Los datos surgen de un estudio de Gómez Nieto Consultores Asociados, que se dedica a hacer un seguimiento mensual de los llamados a licitación efectuados por los gobiernos nacional, provincial y municipal para el territorio bonaerense. Según esta medición, hasta agosto de este año se habían comprometido obras por $ 34.989 millones, lo que representa un 33% menos que los $ 52.080 millones licitados en igual mes de 2017.

El total de dinero comprometido hasta el momento es un 38% del registrado por la consultora para todo 2017, cuando se licitaron obras por $ 91.286 millones, un número que por otra parte resultó excepcional, siendo un 34% superior al de 2016.

En lo referente a este año, Buenos Aires no escapa al nivel general de caída, aunque en el territorio bonaerense se profundiza más que el promedio nacional. Según el informe, las licitaciones de obras en el país se redujeron un 21% en el período enero-agosto: pasaron de $ 191.293 millones en 2017 a $ 150.172 millones este año.

Con todo, la provincia gobernada por Vidal sigue al frente del ranking de obras licitadas en todo el país, seguida por San Juan ($ 30.081 millones), la Ciudad de Buenos Aires ($ 26.843 millones), Santa Fe ($ 11.026 millones) y Córdoba ($ 9.890 millones).

Un dato que preocupa

La caída del nivel general de inversiones son el reflejo de la crisis económica que atraviesa el país, y permiten predecir un “efecto dominó” en la economía bonaerense, que el año pasado estuvo sostenida por un fuerte incremento en el rubro de la construcción, impulsado por las obras públicas.

Como contó DIB la semana pasada, en 2017 el Producto Bruto Geográfico (PBG) se incrementó un 2,2%, principalmente impulsado por la construcción, que creció el 13,4% gracias a la mayor inversión real del Estado. Esto provocó un “efecto derrame” en otros rubros asociados como la minería, que creció un 9,1%.

Desandando ese camino, la caída del ritmo de obra pública impactará negativamente en la economía provincial, que por ahora tampoco encuentra sostén en la industria o el agro, los dos sectores tradicionalmente más fuertes, también castigados por la crisis y la sequía, respectivamente.

Diferencias de criterio

Para Leonardo Nieto, uno de los responsables del informe, la medición de las obras a partir de las licitaciones es la forma más concreta de conocer la inversión real del Estado en esta materia. “La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra”, señala en el informe.

Para la consultora, la licitación marca la efectiva voluntad del Gobierno de iniciar la inversión, por lo que resulta más concreta que, por ejemplo, los datos expuestos en el Presupuesto, que no siempre se cumplen.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial aseguraron que la medición “no muestra la obra pública que actualmente se está ejecutando en la calle”. Según los números oficiales, este año se encuentran en ejecución, solo con fondos provinciales, $ 30.000 millones, de los cuales $ 22.000 millones corresponden a obras licitadas e iniciadas el año pasado, que continúan éste. A eso debe sumársele otros $ 4.000 millones comprometidos con organismos multilaterales de crédito y otro monto similar de obra pública iniciada este año con fondos propios.

Esto, para el oficialismo, es un indicio de que la marcada caída de las licitaciones aún no se siente en la calle, pero a su vez apunta un dato preocupante de cara al año próximo, cuando en plena carrera electoral se haga patente la franca desaceleración en el ritmo de los trabajos.