Urbanos, con similares alcances a los celebrados con otros municipios. Su ejecución podrá concretarse de manera inmediata a la aprobación por nuestro Directorio y firma del pertinente documento”.

Añadió que “se hace saber que la logística de transporte desde el lugar de generación hasta el sitio de disposición final corre por cuenta exclusiva del Municipio; al momento de ingresar al Complejo Ambiental y hasta el egreso del mismo, los vehículos deberán observar, especialmente durante la descarga y la circulación interior, las reglas operativas que serán puestas oportunamente en su conocimiento”.

Sobre las “condiciones económico-presupuestarias”, la CEAMSE precisó en esta ocasión que “nuestra Unidad de Control de Gestión informa que las tarifas a aplicar por el servicio de disposición final a municipios como el que nos ocupa, asciende al día de la fecha a la suma total de $ 5.234,53 (pesos cinco mil doscientos treinta y cuatro con cincuenta y tres centavos) IVA INCLUIDO, por cada tonelada de residuos de recolección municipal que sea recibida para su disposición en el Complejo Ambiental Norte III, con ingreso por Camino Parque del Buen Ayre y calle Debenedetti del Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, suma que, en oportunidad de actualizarse, será comunicada de forma fehaciente al Municipio”.

Ese monto deberá pagarse mensualmente y, en caso de no efectivizarse, la CEAMSE podrá –de acuerdo con una cláusula que se incluirá en el convenio, según especificó- “descontar dichas sumas de los fondos que el Municipio deba percibir en concepto de coparticipación provincial de impuestos”.

La respuesta al oficio, con fecha 26 de octubre de 2023, está firmada por el apoderado de la CEAMSE, Pablo Schmidt.

La comuna informó oportunamente a la Justicia que su Presupuesto para Recolección y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos para 2023 es de algo más de 790 millones de pesos.

La adjudicación de recolección, transporte, carga y descarga de residuos (que debería realizarse en el Complejo Norte III de la CEAMSE) del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 fue para la empresa Terminal Multipropósito por un monto total de alrededor de 250 millones de pesos anuales, según los pliegos y los decretos respectivos, pero la disposición se realiza en la llamada “zona de sacrificio”, o sea en el BCA.

Inclusive hubo llamativos planteos de actualización de costos tanto de parte de la empresa como del municipio e interpretaciones amañadas de los contratos para seguir arrojando los residuos en el BCA.

En tanto, los valores estimados por la CEAMSE para resolver un problema hasta ahora insoluble por exclusiva y arbitraria decisión del municipio ascienden a unos 520 mil pesos diarios -unos 15 millones mensuales o alrededor de 190 millones de pesos anuales- deducibles incluso de la coparticipación que recibe la comuna, tal como indicó el organismo en su respuesta a la Justicia.

Como hemos dicho entonces, el Municipio de Luján no tiene argumentos (que en rigor nunca ha tenido) para seguir eludiendo el traslado de los residuos a la CEAMSE, que ha demostrado la factibilidad de que sean depositados en su predio por un valor absolutamente accesible y dentro del presupuesto, que, como se ha visto, es lo suficientemente holgado y por qué no pasible de una pesquisa de supuesta subejecución, al estar de las cifras al menos conocidas oficialmente.

A esta altura de los acontecimientos, con varias medidas cautelares y severos estudios ambientales en contra, la administración de Leonardo Boto sigue sin margen para continuar negándose a hallar una solución más que razonable, planteada por los vecinos de Sucre, la Justicia y la CEAMSE.

Caso contrario, quedará demostrado que hay no solo la persistencia de gravísimos riesgos para la salud y el medio ambiente de Luján y la zona, sino mala fe e intenciones ocultas a través de una iniciativa con características de negociado en lugar de un proyecto sanitario para el bien de la comunidad.