Era el 11 de diciembre de 2015. Los vecinos y miembros del Honorable Concejo Deliberante se habían congregado en la la plaza 12 de Octubre para presenciar el juramento del nuevo intendente de Pilar, Nicolás Ducoté. El hombre de Cambiemos, el espacio político que llevó a la presidencia de la Nación a Mauricio Macri, y a la gobernación bonaerense a María Eugenia Vidal, había vencido en las urnas al peronista Humberto Zúccaro tras 12 años de poder. Frente a la multitud dijo: “Voy a crear una oficina de transparencia y anticorrupción". “La educación pública es un valor que nos une”, agregó y pidió que “se animen a soñar con un Pilar desarrollado y sustentable”. Duró tan solo un período de mandato, al igual que sus jefes políticos. En ese breve lapso acumuló 12 causas penales que en este momento tramitan en los juzgados federales y provinciales. La municipalidad fue allanada 16 veces por presuntos actos de corrupción y presunta malversación de caudales públicos que se siguen investigando; fue denunciado por el mal estado de las escuelas y distribuir alimentos en mal estado destinados a los alumnos más vulnerables del distrito y hasta una auditoría de la actual gestión, a cargo de Federico Achával (Frente de Todos), determinó que el político que venía a renovar una forma de gestionar nombró el año pasado, es decir antes de irse, a 1.333 nuevos empleados, lo que significó un aumento en el 58% de la plantilla y una erogación mensual de 134 millones de pesos, dinero que no estaba previsto y mucho menos ahora con la caída en la recaudación de impuestos, producto del parate económico por el COVID-19.

Entre esos nombramientos políticos figuran desde su ex secretaria privada hasta una ex candidata a concejal por la lista de Juntos por el Cambio y ex directores de su gestión.

Pianta votos

Otra investigación interna a la que accedió Infobae está enfocada en irregularidades en el otorgamiento de microcréditos otorgados durante la última campaña electoral para una presunta “compra de votos”. La pesquisa hace foco sobre las cuentas, movimientos y contrataciones del organismo creado para tal fin y que fue denominado empresa estatal de Vivienda y Hábitat de Pilar (SAPEM).

La auditoría se realizará en paralelo a la causa judicial que se sigue en el Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay y que tiene a varios ex funcionarios municipales en la mira.

Según las constancias que obran en el expediente, Ducoté, a través de la Ordenanza N° 521/17 y del posterior decreto 138/18, facultó al ejecutivo municipal a realizar modificaciones sobre el programa de microcréditos a fin de que este pudiera ser directamente administrado y ejecutado por la SAPEM. Por esa causa el magistrado ordenó 16 allanamientos cuyos resultados aún están en proceso.

La tramitación de la causa apunta al programa municipal Mejor Hogar, que arrancó durante la campaña electoral 2017, quedó prácticamente congelado en 2018 y se reactivó, una vez más, en 2019, con la última campaña electoral.

Según las pesquisas de González Charvay, durante la campaña de 2017 el intendente firmó un convenio con el gobierno nacional, en el que a través del Ministerio del Interior, por entonces al frente de Rogelio Frierio, comenzó a recibir fondos del Estado para la entrega de créditos de menor cuantía para los vecinos más necesitados que necesitaban realizar pequeños arreglos en sus viviendas.

Con ese objetivo, el intendente creó la empresa SAPEM, a la cual alimentó con los fondos que recibía del gobierno de Macri. La oposición local, encabezada por Achával, denunció que lo que parecía una obra loable tenía como principal objetivo la “compra de votos”. En la causa e incorporaron audios -después viralizados- en los cuales se lo escucha o al propio intendente, o a sus punteros políticos asegurar a los vecinos más humildes que se les entregarán elementos como chapas o artículos de corralón, electrodomésticos, o bien de microcréditos, “a cambio de seguir a Ducoté” o bien, directamente, a cambio de “votar por el actual intendente Nicolas Ducoté”.

En uno de esos audios -identificado en la causa como el número 1- una mujer, llamada Giselle, ofrece colchones, frazadas, materiales de corralón, registro de conducir y todo tipo de ayuda. También “microcréditos” para realizar pequeñas refacciones en las viviendas más postergadas del distrito.

En el audio, Giselle aclara que para obtener dichos beneficios deberán informar sus datos personales, barrios donde vive y un número de teléfono a donde la van a llamar.

En el audio número 4 un supuesto empleado de la entonces administración de la Municipalidad de Pilar, en un extenso diálogo, le ofrece a una mujer de muy bajo recursos un crédito sin intereses a cambio de que vote al intendente de Cambiemos.

