El fiscal Marcelo Colombo interpuso el recurso para que la Cámara de Casación revierta el sobreseimiento dictado a Cristina Kirchner y las demás personas que estuvieron acusadas en la causa del Memorandum con Irán. El lunes apelaron la DAIA y familiares querellantes. Será Casación que defina si mantiene los sobreseimientos por ausencia de delito dispuestos por el Tribunal Oral Federal 8.

En este caso los jueces decidieron que la firma del convenio con Irán no constituía un delito en sí mismo, que las pruebas no alcanzaban para sostener una acusación y que nunca estuvieron en riesgos los pedidos de captura internacional contra los prófugos acusados de volar la AMIA.

Ahora Tomás Farini Duggan y Juan José Ávila dijeron que se debía revertir el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Allan Bogado.

Los letrados sostuvieron que el tribunal violó la Constitución al legislar al establecer media docena de audiencias previas al juicio y allí decidir los sobreseimientos sin realizar el proceso oral y público y escuchar a los testigos. Dijeron que se afecta el principio de legalidad, de igualdad ante la ley y a la garantía del debido proceso.

Recordaron además que cuestionamientos analizados en esta decisión del tribunal oral fueron planteos ya rechazados en otras oportunidades mediante resoluciones que se encuentran firmes.

Los familiares de las víctimas aseguraron que "la esencia de la arbitrariedad expuesta en el fallo gira en torno de la pretendida frustración del debate, oral y público, para impedir que se produzca la prueba, eliminando injustificadamente los alegatos de las acusaciones sobre cuestiones controvertidas y fundamentales de la imputación, que se pretende reemplazar por la opinión unilateral de los Jueces”.

Se quejaron de que solo cuando existan “nuevas pruebas” que tornen “evidente” que el imputado obró en estado de inimputabilidad, o hay una causa de la extinción penal correspondería no hacer el juicio oral o cuando el imputado queda exento de pena en virtud de una ley penal más benigna.

“Pero ninguno de estos supuestos se da en el caso y por ello debe producirse el correspondiente debate oral y público”, reclamaron.

Los abogados pretenden que luego de tramitado el recurso de apelación se revoque o anule el sobreseimiento se haga el correspondiente juicio oral y público, para que se determine –mediante el correspondiente fallo- si los imputados deben ser condenados por considerárselos autores de los hechos o absueltos. Y que se aparten estos jueces del proceso.