El gobierno del propio Macri, que retenía el siete por ciento de las acciones de Autopistas del Sol, aceptó el reclamo por 499 millones de dólares, pese a que los organismos de control estimaban que, en el improbable caso de perder la demanda, el país sería sancionado sólo con el pago de unos 71 millones de dólares. La cifra de 499 millones de dólares se los cobrarían las empresas a los usuarios a través de aumentos del peaje. Y, además, en el marco de la negociación espuria, la administración Macri renovó las concesiones por diez años sin ningún estudio técnico ni autoría y sin concurso. Las acciones de Ausol, la concesionaria de la Panamericana, pasaron de tres pesos a 14.50 y luego el grupo Macri las vendió en 75,50 a una empresa que no registra antecedentes en el rubro". Este lunes, el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmante de toda la documentación, fue procesado por administración fraudulenta y se le trabó un embargo de 500 millones de pesos.

 Demanda

El fallo del magistrado es demoledor y documentado. Los contratos de las autopistas se firmaron el 14 de julio de 1994 y establecían una tarifa dolarizada. Como es obvio, al estallar la economía en 2001, se dictó una ley de emergencia por la cual se pesificaron todos los valores de la economía. A eso hace referencia el juez: en aquel momento las concesionarias no reclamaron, lo hicieron 14 años después, justito cuando asumió Macri, dueño de parte de la concesión.

Abertis, la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, socio de la concesionaria de las dos autopistas se presentó en el Ciadi, tribunal del Banco Mundial, el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción del ahora expresidente.

Incompetencia

Por esa demanda armada de urgencia, el Estado argentino aceptó pagar 499 millones de dólares, que no saldrían de los fondos públicos sino que los concesionarios se los cobrarían a los usuarios, con aumentos de peajes.

El juez cita al anterior Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien sostuvo que la demanda era inadmisible en el Ciadi porque no se había sometido a la jurisdicción local y que, además, Abertis no había aceptado un arbitraje como establecían las normas. Para colmo, el tribunal otorga un plazo de 18 meses para iniciar una demanda después de un incumplimiento y en este caso habían pasado 14 años. Es decir, además la cuestión estaba prescripta.

Antes que hubiera cualquier tipo de pronunciamiento del Ciadi -que era incompetente--, el gobierno selló el acuerdo beneficiando a los concesionarios en 499 millones de dólares.

Cifras

Los cuadros técnicos de Vialidad Nacional diagnosticaron que la suma era improcedente. Debían descontarse, por ejemplo, 149 millones de dólares de impuestos que las concesionarias debían al fisco por no haber adecuado sus Obligaciones no Negociables, otros 33 millones de dólares por ser inversores no residentes, y las empresas registraron atrasos notorios en las obras. Por ejemplo el tercer carril de los ramales Campana y Pilar no se construyó en 1999 sino en 2002; no se hicieron las repavimentaciones de 2007, 2009, 2012 y 2014; no se construyó el cuarto carril de los ramales Campana y Pilar ni el tercer carril del acceso Tigre.

El resumen presentado por el área técnica indicaba tres posibilidades. La primera que el Ciadi rechazara la demanda, alternativa que consideraban probable. La segunda, que la Argentina fuera condenada, pero esa condena no sumaría más de 71 millones de dólares. La tercera alternativa era llegar a un acuerdo, para lo cual sólo se aceptara por debajo de los 71 millones de dólares. Esto deja en evidencia la estafa de aceptar los 499 millones de dólares.

Maniobras

Otro testimonio que transcribe Canicoba Corral es el de la abogada Julieta Ripoli, directora de Jurídicos de Vialidad. La letrada contó con pelos y señales cómo fueron desplazados todos los responsables de áreas claves y se los reemplazó por ejecutivos que venían de las empresas de Macri -Socma, Ausol, Iecsa, Sideco-, creando cargos que antes no existían para poner a esos recién-llegados por encima de los funcionarios de carrera. En la parte jurídica entraron abogados que antes trabajaban en los estudios que representaban a las concesionarias.

De manera que en la negociación, de los dos lados de la mesa había unidad de criterio en perjuicio del estado.

Burla

El magistrado le dedica un cándido párrafo a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. Señala que la OA observó que "podría haber falta de transparencia en virtud de las acciones que detentaba el presidente Macri en Sideco Americana, por lo cual buscaron una solución casi burlesca que consistió en la presentación de una declaración jurada y que el decreto de Renegociación fuera firmado por la vicepresidente Gabriela Michetti".

Años

Los contratos de concesión vencían el 31 de diciembre de 2020, es decir que estaban en su tramo final, tras 26 años. El área técnica nuevamente sostuvo que lo que correspondía era una nueva licitación y la posibilidad de importantes ingresos para el estado.

Sin embargo, la demanda en el Ciadi fue una maniobra para simular que "ante una situación agobiante por el reclamo de las concesionarias lo mejor otorgarles una extensión de los contratos".

De manera que se otorgaron extensiones a los dos contratos, Acceso Norte y Oeste, por diez años, sin que mediara ninguna evaluación técnica, ninguna auditoría, no se sometió a un concurso con otras empresas y, para colmo se le condonaron todas las deudas por multas. "Fueron nuevos contratos de concesión -escribe el juez- con concesiones absolutamente favorables a las empresas concesionarias y dan cuenta de claras maniobras delictivas llevadas a cabo por los funcionarios públicos y los empresarios intervinientes, quienes violaron leyes y normativas vigentes persiguiendo lucro para sí o para terceros".

Acciones

A partir de la página 132, Canicoba Corral analiza la venta de acciones del grupo Macri. Por de pronto constata que cuando el ex presidente asumió el cargo, Sideco tenía el siete por ciento de las acciones.

Como es obvio, una empresa cuyo único objeto es una concesión de una autopista casi no tiene valor cuando el contrato está por vencer. Esa era la situación de Ausol.

El 10 de diciembre de 2015, la acción que valía tres pesos ya había trepado a 14,50, "evidentemente ya se perfilaba la renovación del contrato en los términos en los que se dio", acota el juez.

"Eso permitió que Sideco vendiera sus acciones en 75,50 -sigue el relato de Canicoba--. La compradora Natal S.A., cuyo objeto es ajeno a la explotación de rutas nacionales ya que es una empresa de negocios inmobiliarios y agroportuarios. Las acciones treparon a 103 pesos y a principios de 2019 llegaron a 125 pesos".

Delito

El juez dedica un párrafo a explicar que el caso de las autopistas no se enmarca en negociaciones incompatibles con la función pública, o sea funcionarios de Macri dándole contratos muy favorables al Grupo Macri. Sino que va más allá: hay un fraude, un desfalco contra el Estado.

Siguiendo entonces la denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto y Adrián Grana, el juez califica el delito como "administración fraudulenta en perjuicio del Estado". Y hace una estimación del perjuicio, con una evaluación bastante benigna de la estafa: el Estado resultó perjudicado en 746.000.000 (setecientos cuarenta y seis millones) de dólares.

Como hizo con Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías, el magistrado procesó a Dietrich y le trabó un embargo por 500 millones de pesos. A diferencia de lo ocurrido en Comodoro Py durante todos estos años, el juez no dictó la prisión preventiva por cuanto consideró que no existe el peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. O sea que Dietrich, como Iguacel y Saravia Frias, duermen en sus casas: no les pusieron el chaleco antibalas, el casco, esposas ni colocaron francotiradores en las inmediaciones de sus domicilios.