En el primer cuerpo del expediente se sostiene que "se trataba de un perverso sistema corrupto ya que una parte de los fondos destinados a microcréditos jamás llegaron a sus beneficiarios”.

De allí la acusación por “defraudación de uso de fondos del Estado nacional”.

A raíz de la difusión de esos audios, el Frente de Todos hizo una presentación en los tribunales de Comodoro Py y la Justicia Federal le prohibió a Ducoté el uso de fondos destinados a subsidios. La medida fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 con Competencia Electoral, a cargo de María Romilda Servini de Cubría.

Desde el despacho de la magistrada, no solo se confirmó el hecho, sino que se recordó que se dio lugar a una medida cautelar a través de la cual se dispuso “una orden de restricción para que Nicolás Ducoté y su Jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone se abstengan de disponer de los fondos de la Tesorería del Municipio” destinados a cinco programas de entregas de subsidios, como “Programa para Niños Escolarizados”, cuyos decretos de formación habrían estado destinados a la entrega de subsidios poniendo como condición que lo voten.

Con los resultados ya conocidos se puede asegurar que la maniobra, si existió, no resulto. Achával, el candidato de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, se impuso en las urnas por unos 4.000 votos.

Otros tiempos. El intendente de Pilar junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. Llegaron al poder prometiendo luchar contra la corrupción. Hoy Nicolás Ducoté tiene en trámite 12 causas judiciales.

De las 12 causas que involucran a Ducoté hay varias que sobresalen, la de los microcréditos es una de ellas, pero no la única. Fueron estas complicaciones judiciales las que terminaron de enrarecer el futuro político del ex subsecretario de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Infobae pudo establecer que su apellido figura -o figuraba- en dos nóminas importantes y que tomaron impulso con las últimas apariciones públicas de Vidal. Cómo candidato a senador provincial por la primera sección electoral, la segunda en importancia después de la tercera sección electoral, y que elegirá en 2021 a ocho representantes para la Cámara Alta; o/y aspirante a ocupar uno de los cargos en el directorio del Banco Provincia.

Una fuente inobjetable de esa entidad le confirmó a Infobae que en el directorio del banco oficial faltan nombrar cuatro directores ya que hasta ahora fueron designados cinco de los nueve. De esa totalidad, Cambiemos, o el PRO reclama tres de las cuatro cargos posibles. Sin embargo, la administración del gobernador Axel Kicillof solo le quiere dar dos lugares.

Mientras esta pelea interna avanza, Ducoté le asegura a quien quiere escucharlo: “Lo mío en El Provincia ya está cerrado”.

Sin embargo hay quienes -dentro del su mismo espacio político- no están tan seguros. Hay otros nombres en juego, y dado que no pudo ni siquiera contener el paso de varios de sus concejales a la bancada del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de Pilar; y de las causas judiciales que lo apremian, su nombre y apellido perdió fuerza.

La reanudación de la actividad plena de los tribunales serán claves para determinar si Ducoté será llamado a indagatoria y eventualmente procesado en varios de esos expedientes que siguen abiertos y acumulando pruebas.

La Minicipalidad de Pilar fue allanada 16 veces por investigaciones abiertas y que tienen que ver con casos de presunta corrupción.

Otros expedientes explosivos

Según pudo relevar Infobae de fuentes judiciales, hay varias causas judiciales que tienen significativos avances y en las que podría ser llamado a declaración indagatoria, paso imprescindible para decidir si se lo procesa o no.

“Basurales”. En abril de 2019 el concejal Gabriel Lagomarsino denunció al alcalde de entonces por el presunto incumplimiento de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Según el expediente que tramita en el juzgado federal de Zárate-Campana, uno de los basurales utilizados por el Municipio, ubicado en el barrio Pellegrini, y que funcionaba en el predio de las instalaciones de la entonces fábrica Anilinas Argentinas, contamina los afluentes de agua del Arroyo Burgos, que desemboca en el Río Luján. Además de eso, fotos que pueblan la causa, demuestran que de manera ilegal, se realizó una cava de más de 10 metros de profundidad para arrojar residuos. Por el dinamismo de las actuaciones judiciales, al menos otros dos basurales, de características similares fueron clausurados.

En el primer cuerpo del expediente se afirma: “El acuífero Puelche cruza esa zona, a unos 30 metros de profundidad, por lo cual quedaría a menos de 20 metros de la contaminación, no teniendo así la filtración necesaria y pudiendo ser contaminado por los residuos que allí se arrojan. Lo que ocurre en Anilinas Argentinas difiere de lo que los miembros y funcionarios del municipio sostienen en público. En los fondos de la ex fábrica de anilinas llega un brazo de río que está siendo rellenado por ramas y basura, afectando humedales y contaminando las napas".

