Cautela en los comentarios y expectativas en los proyectos que llegarán a la Unicameral, es el resúmen de las repercusiones dentro y fuera de la fuerza policial luego de los anuncios realizados por el gobernador José Manuel De la Sota en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Córdoba.

Es que en su alocución el mandatario provincial adelantó sendos cambios en la fuerza, luego de un año en que estuvo golpeada por el “narcoescándalo”, que se disparó en setiembre pasado, y el autocuartelamiento por reclamo salarial de diciembre último, que puso en jaque los lazos de confianza con el ciudadano común, y una profunda crisis al gobierno provincial.

La creación de la Fuerza Policial Antinarcótico (FPA), un grupo de élite preparado para luchar contra el mundo de la droga ; una ley antimotines, para evitar la crisis social del último mes del año pasado ; y la puesta en marcha de un Consejo de Bienestar Policial al mismo tiempo que sendas modificaciones al Código de Faltas, principalmente sobre la figura del “merodeo”, parecieran ser un menú de medidas tendientes a retomar la paz social de los cordobeses, pero también en el objetivo principal de la gestión delasotista, buscar la profesionalización de la Policía.

Objetivo profesionalización

Siguiendo la línea de la ex ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y en parte lo que proponía en sus primeros tiempos Alejo Paredes, el objetivo del anuncio de la FPA es la búsqueda de una fuerza policial más profesional, como en otrora lo fue con la creación de la Policía Judicial, uno de los primeros equipos especializados en el país en la investigación criminal.

La FPA -en Colombia casualmente hay un grupo élite de estas caractarísticas- dependerá directamente de la Fiscalía General de la Provincia, hoy acéfala en su principal cargo por lo que sería inminente algún nombramiento, junto con la reforma del organismo que contaría con mayor poder.

El grupo antinarco contaría con 200 hombres, que serán seleccionados estrictamente, al igual que el primer y segundo de la repartición.

Para la investigadora del Conicet, especialista en Políticas de Seguridad Pública, Valeria Plaza, «la creación de otra fuerza no resuelve el problema de fondo».

Agregó que «es necesario una reforma estructural de la Policía», ya que con esta creación sólo «se subestima el principal problema», que es la complicidad de elementos de la fuerza con el mundo delictivo, como se investiga por ejemplo en el caso de los “narcopolicías”.

Pero para una policía más profesionalizada, es necesario conocer los problemas, por lo que se proyecta crear un Consejo de Bienestar Policial, para evitar autocuartelamientos. En ese sentido, también se estudiará un proyecto de ley Antimontines, que sancionará con expulsiones a quienes se insubordinen ante la autoridad política.

Dudas sobre el Código

Sobre el anuncio sobre el Código de Faltas, Plaza dijo a LA MAÑANA que no evitará que sigan las detenciones arbitrarias. De la Sota indicó que tras la reforma, las aprehensiones por “merodeo” se realizarán tras la denuncia de los vecinos y no sólo por el simple observar de la policía.

«Es un avance pero no alcanza», sentenció la especialista.