La administración de María Eugenia Vidal centró buena parte de sus esfuerzos en dar una imagen de transparencia y honestidad que puede venirse abajo si prosperan una serie de causas, de distintos fueros, que la tienen en la mira, junto a sus principales funcionarios.

Incluso aquellas acusaciones e investigaciones que perdieron peso en la agenda y parecieron diluirse en los pasillos de la Justicia tienen, como los salarios de los trabajadores públicos, “cláusulas gatillo” que pueden reactivarlas en cualquier momento. Especialmente ahora que tanto Macri como la Gobernadora no se sientan en sillones ejecutivos.

Aportantes truchos

La más conocida de las causas es la que tiene que ver con los “aportantes truchos” de Cambiemos. En 2017 y 2018 surgieron denuncias respecto de los supuestos aportes “voluntarios” de ciudadanos beneficiarios de planes sociales que, por sus características socioeconómicas, difícilmente podrían haber hecho aportes a las campañas de Cambiemos.

Se comprobó que al menos 500 personas figuraban como aportantes a la campaña de Cambiemos, con montos de entre 300 y 1.500 pesos. Figuraban, además, como afiliados al PRO, pero lo desconocían.

Por eso se radicaron denuncias en los tribunales federales de La Plata, en las que se apuntó directamente al rol de María Eugenia Vidal en tanto presidenta del PRO. Los delitos que se atribuyeron a la Gobernadora son de índole penal: “Usurpación de identidad, Falsificación de documentos, Lavado de activos y Violación de Secretos y Privacidad”.

El furioso lobby de Cambiemos impidió, sin embargo, que la investigación tramitara en ese fuero. Así terminó en el fuero electoral, más precisamente en manos del juez Adolfo Gabino Ziulu. El magistrado no se expidió aún, aunque la ley es bastante clara: a Vidal y a María Fernanda Inza, tesorera del partido, les correspondería la inhabilitación de hasta 10 años para ejercer cargos públicos.

Inza fue imputada por la Justicia Federal y Vidal la echó de la Contaduría General de la Provincia, cargo en que la había designado luego de tenerla como su “mano derecha” en la secretaría legal y técnica. Vidal salió ilesa.

La posibilidad de que la investigación vuelva al fuero penal no está descartada. De hecho, la Cámara Nacional Electoral, al definir la cuestión de competencias que se planteó entre los jueces federales Kreplak y Ziulu, dictaminó que el traslado al fuero electoral “no supone privar de respuesta penal a los eventuales damnificados por delitos asociados a las irregularidades o ilícitos”.

Es decir que si Ziulu encuentra motivos para devolver el expediente a Kreplak, una vez que haya resueto la trama puramente electoral, debería hacerlo, a riesgo de ser él mismo denunciado por el mal desempeño de sus funciones.

El inflador de precios de Educación

El de los aportantes truchos fue la más ruidosa pero no la más escandalosa de las denuncias que salpicaron a Vidal. Hubo también una denuncia por corrupción contra Mateo Nicholson, funcionario de alto rango de la Dirección General de Cultura y Educación, cartera que comanda Gabriel Sánchez Zinny, por “inflar” los presupuestos destinados a la licitación de obras.

Un audio filtrado fue la punta del iceberg: “Ahí me acaban de llamar que hay una reunión con María Eugenia (Vidal) el miércoles. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas, que yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan”, dijo a sus subordinados.

Vidal, como en el caso de Inza, hizo renunciar a Nicholson, quien recibió a la par la protección del  Jefe de los Fiscales, Julio Conte Grand, para evitar el avance de las denuncias penales que promovió la oposición. Insólitamente, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo desestimó la denuncia sin tomar una sola medida de prueba.

Podría no ser el punto final del escándalo. Según pudo saber INFOCIELO, en las últimas semanas, cuando se conoció que Vidal no obtenía su reelección, aparecieron funcionarios de carrera dispuestos a dar testimonios sobre los manejos de Nicholson y otros que se desempeñan dentro de Educación.

Una tercerización irregular y sospechosa en IOMA

La Obra Social de los de los empleados públicos de la Provincia atraviesa un momento de extrema debilidad financiera. Es el fruto de una comunión de factores donde conviven la mala praxis en la administración, y el incremento de los costos operativos de la cobertura médica que cabalga al ritmo de la devaluación.

En ese contexto, fueron incesantes, a lo largo de los últimos dos años, los reclamos de las entidades que nuclean a los profesionales de la salud y a las clínicas privadas, por diferencias en la cotización de los tratamientos y la falta de liquidación de las coberturas.

En ese marco, IOMA suscribió un convenio con una empresa privada para la “tercerización” de un trabajo para el que la obra social tiene sobrados recursos humanos por una cifra millonaria que se calcula por encima de los $16.500 millones.

