El exgobernador Daniel Scioli enfrenta dos procesos penales en la Provincia de Buenos Aires: uno por enriquecimiento ilícito y otro por lavado de activos y corrupción, en el que están incluidos varios de sus exfuncionarios. Pero algunos de los denunciantes consideran que sería mucho más transparente que tome las riendas de las investigaciones el fuero federal.

Es que hay preocupación sobre posibles presiones de distintos sectores políticos en la órbita judicial bonaerense, donde a pesar de que las causas avanzan, se vislumbran demoras al parecer injustificadas.

Para el abogado platense Marcelo Peña, que radicó la denuncia de enriquecimiento ilícito de Scioli, “las causas contra el exgobernador se deben tramitar en conjunto en el fuero federal, además de que actúe el fuero penal económico”.

En la actualidad la causa por enriquecimiento ilícito de Scioli está en la Sala I de Casación Penal Bonaerense, en manos del juez Daniel Cabral, quien debe definir el pedido de nulidad del polémico sobreseimiento dictaminado en forma rápida por el juez de Garantías platense, Pablo Reale.

Como se recordará, ese sobreseimiento no fue apelado por el fiscal de Delitos Complejos Jorge Paolini, en otra sospechosa actitud. Y en los Tribunales era un secreto a voces que en la resolución del juez y del fiscal habrían influido las operaciones del entonces ministro de Justicia,Ricardo Casal. Ante esta situación, Peña interpuso un recurso ante Casación bonaerense para que se revea la investigación por las irregularidades que detectó y los integrantes de la Sala I de esa instancia trasladaron la causa al fiscal Carlos Altuve.

En este marco, Altuve, emitió un dictamen a principio de agosto pasado aconsejando que se profundice la investigación. Ahora falta que se expida la sala 1 del Tribunal de Casación, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana, donde recayó el expediente.

Si se reabre o no la causa sigue siendo un misterio cuando ya pasaron dos meses. Trascendió que si no hay unanimidad entre los dos magistrados, el juez que definirá el cuestionamiento será Víctor Violini.

Si Casación ratifica el pedido del letrado Peña, todo el proceso volvería a fojas cero, previo a un traslado del expediente al abogado denunciante, el que en una audiencia oral tendrá que exponer los motivos por los cuales el proceso tiene que ser trunco. Y luego sí, la investigación de enriquecimiento ilícito de Scioli comenzaría de nuevo en otra UFI, no en la de Delitos Complejos de Jorge Paolini, ni con el juez de Garantías Pablo Reale.

Corrupción y estafa al Estado

Otra de las causas que podría ser absorbida en el fuero federal es la que encabeza el fiscal platense Álvaro Garganta, quien investiga una presunta maniobra destinada a “encubrir gastos” que eran autorizados por exfuncionarios de Daniel Scioli, como el exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires Alberto Pérez, y que supondrían irregularidades por aproximadamente 17 millones de pesos erogados entre 2014 y 2015.

El titular de la UFI 11 de La Plata, investiga “la línea de pagos en efectivo” durante la última gestión del gobierno de Scioli. Esos pagos podrían superar los 20.000 millones de pesos. Pero en esa investigación preliminar aclaró que no hay funcionarios procesados ni convocados a indagatoria por delitos ya comprobados.

Una de las ramificaciones de la denuncia son las maniobras que se iniciaban con gastos que eran aprobados “sin la más mínima revisión por el contador general de la Provincia durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador”. 

Luego el expediente ingresaba, 16 meses después del cierre del año en que se gastaba, al Tribunal de Cuentas, que lo analizaba en el marco de una auditoría de gestión.

Durante ese procedimiento, el trámite era “observado y cuestionado”, en tanto que los firmantes recibían “multas y les exigían rendiciones con documentación respaldatoria”. 

No obstante, en una tercera etapa “el expediente era subsanado y limpiado por los auditores jefes, quienes lo remitían a la vocalía, máxima instancia de Tribunal de Cuentas”.

El fiscal Garganta cree que esta maniobra consistió no solo “en subsanar y limpiar observaciones y multas, sino también presionar a los auditores para que modificaran sus dictámenes”.

En ese sentido, el fiscal apunta a dos asesores del Tribunal de Cuentas: Gonzalo Permui y Carlos Lunghi, quienes ahora son investigados. 

En tanto que las pesquisas que dirige Garganta incluyen también al exfuncionario de la Jefatura de Gabinete Walter Carbone, quien firmaba las facturas y cuya mansión en el country Abril resultó allanada en el marco de un procedimiento que incluyó el secuestro de una escultura que representaba un dragón alado que en su interior contenía una caja fuerte.

Un exponencial crecimiento económico

El excandidato a presidente de la nación por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en menos de una década y siendo gobernador bonaerense se enriqueció a la velocidad de la luz: de declarar un patrimonio negativo de $ 45.273 en 2005, pasó a informar $ 13,6 millones en 2014, en lo que fue la primera declaración jurada que difundió en ocho años de gestión.

Sin embargo, sin ordenar un peritaje contable, ni una valuación de los bienes, ni convocar a Karina Rabolini, ni a su hija Lorena, ni analizar a su entorno o la verdad material de sus declaraciones juradas, la Justicia ordinaria lo dejó libre de culpa y cargo. Ya en febrero pasado, diario Hoyhabía adelantado sobre la inminencia de este posible revés judicial para Scioli y el propio denunciante, el abogado Marcelo Peña le dijo a nuestro diario que “la denuncia no fue bien investigada, se mantuvo oculta y para colmo en el resolutorio se incluyeron períodos fiscales que no se condicen con lo que estaba contemplado en la demanda”.

Los valores de los bienes del exgobernador Daniel Scioli no cerraban por ningún lado, por ejemplo, consignó una lancha de 1.200 pesos, un auto del 1998 y una propiedad (Villa La Ñata, en Tigre) que debería costar no menos de 10 millones de dólares pero apareció como valuada en menos de 2,5 millones de pesos.