El ex presidente Mauricio Macri viajó a Europa en medio de la pandemia y justo cuando las causas judiciales en su contra lo complican cada vez más. Según hizo trascender por los medios hegemónicos, tiene previsto regresar a la Argentina alrededor del 8 de septiembre. La incógnita que se abre es si volverá al país en caso de que en el próximo mes las investigaciones que lo incumben avancen aún más.

Un breve repaso por los expedientes que lo involucran y el estado de los procesos explican la preocupación del ex mandatario.

Espionaje ilegal

En la justicia federal de Lomas de Zamora avanza una investigación por espionaje ilegal que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri. Esta pesquisa se divide en dos partes, una chica donde se aborda el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria y otra más grande que tiene por víctimas a la actual vicepresidenta pero también a dirigentes del entonces oficialismo como Horacio Rodríguez Larreta, a sindicalistas, empresarios y hasta al cuñado del ex presidente.

En la causa “chica”, donde se investigan tareas de inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria y el departamento de CFK, el pasado 4 de agosto fueron procesados los ex titulares de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El juez Juan Pablo Augé consideró que ambos ordenaron el espionaje y luego crearon toda una cobertura “legal” para esconder sus maniobras. Es difícil creer que Arribas, íntimo amigo de Macri, actuó por la libre. Sin ir más lejos, este caso se abrió por la denuncia de la interventora de la agencia, Cristina Caamaño, quien pidió que también se avance contra Macri. ¿El motivo? Que entre Arribas y Macri no hay intermediarios, el jefe de los espías depende directo del Presidente.

El nombre del expresidente se repite con más fuerza aún en la causa “grande”. En ese expediente se imputó a Susana Martinengo, quien estaba a cargo del área de Documentación Presidencial y tenía despacho en la Casa Rosada. Y se allanó al secretario privado de Macri, Darío Nieto, a quien se le secuestró el celular. De una extracción de datos de ese teléfono surgieron datos que pueden complicar aún más al exmandatario.

Peajes

Antes de jubilarse, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los exministros de Transporte y Hacienda de Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, respectivamente, en el marco de la “causa Peajes”, donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado con la empresa Abertis, hoy Atlantia, en la renovación de las concesiones de los peajes de Acceso Norte y Oeste. Canicoba Corral procesó en el mismo expediente al exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. A los últimos dos y a Dietrich se les achaca la defraudación contra la administración pública. A Dujovne se le adjudica el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Tal como reveló El Destape, es una estafa al Estado que supera los 1.000 millones de dólares.

Este caso se inició luego de que un grupo de diputados nacionales denunciara penalmente a Macri por el negociado de los peajes. Según la denuncia, tres días antes de que Macri asumiera la presidencia, AUSOL -a través de su controlante española Albertis- hizo una demanda contra el Estado ante el CIADI por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios, con el que buscaba disparar la renegociación del contrato de la concesión. Algo que finalmente logró. El planteo ante el CIADI -cuando las vías legales no estaban agotadas en la Argentina- funcionó como engranaje para que el gobierno le diera todo tipo de beneficios a la concesionaria del Acceso Norte. El Grupo Macri fue socio en esa firma durante la renegociación del contrato y vendió sus acciones antes de que se concretaran los beneficios.

AUSOL reclamaba una compensación del Estado por el atraso en sus tarifas desde el 2002 (hasta esa fecha estaban dolarizadas por la convertibilidad), algo que el gobierno macrista avaló. De acuerdo a los denunciantes y tal como se desprende de los balances de la firma, la compensación ascendió a 746 millones de dólares. Pero no se realizó ningún estudio técnico para determinar ese monto. ¿De dónde surgió el número que Macri le reconoció a su exsocio?

Por eso, los legisladores nacionales no solo denunciaron a Macri e incluyeron en la acusación a Dietrich e Iguacel, quienes dispusieron llegar a un arreglo sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero que se lo habilitase. Para los denunciantes se trató de “un despojo al patrimonio público”.

También está siendo investigada la propia AUSOL que se benefició con la extensión del contrato a 2030, el aumento de tarifas y el levantamiento de multas, entre otras medidas.

Ante este estado de situación, una pregunta se hace inevitable: ¿Por qué los ministros llevaron adelante esta maniobra? ¿Quién era el principal beneficiario?

El Correogate

El juez federal Ariel Lijo investiga si el propio expresidente y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo intentó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal. Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos.

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La historia se remonta a fines de la década del 90. El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió el contrato. La empresa (Correo Argentino S.A) sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año por lo que al 2001 la deuda del Correo con el Estado ya ascendía a 296 millones pesos/dólares (entonces regía la convertibilidad). Aquel mismo año, la empresa entró en concurso de acreedores que lleva más de 18 años.