La presentación judicial fue realizada desde su propio riñón. Lagomarsino abrevó en el espacio de Cambiemos hasta abril de 2019. Sus desavenencias con Ducoté hicieron que dejara el bloque oficialista y formara el propio. Lagomarsino, durante los primeros tres años de la administración de Ducoté, fue el subsecretario de Participación Ciudadana.

El intendente de Pilar, Federico Achaval, inició un sumario interno para dejar constancias de las irregularidades que habría cometido su antecesor, Nicolás Ducoté.

Entre la docena de causas que se tramitan tanto en el fuero federal como provincial también se destacan:

“Papelera”. A mediados de 2019, la Organización No Gubernamental Ambientalistas Autoconvocados de Pilar denunció a presunta connivencia entre la administración Ducoté y una papelera que funciona en el Parque Industrial del distrito para que se suspendan las inspecciones que se le realizaban a la planta y que llevó, por ejemplo en el año 2012, a que se la clausure por contaminar el medio ambiente. Según los aportes que se realizaron en el expediente, los controles se dejaron de realizar después que los dueños de la empresa aportaran fondos para la construcción del edificio de la nueva maternidad. En la denuncia se reclama que se investigue la comisión de delitos ambientales por parte de la firma. Y extiende las sospechas sobre los funcionarios que tienen la obligación de ejercer los controles.

La causa está en pleno proceso y se está a la espera de los resultados sobre el impacto ambiental que la empresa podría estar realizando a sabiendas de los ex funcionarios municipales.

La nueva maternidad fue inaugurada de apuro por Ducoté en diciembre de 2019, justo antes de las elecciones que perdió con Achával. Tiene unos 3000 metros cuadrados de superficie, 2000 de áreas anexas, 5 consultorios de turnos programados, vacunatorio, un laboratorio, hemoterapia y sala de imágenes. También 5 salas de parto, 50 camas de obstetricia, 32 camas de neonatología, 2 quirófanos, 4 camas de recuperación, 4 camas de preparto, 3 camas de shock.

Desde el Frente de Todos se había denunciado que la habilitación de la nueva maternidad había sido a las apuradas para causar un efecto político. De hecho, el mismo intendente declaró a la prensa: “No la doy por inaugurada todavía. Todavía se están mudando cosas, va a ser un proceso de punta a punta de casi 2 meses, para que esté todo funcionando 10 puntos. No la doy un 100% inaugurada”.

“ONG Fantasma”. En esta causa, revelada la semana pasada por Infobae se investiga la contratación directa, y por $1.169.000 a la Asociación Civil Creando Familia y Futuro para realizar una serie de relevamientos y asesoramiento a la Municipalidad. La fiscal María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato investiga una posible defraudación al Estado realizada en 2017. Ante las autoridades la beneficiaria del contrato, dio dos domicilios -uno de ellos fiscal- pero cuando la funcionario judicial allanó los lugares, se encontró, por un lado con un departamento vacío, y por el otro, con un matrimonio de artistas callejeros que nada tenían que ver con la supuesta ONG “fantasma”.

La fiscal espera los resultados de la pericia contable para llamar a declarar a Ducoté y a los otros involucrados en la supuesta maniobra fraudulenta.

“Hábitat I”. En el mes de mayo, también de ese agitado 2019. el entonces alcalde de Pilar fue denunciado por el supuesto desvío de fondos enviados por el gobierno nacional, destinados a obras de saneamiento. Eran 15 millones de pesos para trabajos imprescindibles que debían realizarse en el barrio Peruzzotti. Los planes incluían la construcción de una planta de tratamiento de residuos cloacales que nunca hizo, pese a lo cual los trabajos habrían sido pagados íntegramente a la firma contratada, la constructora Tordel. La planta fue entregada luego de la denuncia, pero se supo que fue pagada por el municipio al intermediario a un valor que triplicó lo que en realizad cobró el fabricante.

Por esa causa, el Juzgado Federal de Zárate Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, ordenó el allanamiento de la municipalidad el 22 de mayo de 2019. Ese mismo día, los efectivos de la Policía Federal allanaron las oficinas de la empresa a cargo de la obra y el edificio de Obras Públicas que estaba a cargo de Guillermo Iglesias. El ahora ex funcionario es esposo de la diputada nacional de Cambiemos Marcela Campagnoli quien recibió duros cuestionamientos al hacerse pública la noticia que Iglesias estaba siendo investigado en al menos dos causas por presuntos actos de corrupción.

