Este lunes 26 de febrero, la fiscalía pidió agravar la pena sobre la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la condena por la Causa Vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión por las obras que adjudicó a favor de las empresas de Lázaro Báez por sobre otras firmas. 

La solicitud la hizo el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar, quien sostuvo el pedido que hicieron en juicio los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes reclamaban que existió una asociación ilícita, ya que las 51 obras que desde el Poder Ejecutivo que comandaba la expresidenta se otorgaron en licitación al empresario son distintos hechos, no uno solo.

En caso de que se de lugar a la solicitud y la exvicepresidenta sea condenada por asociación ilícita, en lugar de solo por administración fraudulenta, la pena podría alcanzar los 12 años de prisión. También se espera que sean condenados los absueltos en el juicio oral y que se confirme el decomiso de 84 mil millones de pesos que ordenó el tribunal.

El fiscal pidió duplicar la pena a Cristina Kirchner

El fiscal Villar coincidió con los argumentos de su colega que actuó en el juicio, Diego Luciani, y afirmó que durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner "funcionó una asociación ilícita" montada sobre el aparato estatal. De esa manera, "se proveyeron los fondos públicos nacionales y se creó a un empresario de la construcción para adjudicar los contratos".

Ese empresario era Lázaro Báez, también condenado en el juicio oral y apelante ahora en procura de su absolución. Villar pidió que la ex presidenta sea condenada a 12 años de cárcel, en lugar de los seis actuales.

Según el fiscal Villar, Báez fue central en esa "estructura de corrupción que se montó sobre un fin noble, como es la obra pública vial". Villar resumió en su alegato ante la Casación los argumentos que habían esgrimido Luciani y su colega Sergio Mola durante el juicio.

En ese sentido, coincidió con la condena por administración fraudulenta porque –dijo- existieron "graves hechos de corrupción", pero refutó el fallo de mayoría que descartó la asociación ilícita porque "hubo una estructura delictual organizada".

En este caso, el fiscal mantuvo la apelación del veredicto de su colega Luciani ante el TOF2, quien solicitó los doce años de cárcel durante el juicio oral, reclamo que también mantuvo en un apelación al veredicto.

El tribunal integrado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña será el encargado de ratificar, agravar o anular la pena tal cual lo solicita la defensa, la cual tendrá una instancia el próximo 7 de marzo para alegar a su favor. 

En total se realizarán seis audiencias durante las cuales el Tribunal escuchará los argumentos de todas las partes. La última tendrá lugar el 4 de abril con la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y luego Casación quedará en condiciones de resolver el caso en los siguientes 20 días hábiles.

El cronograma de audiencias comenzó este lunes y seguirá el jueves, el 7, 14 y 21 de marzo y 4 de abril.

De todas formas, a pesar de que la exmandataria ya no cuenta con fueros, si se ratifica la pena aún quedará pendiente la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la defensa podrá interponer un recurso extraordinario federal. 

La condena a Cristina Kirchner

La ex vicepresidenta fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, junto al empresario Lázaro Baéz, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz, recibiendo penas de entre seis y tres años de prisión.

En este contexto, Cristina también recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por otro lado, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro fueron absueltos.

Durante el juicio, el tribunal oral dio por probado que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Báez recibió de manera irregular obras públicas viales para la provincia de Santa Cruz.