Por: María Ester Romero.

¿De dónde provenían los fondos con los que el empresario Federico Máscolo amasó una fortuna millonaria, visible en vehículos de alta gama, lanchas, inversiones inmobiliarias en Argentina, Miami y Punta del Este? Desde diciembre está detenido e imputado por presunto lavado de activos.

El jueves pasado regresó a tribunales para ampliar la indagatoria. Su abogado, Lucas de Olmos, lo asistió durante la exposición de media hora en la cual no respondió preguntas.

Si bien para la Justicia la sospecha de haber lavado dinero no requiere más que la imposibilidad de demostrar con qué recursos lícitos adquirió los bienes a su nombre, no profundizar ni intentar responder de dónde lo obtuvo sería quedar a medio camino. Por esa razón, Enrique Senestrari, el fiscal federal a cargo de la investigación con intervención del juez Alejandro Sánchez Freytes, solicitó la imputación de Máscolo bajo la sospecha de que introdujo al circuito económico legal, comprando una serie de bienes muebles e inmuebles, parte de las ganancias que obtuvo a través de la obra pública que hizo en la provincia y la Municipalidad de San Francisco.

No sólo intervino él mismo en cada una de las operaciones, sino que se sospecha que utilizó a otras personas y empresas a cuyos nombres figuran muchos de los bienes investigados. La duda en la Justicia es si ese amplísimo listado que aparece en las firmas LLC radicadas en Miami –se equiparan a las SA argentinas– está integrado por prestanombres, insolventes que actúan por terceros o verdaderos inversores que adquirieron lícitamente los inmuebles ubicados sobre una de las playas más preciadas en el estado norteamericano de Florida.

Desde esta perspectiva, cobra sentido analizar la cronología de hechos, teniendo presente los vínculos de dirigentes políticos y empresarios. Máscolo es –o fue–desde su juventud amigo de Ramón Javier Mestre, exintendente de la ciudad de Córdoba. En aquellos años integraron el mismo equipo de rugby del colegio Taborín.

Un episodio los colocó en el candelero de la farándula. Supieron llegar juntos en plena temporada de verano a Carlos Paz a bordo de un Porsche. Mestre ya era intendente. Muchos hablan de esa postal que jamás pudo pasar desapercibida por el auto y los protagonistas pero, curiosamente, no hay foto que la acredite.

En diciembre pasado, cuando el empresario fue detenido e imputado, Mestre hizo saber a este medio que él nunca estampó su firma en un contrato con algunas de las empresas con que concretó y cobró obra pública. Es más, no hay rastros de que Máscolo Constructora SA, MB Constructora SA, MH SRL, MH Empresa de Servicios SRL y Jonez Cat SAS, hayan tenido contratos con la Municipalidad capitalina. Ni siquiera entre 2011 y 2019, cuando él estuvo al frente del gobierno comunal.

Por el contrario, Máscolo sí tuvo contratos de obra pública con la Provincia de Córdoba. En ese sentido, Senestrari, al frente de la investigación judicial, pidió al Tribunal de Cuentas de la Provincia encabezado por el juecista Beltrán Corvalán –por primera vez en la historia el organismo de control tiene mayoría opositora– que informe sobre los pagos y las obras ejecutadas por Máscolo en los últimos años.

La tarea, realizada a mano porque no hay registro informático, arroja hasta el momento 171 expedientes. El rastreo incluye varias modalidades, como contratos a otras firmas luego cedidas a las del empresario investigado y, también pagos globales. Detectar la información es un trabajo de hormiga que está llegando a la Justicia por estas horas.

La mayor cantidad de contratos fueron concedidos entre 2008 y 2010, cuando las adjudicaciones superaron el centenar. Sólo en ese período, Corvalán estima que las empresas de Máscolo hicieron obras por más de seis millones de dólares.

Mientras ello sucedía en la Provincia, en el 2012, al año siguiente de asumir como intendente, Mestre concesionaba en forma directa el servicio municipal de recolección de residuos a dos empresas privadas: Logística Urbana SA (Lusa) y Compañía de Tratamientos Ecológicos SA (Cotreco), cuyo presidente es Horacio Busso, primo hermano del ministro de Bio Agroindustria provincial, Sergio Busso, un hombre que mantuvo cargos a lo largo de los años en los gabinetes del peronismo local.

AMISTAD. Raúl Avendaño y Horacio Busso, titular de Cotreco, mantienen una amistad de años. La foto es de un recorrido que hicieron años atrás por Grecia.

El nombre de Horacio Busso tampoco es ajeno a la Justicia. Está procesado por delitos penales económicos y tributarios. La semana pasada salió a la luz el vínculo de amistad cercana que lo une al exsuegro de Máscolo, Raúl Avendaño, titular de la firma Raven Construcciones y Servicios SA. Llamativamente la firma constructora aparece en ambos expedientes: el de Cotreco y el que estalló en diciembre, cuando Máscolo fue detenido.

Fechas y sospechas. Aunque el senador Luis Juez es quien lo hace más asiduamente, no son pocos los que siembran sospechas de “un pacto” entre el peronismo y el radicalismo en la provincia. ¿Acaso la secuencia reseñada hasta aquí puede interpretarse como un cruce de favores?