El juez federal de Zárate-Campana, Adrian González Charvay, investiga las principales causas por presuntos actos de corrupción que habría cometido el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté

“Hábitat II”. A poco de iniciarse ese expediente, a manos del mismo magistrado recayó una segunda denuncia por el supuesto desvío de fondos que llegaban desde la Casa Rosada, por entonces a cargo de Mauricio Macri, y que deberían ser destinado a la realización de obras públicas. En ese caso en concreto, se ponía bajo la lupa el Plan de Hábitat para el barrio Monterrey. Se trata de un programa del Ministerio del Interior y que según la denuncia “no dejó mayores rastros pese a que se licitó la mayor parte de los 140 millones asignados”.

La empresa beneficiada, según las constancias que tiene Infobae, fue la UTE Servicios de Gestión S.A, integrada por Alpin negocios S.A. y Vialme S.A. El convenio incluía obras de bacheo, construcción de dos corredores aeróbicos, 4 plazas, red de desagües pluviales, la red de distribución de agua, la construcción de red cloacal y alumbrado público led. La denuncia también agrega que en el transcurso del año 2017, y según se desprende de la rendición de cuentas municipal, habrían ingresado "$109 millones al municipio bajo el código Obras Infraestructura y Fortalecimiento del barrio Monterrey”. Sin embargo, párrafo siguiente expone que “para el año 2018, se registraban $99 millones, sin explicación de la disminución de los recursos”.

Desde el juzgado federal de Zárate-Campana, se afirmó que el magistrado ya envió a realizar un relevamiento de campo para corroborar las obras que se hicieron, o no. En caso de hayan realizado, verificar si se hicieron en tiempo y forma; si no, determinar por qué razón se continuó pagando a la empresa sin los certificados correspondientes que acreditaran el avance de las obras. En el expediente los más comprometidos son Ducoté y Palacios.

“Deforestación”. En la Secretaría Civil Número del Juzgado Federal de Campana tramita otro expediente contra Ducoté. Es el 83792/2019 y la causa está caratulada como “ORGANIZACIÓN DE AMBIENTALISTAS AUTOCONVOCADOS ASOCIACIÓN CIVIL C/ESTADO NACIONAL Y OTROS S/DAÑOS VARIOS”. En el expediente se denuncia la desforestación en el predio que pertenece al Instituto Carlos Pellegrini, un pulmón verde de la zona de 70 hectáreas. Todo comenzó cuando el gobierno nacional de Mauricio Macri autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a que enajene y venda 16 hectáreas de esos bosques en un convenio firmado con la intendencia de Pilar.

La medida encendió las alarmas en varios sectores de la sociedad pilarense, y de los vecinos en general cuando las topadores comenzaron a derriban árboles añosos y se comenzó a prender fuego a la vegetación, del espacio destinado a la educación pública. El convenio entre la AABE y el gobierno de Ducoté autorizaba a comercializar o subastar algunos terrenos. Esas 16 hectáreas, consideradas “ociosas” y con riesgo de ser usurpadas iban a ser utilizadas gracias a una “cesión de tierras” autorizada por el gobierno nacional por la Unión Argentina de Rugby (UAR), con el objeto de que allí se construya un centro de entrenamiento.

La movilización de los vecinos llevó a decir a Ducoté que el Municipio no estaba al tanto del desmonte y la depredación forestal que allí se estaba realizando. La causa judicial, por un lado, las movilizaciones vecinales y la oposición política de entonces -agosto de 2019- por el otro, obligaron a la Casa Rosada a dejar sin efecto la entrega gratuita de 16 hectáreas del Instituto Pellegrini a la Unión Argentina de Rugby.

Sin embargo, y a partir de esa resolución, en un comunicado oficial la entidad salió a desmentir a la intendencia y aseguró que el trabajo de quema y desmonte se estaba llevando a cabo “con total conocimiento” de la Municipalidad.

El texto, incorporado a la causa judicial contra la intendencia de Pilar y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, termina diciendo: “El trabajo, que se estaba llevando a cabo con total conocimiento del Municipio, era para evaluar la posibilidad de adquirir dicho lugar y desarrollar el Centro Nacional de Rugby. El mismo está concebido como un bien para la sociedad y consideramos que resulta contradictorio continuar con estas tareas ante los reclamos de los vecinos. Les pedimos disculpas a quienes se sintieron perjudicados y continuaremos buscando nuevos horizontes para concretar este proyecto tan preciado para el rugby argentino que conlleva una significativa inversión para la UAR”.

En los expedientes judiciales a los que accedió Infobae, además del ex intendente Ducoté, se nombran como presuntos responsables de los delitos imputados a, entre otros, el secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias; el ex secretario de Desarrollo Humano, Fabián Ferraro; y el titular de Hábitat y Vivienda, Federico Leonhard.