El reclamo lo hizo el fiscal Carlos Salinas al pronunciar su alegato en la causa en la que fueron condenados Oscar Pepa, Omar Ghisio, Jorge Rodríguez y Andrea Bensi y en el mismo sentido se expidió la Cámara del Crimen, instruyendo al Ministerio Público a analizar la conducta de varios "partícipes" que fueron mencionados en forma reiterada pero no alcanzados por la justicia.
El fiscal Carlos Pellegrino giró el 1ro. de febrero las actuaciones al Juzgado Penal 5, a cargo de Oscar De Marco, secretaría de Sebastián Rawson Paz, pero actualmente subrogado por el juez Horacio Tolosa, por otra razón de práctica: fue al que le tocó el turno al concluir la feria judicial.
Las fuentes consultadas consideraron demasiado pronto para saber si el 5 se abocará o si en cambio entenderá que corresponde girarlo a otro juzgado, de acuerdo a la fecha en que se cometieron los delitos.
Según trascendió, Pellegrino consideró que existen los elementos suficientes para avanzar en la causa como un desprendimiento de la original, que fue caratulada como "Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Y entendió además, que existen pruebas concretas de la participación del ex ministro y ex director del Banco de La Pampa, Oscar Negrotto, del empresario neuquino Enrique Halcak, del "facilitador" de negocios Rubén Queirolo, del empresario José Floridia y del ingeniero Carlos Opezzo.
Todos fueron mencionados como partícipes primarios de las reuniones en las que se acordaron las formas de trabajo y aún los porcentajes de participación para presentarse a la licitación privada en Unión Transitoria de Empresas.
En ese sentido, Pellegrino dejó puntualmente dicho que al empresario santarroseño Luis "Yiyo" Moldovan no se lo citará porque fue sobreseído en una primera instancia, porque si ese no fuera el caso, sería otro de los que debería sentarse en el banquillo de los acusados.
A Opezzo, Pellegrino solicitó que se lo cite a indagatoria por su doble rol: seleccionó la mejor oferta primero y fue su empresa la elegida para efectuar el control durante la construcción de la red cloacal de Intendente Alvear.
Al fiscal no le pasó desapercibido, tal como ocurrió durante el debate oral y público, que Opezzo declaró que se había dado cuenta que las empresas contratadas no tenían la solvencia necesaria para duplicar las tareas que requería la situación que se presentaba en la obra. Pero había sido quien había aconsejado primero que esas eran las mejores empresas para encarar el trabajo.
Otras voces indicaron que tampoco hay que descartar que ocurra lo que ya pasó en el inicio de esta causa, que el expediente recorrió juzgados y encontró numerosos jueces más prestos a declararse incompetentes que aquellos que aceptaron abocarse.
Pero también puede pasar que de inmediato se resuelva por hacer lugar al requerimiento fiscal y que se inicie otra causa que deberá terminar en un nuevo juicio oral y público. Esperemos que no pasen otros 10 años.
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