Los imputados en la causa que impulsó el difunto fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero por el Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado contra la AMIA imaginan, suponen y desean que ese expediente termine igual que la Causa Dólar Futuro: con un sobreseimiento generalizado por “inexistencia de delito”.

Y el paso siguiente, con la declaración judicial de inocencia en el bolsillo, será ir en busca de los que identifican como artífices de este capítulo de lawfare. Eso incluye a los funcionarios judiciales, además de los políticos.

Es prematuro aún. Pero el pronóstico se cimenta en que el tribunal oral federal número ocho, que tiene a su cargo esta etapa del proceso, no está dentro de los más hostiles a los funcionarios del gobierno 2003-2015. Es cierto que tanto José Antonio Michilini como Daniel Obligado han tenido fallos adversos en juicios por presunta corrupción, pero aun así lo reconocen como un tribunal “de derecho”.

Desde que el fiscal Marcelo Colombo dictaminó a favor de la producción de medidas de prueba para establecer si existieron irregularidades en la tramitación de la causa, la expectativa entre los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, viene en aumento.

Saben que la prueba que pidieron, y a la que el fiscal se adhirió, es determinante para demostrar que hubo una manipulación de hechos y situaciones y una alteración artificial del procedimiento procesal que tiene su explicación –argumentan- en las visitas de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky al expresidente Mauricio Macri.

El escenario judicial ofrece varias puertas de salida para el cierre del expediente. Pero los imputados, entre ellos el senador Oscar Parrilli, sólo aspiran a una: “Esta causa nunca debió haber existido y lo que tiene que pasar es que una decisión judicial deje en claro que aquí no se cometió ningún delito”.

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Michilini y Obligado deben decidir, en los próximos días, qué medidas, de todas las sugeridas por el fiscal, producirán para resolver si la causa se cae o no. Hay varias que son importantes, pero una es trascendental.

El abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, pidió la declaración testimonial de dos dirigentes de la DAIA, su secretario general Santiago Kaplun y su pro-tesorero Daniel Belinki. ¿Por qué es tan importante? Porque según una publicación periodística del sitio web El Cohete a la Luna, ambos fueron asesorados por el juez Borinsky sobre los pasos a seguir para obtener la reapertura de un expediente que en dos oportunidades había sido archivado por inexistencia de delito.

“Kaplun es socio de Ramiro Rubinska, casado con Ingrid Meischenguiser, cuya hermana, Evelyn, es la esposa de Borinsky”, añadía la publicación que Beraldi propuso como prueba y que Colombo aceptó. “Se haga lugar a la prueba testimonial solicitada en el escrito del Dr. Beraldi, así como también a la celebración de una audiencia oral y pública para, en ese marco, sostener las posiciones de las partes en relación a los planteos efectuados y merituar la prueba cuya producción se solicita”.

Las declaraciones de los dos dirigentes de la comunidad judía deben producirse ante la presencia de todas las partes. Es decir que CFK y los demás acusados estarán en el mismo ámbito (aun cuando sea informático y remoto) que los testigos.

Si se probaran esos contactos entre Borinsky y dirigentes de la DAIA, la indemnidad del expediente habrá desaparecido. La causa se reabrió porque la Cámara de Casación aceptó a la DAIA como querellante, después de sendos rechazos por parte del juez Daniel Rafecas y de la Cámara Federal. Borinsky integró ese tribunal, facilitó la reapertura y así quedó despejado el camino para que el difunto juez Claudio Bonadio procesara a la hoy vicepresidenta por una serie de delitos que incluyeron la “traición a la patria”.  Cristina acababa de ser electa senadora por la provincia de Buenos Aires y estaba a tres días de asumir el cargo.

Un detalle: el argumento de la “traición a la patria” (que luego fue corregido por la Cámara Federal) no fue idea de Borinsky sino de su colega Juan Gemignani, quien hoy afronta una investigación en el Consejo de la Magistratura por sus conductas presuntamente misóginas hacia dos juezas mujeres del máximo tribunal penal.

Las otras pruebas pedidas también tienen relevancia, especialmente la confirmación del hallazgo en el teléfono de Darío Nieto, el secretario de Macri, de una anotación: “Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativa y penal”.

Aun cuando esa alusión no tuviera nada que ver con la Causa Memorándum, sí probaría una relación entre el juez y el expresidente más allá de los encuentros de paddle o tenis. Una vez producida la prueba, el tribunal deberá convoca a una audiencia. ¿Cuándo? Las defensas estiman que podría ser antes de la feria judicial de invierno. 

Todos los imputados quieren hablar. Sí, ella también.

Por Néstor Espósito