¿Máscolo actúa per se o podría ser considerado un “valijero” o testaferro de Mestre?

¿La adjudicación de la basura en 2012 fue una devolución de gentilezas?

¿Adquiere un sentido especial que la firma Raven, propiedad de Raúl Avendaño, padre de María de los Ángeles Avendaño Ferrero, exesposa de Máscolo, figure como una de las aportantes a las campañas electorales del peronismo local?

Mestre ganó por primera vez la intendencia capitalina en 2011 al superar a la peronista disidente Olga Riutort y a Héctor Pichi Campana, candidato de la coalición oficialista Unión por Córdoba. No tuvo enfrente competidores fuertes porque el caudal de votos del peronismo se dividió.

La elección se produjo justo luego del trienio en que Máscolo cosechó mayor cantidad de contratos en la obra pública provincial.

Al año siguiente de acceder al Palacio 6 de Julio, sin licitación, Mestre concedió en forma directa la recolección de residuos a Horacio Busso, amigo y ligado comercialmente con el exsuegro de Máscolo.

¿Casualidad o causalidad?

Una investigación que derivó de una presunta estafa

El expediente judicial federal es una derivación de una investigación provincial por una supuesta estafa con la venta de un auto y una lancha de la que fue víctima un vecino de Federico Máscolo. Cuando las autoridades de los tribunales ordinarios comenzaron a establecer las propiedades que tenía, dieron aviso a sus colegas federales.

Al cabo de una pesquisa inicial, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián –subrogante de la Fiscalía Federal 1 en ese momento– encabezó allanamientos autorizados por el juez Alejandro Sánchez Freytes el 12 de diciembre pasado en la casa del empresario, ubicada en el country Las Delicias. No encontraron a Máscolo. Hallaron la vivienda revuelta y un doble techo en uno de los dormitorios.

Al día siguiente, el investigado se presentó junto a un abogado y quedó detenido e imputado por presunto lavado de activos. También resultó acusado el dueño de una concesionaria de autos en Nordelta, Ricardo José Sodo Toranzo.

Desde diciembre, la investigación logró detectar 14 vehículos, autos de alta gama, motos de agua, motocicletas y lanchas; ocho inmuebles en Argentina, y 13 departamentos en el exterior, la mayoría en Miami y uno en Uruguay.

AUTOS. Una colección de autos de lujo fueron secuestrados en la causa judicial que investiga el fiscal federal, Enrique Senestrari, radicada en el Juzgado de Alejandro Sánchez Freytes.

Las maniobras incluirían la creación de una serie de sociedades (así se evita el pago de impuestos en Estados Unidos) para adquirir o vender esas unidades habitacionales.

Por esa razón, a comienzos de abril el titular de la Fiscalía Federal 1, Enrique Senestrari, luego de reintegrarse de una licencia por enfermedad, efectuó nuevos allanamientos y amplió las imputaciones a más personas. Además de Máscolo y Sodo Toranzo, se sumaron como partícipes necesarios del mismo delito Ricardo Salvador Quevedo, Norma Albina Solterman, María de los Ángeles Avendaño Ferrero, Javier Adrián Katz, Enrique Medeot, Pablo Ramon Máscolo (hermano del principal acusado) y Mirta Esther Bustos. La mayoría de ellos figuran también como titulares de algunos bienes o miembros de las sociedades sospechadas.

A partir de la causa Máscolo, la figura de Javier Katz adquirió relevancia y dio densidad al expediente al figurar como socio o nuevo gerente en numerosas firmas radicadas en Miami, cuando en realidad no se le conoce actividad económica o productiva.

La investigación no está cerrada. Hay una enorme lista de nombres a partir de sociedades inscriptas en el exterior. Es necesario dilucidar quiénes son, si son personas que compraron departamentos a través de sociedades creadas a su nombre con fondos demostrables, si son prestanombres o testaferros o si fueron involucrados desconociendo la situación.

PERFIL CÓRDOBA detectó por lo menos 16 LLC en Miami con el nombre Creska. Surgiría de la conjunción de Crescencio Bottiglieri, un empresario de la construcción riojano, y el apellido Katz. En serie se designan con los números de departamentos a que hacen referencia: Creska 218, 235, 425, 531, 621, 632, 638, 718, 723, 804, 807, 1007, 118 y 1138. El domicilio es el mismo: 19201 Collins Ave, Sunny Isles Beach, Florida.

Lo mismo ocurre con Berfransan, que sintetizarían los nombres de los hijos de Máscolo. La semana pasada se conoció que la empresa Berfransan 1130 está a nombre de Guillermo Cavagliato, hermano del presidente del Club Instituto de Alta Córdoba. Él explicó que compró un departamento y se despegó de cualquier ilícito.

La Justicia no sólo analiza los socios que figuran en la actualidad entre los cuales hay personas de Córdoba, Villa Nueva, Monte Grande (Buenos Aires) y Chaco, sino quiénes gestaron esas empresas y luego las transfirieron a otros. Con las LLC pueden esconderse los verdaderos dueños.