Por Patricia Blanco

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal ultimaban los detalles de la audiencia que tendrá lugar el miércoles próximo, a las 11 de la mañana, en la Sala B de la planta baja de Comodoro Py 2002. Allí se dará a conocer si se confirma la condena a seis años de prisión para la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, junto a otros exfuncionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez, en la llamada causa Vialidad. En los pasillos de tribunales se da por descontada la confirmación de la sentencia, algo que también vaticinan los militantes kirchneristas que prometieron participar de una clase pública en las afueras del edificio de Retiro para denunciar “lawfare”.

Los jueces Gustavo Hornos, presidente de la Sala IV de Casación, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña estuvieron durante el lunes en comunicación permanente para coordinar los detalles de la audiencia a la que convocaron a las partes para dar a conocer su decisión. Se barajó leer un comunicado, pero de inmediato fue descartado. Tampoco se inclinarían por leer tramos sustanciales del fallo. Según pudo saber Infobae, la audiencia sería breve: después de firmar el fallo, comenzarán la audiencia para leer la parte resolutiva de su fallo, que será trasmitida por YouTube. Para la misma hora, la sentencia estará siendo notificada para todos los abogados que integran el proceso.

“Sería imposible leer más de 1500 páginas”, decían en el primer piso del edificio, donde residen los jueces de Casación. Aun con la decisión ya tomada, algunos de los jueces repasaban algunos tramos de sus votos. Es que hasta que el fallo no está firmado no es una sentencia.

Otra de las preocupaciones estaba en la organización. En Tribunales se montó un operativo de seguridad, pero descartaban la presencia de la ex vicepresidenta. Los periodistas comenzaron a llamar para acreditarse y estar presente en la audiencia. La sala B de tribunales no es de las más grandes, pero los acusados no están obligados a ir. Allí fue donde hace casi un mes la Cámara Federal porteña desarrolló la audiencia en la que se escuchó a víctimas venezolanas que llevaron a ordenar la captura de Nicolás Maduro.

Durante la mañana del lunes había preocupación porque el recinto quedara pequeño. Pero la primera opción de mudanza quedó descartada: es que en la sala AMIA, el recinto más grande del edificio para juicios grandes, está destinado todos los miércoles a las audiencias en donde se ventila el juicio contra los acusados de querer matar a Cristina Kirchner en septiembre del 2022. Mientras Casación esté dando a conocer su decisión, los jueces del Tribunal Oral Federal 6 interrogaran a los amigos de Nicolás Carrizo, el llamado jefe de los copitos que está acusado de haber sido un partícipe secundario del atentado. La semana pasada una testigo terminó presa por falso testimonio.

Los rumores, hasta ahora, indicaban que Borinsky y Barroetaveña coincidirán en convalidar el veredicto al que llegó en diciembre del 2022. Hornos, por su parte, se inclinaría por respaldar el pedido de la fiscalía y promover la sentencia a 12 años de prisión a CFK como jefa de una asociación ilícita. Recién el miércoles se sabrá si esos vaticinios fueron acertados.

En diciembre del 2022, luego de tres años y medio de debate oral y público, y con la fuerte acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que terminó con la frase “es corrupción o justicia”, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti y a cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz, Héctor Garro.

La condena a CFK a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública trae aparejada la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Como a partir de la audiencia se conocerán los fundamentos, comenzará a correr el plazo de 10 días hábiles para que los derrotados puedan apelar. Si Casación modificara la situación de algunos de los implicados, los “revisores” serían otros jueces de Casación. Si, en cambio, la condena queda tal como está, serán los jueces de la Corte Suprema los encargados de revisar la sentencia. Hasta que la sentencia no esté firme, no se ejecuta. Por lo tanto, CFK no sería detenida y también podría competir electoralmente.

“Hay que ver qué Corte lo revisa”, deslizó en diálogo con Infobae uno de los magistrados del edificio de Retiro. Desde diciembre, el juez federal Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años y abandonaría el cuarto piso del Palacio de Tribunales. El Ejecutivo promovió los nombres de dos candidatos para sumarse a la Corte: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El kirchnerismo, que en 2023 impulsó un juicio político contra el actual tribunal, reclamó públicamente una ampliación de la Corte Suprema.

“Van a intentar proscribir a Cristina y meterla presa antes de fin de año”, aseguró en las últimas horas el senador Oscar Parrilli, una de las voces públicas de CFK. En tribunales descartan esas teorías. Dicen que sería materialmente imposible que el expediente pueda llegar en esos tiempos al cuarto piso de tribunales, y recién ahí tendría que cumplir todos los trámites para comenzar a circular entre las distintas vocalías. En esa lógica, en fuentes judiciales también rechazaban las especulaciones en torno a que Casación apuró su inminente resolución justo para cuando CFK decidió jugar políticamente para ser la presidenta del Partido Justicialista y reaparecer en territorio de la provincia de Buenos Aires.

En uno de los despachos de Comodoro Py subrayaban ante Infobae que el fallo sale tarde. “A lo largo del proceso existieron un sinfín de presentaciones judiciales efectuadas por los abogados defensores que demoraron una definición”, sostuvieron. Repasaron así los distintos incidentes que extendieron esos plazos. Inicialmente, el juez Javier Carbajo se excusó de intervenir porque había votado la confirmación de las condenas en la causa de la ruta del dinero K contra Lázaro Báez y había dicho que el dinero lavado allí venía de la obra pública. Luego, la defensa de CFK recusó al juez que lo reemplazaría, Diego Barroetaveña. Y también promovió llamar como testigo al Procurador del Tesoro Rodolfo Barra, que antes de ocupar ese cargo en el gobierno de Javier Milei había planteado que no habría habido delito por parte de la ex presidenta. Cuando los planteos fueron rechazados, también se promovió el apartamiento del juez Hornos, que también se desestimó. Así llegó hasta septiembre. En medio de especulaciones y rumores, Casación anunció el 7 de octubre la convocatoria a la audiencia pública de mañana, el 13 de noviembre.

Por lo pronto, desde las 9 de la mañana, el dirigente y ex precandidato a presidente Juan Grabois y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Juan Martín Mena encabezarán una clase pública en la puerta de tribunales llamada “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”. También estarán la periodista y política brasileña, Manuela Dávila, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabella Luccardi, y esperan la participación de “cientos de jóvenes estudiantes” para “visibilizar la persecución contra la ex presidenta y denunciar, a través de la docencia, los procesos judiciales espurios que consolidarán la proscripción de Cristina ya anunciada en medios de comunicación”.