Entre 2003 y 2015 el Correo Argentino S.A realizó propuestas irrisorias que fueron rechazadas por los representantes del Estado nacional, que es el acreedor mayoritario. Una vez que Macri llegó a la Casa Rosada, las negociaciones se aceleraron. Así fue que el gobierno de Macri aceptó una oferta de su propia familia que implicaba la condonación del 98,82% de la deuda.

Entonces apareció la fiscala general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien rechazó la propuesta por “abusiva”. El caso se hizo público en febrero de 2017 y fue tal el escándalo que se abrió una causa penal para investigar cómo se dieron las negociaciones. Macri tuvo que desandar los pasos que había dado. Y en las últimas horas la empresa de los Macri quedó ya a un paso de la quiebra, tal como informó El Destape.

Este jueves, la fiscala Boquín relató en el Congreso, ante la Comisión de Fiscalización del Ministerio Público, todas las presiones que sufrió –y sigue sufriendo- en el marco de este caso. Por ejemplo, relató que tenía una empleada “infiel” que le filtraba información del caso al diputado del PRO y consejero de la magistratura, Pablo Tonelli. ¿Quién es Tonelli? Una de las espadas judiciales de Macri, quien además fue abogado y apoderado de Correo Argentino y se llevó más de 4 millones de pesos de la empresa durante su vaciamiento.

El funcionario de mayor rango que más complicado está hasta ahora en el expediente penal es el exministro de Comunicaciones y extitular de Defensa, Oscar Aguad, que fue uno de los que llevó adelante el acuerdo con la empresa.

Mauricio Macri está imputado pero aún no fue citado. El juez Lijo es un hábil negociador de Comodoro Py.

La denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa

Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK. El caso lo investiga la inoxidable jueza María Servini quien ordenó analizar las comunicaciones del ex presidente (se trata de un entrecruzamiento de llamadas).

Este viernes, la Cámara Federal porteña –la instancia revisora de Comodoro Py que copó el macrismo- le brindó un salvavidas a Macri al revocar la decisión de Servini de peritar los teléfonos. En términos estrictos, la cámara con los votos de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia resolvió que las llamadas sean peritadas, pero de forma más acotada que la que pretendía Servini.

La jueza había ordenado un estudio que se ampliaba entre enero de 2016 y agosto de 2019 e incluía entrecruzamientos de contactos de Macri con varios miembros del gobierno y empresarios. La decisión de la cámara provocó la reacción de CFK. La vicepresidenta consideró que Irurzun y Bruglia con esta decisión “acaban de consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri”.

En este expediente se investiga el accionar de varios integrantes de la Mesa Judicial PRO como Fabián “Pepin” Rodríguez Simón.

Parques Eólicos

Otra causa que incomoda al expresidente se inició hace dos años. En enero de 2018 se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con una serie de parques eólicos.

La historia es así: el ministerio de Energía licitaba contratos de venta de energía renovable por 20 años, en dólares. En 2016, se presentó la empresa española Isolux, que estaba quebrada pero aún así ganó varios contratos. Lejos de desarrollarlos los terminó vendiendo. ¿Y a quién? Al Grupo Macri, que pagó 25 millones de dólares. Isolux y el Grupo Macri se entrecruzan en más de un negocio.

El Grupo Macri, después de algunas medidas del Estado que hicieron más rentable el negocio, terminó vendiendo ese paquete de contratos a dos empresas, por un total de 73 millones de dólares. Es decir, como sostienen los denunciantes, se hizo “un pasa manos” en apenas 6 meses por una importante diferencia económica.

Por esa operatoria, Macri y distintos funcionarios nacionales fueron señalados en 2018 de favorecer de "manera ilegal" al grupo empresario de la famiglia presidencial en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos.

Vicentín

Otro caso que se abrió este año y puede complicar al expresidente es el de Vicentín. Durante la gestión de Javier González Fraga como presidente del Banco Nación, Vicentín recibió un préstamo de 18.700 millones de pesos. La empresa no saldó esa deuda y se declaró en default el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción de Alberto Fernández. La firma agroexportadora fue uno de los principales aportantes privados a la campaña de Cambiemos de 2019, con 13,5 millones de pesos.

Una serie de mensajes que se desprenden de la extracción de datos del celular de Darío Nieto, el secretario privado de Macri, en el caso de espionaje podría complicar al exmandatario en esta causa. De hecho, el fiscal federal Gerardo Pollicita que investiga las supuestas irregularidades en los otorgamientos de millonarios del Banco de la Nación a Vicentín ya mostró su interés en esos mensajes.

Tal como publicó C5N, Nieto tenía en su bloc de notas la copia de un mensaje, que decía: "Hablá con Martín Mura por préstamo a Sergio Nardelli por 10 palos. Que no lo lleven al directorio ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera". Mura es el ministro de Economía de la Ciudad y Nardelli, director de Vicentín.