Se trata de una investigación que se desprende de la causa madre que sustancian el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, y que intenta probar que habría existido una vinculación ilícita entre Lázaro Báez, Porcaro, Carlos Mocorrea (operador financiero de Báez a través de la empresa Financial Net SA) y Alejandro Nari, presidente de Sitio 0, la firma empresarial que obtuvo la concesión de la obra, pero que fue creada diez días después de la adjudicación. Financial Net SA sería parte de Helvetic Services Group SA, de Báez, e integró hasta 2014 el consorcio de Sitio 0. Como operadora de bolsa, sería la responsable de convertir a moneda los bonos Bonar VII con los que se habría pagado a Porcaro.

Nari negó la vinculación en diálogo con el diario La Nación: "No hubo participación ni intervención de ningún tercero o gestor, y es falso que se le haya abonado dinero a un presunto intermediario político -aseveró-. La concesión fue otorgada dentro del reglamento del Consorcio de Puerto Quequén y en el marco de la ley", expresó.

El presidente de Sitio 0 pertenece a una familia vinculada al sector agropecuario desde hace más de 80 años. Junto a su padre conforman la firma A&J Nari S.A. y E-Grain S.A. dedicadas al comercio y a la exportación de granos respectivamente. A&J Nari es una firma con representaciones comerciales en Buenos Aires, Necochea, Tandil y Bahía Blanca cuya actividad principal es la intermediación en la compra venta de granos en el mercado interno.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo; el presidente de Sitio 0, Alejandro Nari y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich

La semana entrante, el juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, “espera contar con el resultado de las pericias contables ordenadas sobre los estados financieros y comerciales de 20 imputados, en el marco de la investigación de la conexión Necochea en la ruta del dinero K”, según el diario La Nación.

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Según la hipótesis judicial, se habría pagado a fines de 2012 una millonaria coima al operador K Roberto Porcaro por su "intervención, gestiones u oficios" para lograr una concesión directa de obra en Puerto Quequén. El 14 de febrero de 2013, la entidad administradora de Puerto Quequén adjudicó de manera directa a un consorcio de sociedades privadas la construcción de una terminal de granos por valor de 60 millones de dólares, y su explotación como concesionario por el término de 35 años, prorrogables por 10 más. La Justicia, tras una investigación de 3 años, ha imputado a una veintena de empresarios y operadores, en la sospecha de que tal adjudicación debió realizarse a través de una licitación pública internacional y no por una concesión directa.

Tanto Bibel como el fiscal federal Nicolás Czizik esperan que las pericias contables corroboren nexos y operaciones de pago entre algunos de los imputados. Los documentos periciados fueron incautados en allanamientos realizados en septiembre y diciembre de 2018, tanto en oficinas del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén como en cajas de seguridad a nombre de Porcaro en la sucursal Necochea del Banco Nación donde la Justicia encontró 400.000 dólares, actualmente bloqueados en tanto se determina su origen.

De acuerdo al diario capitalino, “los resultados obtenidos serán cruzados con datos aportados por la AFIP, la UIF y el Banco de Corrientes filial Necochea, donde Porcaro también tiene cuentas. Asimismo, se cruzarán con informes solicitados a la Dirección del Registro Nacional de Propiedad Automotriz, Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Mercado Argentino de Valores, agencias de viajes, Aerolíneas Argentinas, municipalidad de Necochea y otras fuentes”.

Tras la feria judicial, continuarán también las indagatorias a los imputados. Figuran en la lista del mes Carlos Mocorrea y Roberto Porcaro. Y se especula con el aporte de datos que podría dar al juez un "arrepentido colaborador".

En los últimos días se conoció un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que analizó el crecimiento patrimonial de Roberto Porcaro y el su esposa que, a criterio de la UIF, “no cierra” con sus ingresos oficiales.

La UIF -que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talarico- entregó al juez Bibel un informe en el que calificada de “sospechosos” una serie de movimientos financieros del acusado y su esposa Patricia Sirvente.