Una posible investigación administrativa dentro de la Universidad nacional de Tucumán podría ayudar a la causa penal que se tramita en la Justicia Federal por el uso de los fondos mineros.

Así lo dijo durante la última sesión del Consejo Superior de la universidad, el abogado penalista Diego Lamoglia, quien representa a la UNT en su rol de querellante en la causa en la que se investiga la administración de $342 millones que recibió la UNT de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Además, reconoció que se trata de “corrupción estructural” y coincidió con lo que ordenó la Cámara en que hay que investigar la “ruta del dinero”.

“Podría ayudar a la investigación judicial que haya una investigación administrativa interna. Es la UNT investigando a la UNT. Los resultados que se obtengan van a decidir si sirve o no”, respondió Lamoglia. El docente fue invitado al Consejo para informar sobre el estado de la causa y contar cuál fue el aporte de la UNT en su papel de querellante.

“Hemos entrado a intervenir en un momento en que no se estaba trabajando con pruebas, o sea, posterior al procesamiento, lo que significaba apoyar y sostener, lo cual se hizo con éxito porque los procesamientos quedaron confirmados”, explicó Lamoglia.

En octubre la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó profundizar la investigación relativa al uso de fondos provenientes de las utilidades mineras. El planteo abrió la puerta a una posible “ruta del dinero” dentro de la UNT y al enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios universitarios involucrados.

Los camaristas confirmaron los procesamientos y embargos del ex rector, Juan Cerisola, el ex diputado radical, Luis Sacca; la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino.

Durante la sesión hubo preguntas sólo del lado opositor al rectorado. El decano de Ciencias Económicas, José Luis Jiménez, planteó si no era “llamativo” que quienes deben aportar información a la Justicia sean funcionarios que para un fiscal están considerados sospechosos. “No suele ser una cuestión de incompatibilidad, pero si hubiese percibido falta de colaboración por parte de la UNT ya hubiese puesto el grito en el cielo”, reconoció Lamoglia.

“Cuando se investiga un delito de corrupción estructural –dijo Lamoglia – uno de los problemas son los medios que tenemos para producir las pruebas. La Cámara abrió la puerta a la ruta del dinero, ahí veremos desde que ingresan los fondos a la UNT, cuáles fueron los controles y las personas responsables”, explicó.

Asociación ilícita

Lamoglia explicó que en la Cámara está pendiente de resolución un pedido de aclaratoria que hizo el fiscal Gustavo Gómez en noviembre. La decana de Derecho, Adela Seguí, le pidió opinión sobre este punto.

“La causa hasta el día de hoy estaba encapsulada en cuatro personas, pero si de la investigación de la ruta del dinero surgen otros elementos, entonces, lo que dice el fiscal toma más color porque habla de asociación ilícita. La postura de Gómez es que se están investigando múltiples delitos y la hipótesis es que hay una estructura y un acuerdo de voluntades previo para que eso haya tenido movimiento”, dijo Lamoglia.

En su escrito, Gómez habla de la complejidad de la maniobra: un plan de obras que vulneró la Ley 13.064 (Obras Públicas); procesos de adjudicación y licitaciones directas a través de una resolución interna (336/08), pago de sobreprecios de hasta un 116%, colocaciones de dineros universitarios en plazos fijos en entidades bancarias sin hacer rendiciones y la renuncia a la percepción del 40% de las utilidades en enero de 2008 tras haber dado por concluida la Ciudad Universitaria.

Todo esto, entiende Gómez, se hizo de manera “cuidadosamente ideada, diseñada y ejecutada por integrantes de la estructura universitaria”, por lo tanto, pidió la calificación legal de Asociación Ilícita.

Insiste en que la hipótesis investigativa debe ampliarse a los responsables de otras áreas e introduce los nombres de algunos ex y actuales funcionarios. Entre ellos, la ex vicerrectora de la primera gestión de Cerisola, María Luisa Rossi, el actual director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, y el secretario de Política y Comunicación Institucional, José Hugo Saab. Además, los funcionarios de las áreas económicas, los miembros de los Consejos Superiores de años anteriores y las empresas contratistas involucradas en el plan de obras universitario.