En la Legislatura, un pedido de informes de la senadora Teresa García expuso la maniobra, con base en cuestiones que podrían resultar complicadas de explicar en la Justicia para la administración de Vidal:

El convenio se suscribió pese a que sobre el mismo existía una explícita demanda por parte de Fiscalía de Estado para que previo a la firma se salven objeciones razonables sobre la necesidad de avanzar en su puesta en marcha.La aprobación por parte del directorio no está exenta de sospechas: Uno de los representantes del Ejecutivo en el Directorio de la entidad se abstuvo de aprobarlo. De seis integrantes, el convenio objetado obtuvo dos votos en contra y tuvo dos abstenciones, y cosechó dos votos afirmativos. La definición del pleito administrativo se saldó con una maniobra que alimenta las sospechas: para concretarlo, se recurrió al “voto doble” del Presidente de la Entidad. Un procedimiento que aunque legal, no registra antecedentes en la Obra Social de los empleados públicos de la Provincia: ¿Por qué si era tan necesario y acorde a derecho 4 de los 6 integrantes del Directorio habrían de rechazar –en forma explícita o con su abstención- la ejecución del acuerdo.

El pedido de informes presentado en el Senado de la Provincia fue rechazado por el oficialismo. Esa decisión impidió que el titular del IOMA fuera al recinto a dar explicaciones.

En el medio, Tesorería y Contaduría de la Provincia habían informado que la suscripción de los convenios de este tipo “eran facultad” del Presidente de la entidad, con una aclaración que no parece marginal: siempre que se cumpliera con los requerimientos en forma de objeciones que había elevado la Fiscalía de Estado, cuestión que nunca se saldó.

La oposición –que será oficialismo desde el 10 de diciembre próximo- quiere saber quién está detrás de Conexia S.A. la empresa que ganó en trámite no exento de sospechas y con todas esas irregularidades administrativas, la prestación de un servicio que podrían haber ejecutado el personal de planta de la obra social.

¿Espionaje a opositores en la Provincia?

Durante la gestión de María Eugenia Vidal se instalaron “Unidades” de la Agencia Federal de Investigaciones en territorio bonaerense. El dato no puede soslayar el contexto: en la administración de Cambiemos está probada la participación de agentes de la ex SIDE realizando tareas de espionaje ilegal en la mayoría de los casos a dirigentes políticos opositores, y miembros del Poder Judicial. Existen sospechas incluso de que husmearon a periodistas.

La sospecha que podría terminar en tribunales tiene un origen previo al acto de acechar opositores. La oposición quiere saber quién autorizó la instalación de “sucursales” de la AFI en lugares estratégicos de la Provincia desde donde podía acecharse a dirigentes opositores.

Se estima en más de 70 los agentes que fueron ‘infiltrados’ en distritos de la Provincia por la Agencia Federal de Investigaciones. La AFI reclutó cuadros incorporando incluso a personal policial exonerado de la Policía Bonaerense. Respondían a la gestión del amigo del Presidente, su inquilino Gustavo Arribas, y a Silvia Majdalani. Había además retirados del ejército.

Desde la Provincia aseguran que el despliegue se desactivó luego del cruce entre la administración de María Eugenia Vidal y el Gobierno Nacional de su mismo color político. En La Plata la versión oficial victimizó a la mandataria. Pero en la oposición aseguran que lejos de tener a su administración como objetivo, el plan era perseguir a dirigentes de la oposición peronista.

Las “unidades” se distribuyeron en puntos estratégicos. Se instalaron en distritos gobernadro también por oficialistas, pero la sospecha no apunta tanto a la radicación de las unidades, sino al foco de sus investigaciones. Entre otros distritos, se supo, hubo espías haciendo trabajos que se presumen ilegales en La Plata; Quilmes; Ezeiza; La Matanza y Morón. Incluso habrían desembarcado en Mar del Plata y en Bahía Blanca.

El espionaje ilegal con origen político, que apunta a jueces es otro punto sobre los que Vidal podría verse obligada a dar explicaciones.

Las obras fantasma del ministerio de Infraestructura

Pocos días antes de las últimas elecciones generales, se dio un hecho inédito en la historia de la Provincia: el presidente de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari, denunció un posible caso de corrupción dentro del ministerio de Infraestructura, en una serie de obras que esa cartera ejecutaba para el Poder Judicial, y que se pagaron a pesar de no haber avanzado.

“Corrobora (la Suprema Corte) que el Ministerio de Infraestructura Provincial (comitente de la Suprema Corte) se pagaron con certificado obras que que no se realizaron”, se lee en el expediente, que enumera varios casos, entre ellos la construcción del complejo del Edificio Fuero de Familia, que se certificó en su totalidad por 11.738.945 pesos a pesar de que “las tareas no se encuentran ejecutadas”.

Los peritos de la corte detectaron un “modus operandi”: “las observaciones referidas a obras complementarias son las más frecuentes y las de mayor valor, y que por sus características serían aquellas que podrían resultar pasibles de acopio”, informaron a De Lázzari. Señalaron, por ejemplo, juntas de dilatación por las que se pagaron más de 7 millones de pesos y que brillan por su ausencia.

La respuesta del ministro Roberto Gigante dejó mucho que desear: pidió informes a su segundo, Guillermo Cristóbal, un hombre del círculo íntimo del Ministro, con larga trayectoria en constructoras privadas de gran porte, pero aclaró que no se hacía cargo de la respuesta. Ese funcionario fue señalado por el párroco de la localidad de Benito Juárez por un caso de sobreprecios en trabajos de restauración de la iglesia local.

Tanto por las obras de la Suprema Corte, como por la restauración de la iglesia de Benito Juárez, hay denuncias penales en curso