En una clara advertencia, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la ministra Elena Highton de Nolasco mantuvieron una reunión privada con el ex presidente de la Cámara Civil y Comercial Federal, Martín Farrell, y le señalaron “lo errado de renunciar al cuerpo y no resolver las recusaciones”, según señalaron a PERFIL fuentes judiciales. No fue una reunión distendida.

Hasta ahora, la Cámara Civil, que tiene en sus manos un recurso presentado por el Grupo Clarín que puede frenar nuevamente la Ley de Medios, no emitió resolución.

La mayoría de los miembros de la Corte Suprema se inclinaría por rechazar un eventual per saltum, que deje el conflicto por la Ley de Medios en su ámbito.

Los jueces creen que el conflicto implica “gravedad institucional”, una de las condiciones que estipula el per saltum para saltear instancias y llegar directamente a la Corte Suprema.

Neutralización. Si bien la Cámara Civil y Comercial Federal mantiene la decisión de ampliar la medida cautelar a favor de Clarín, hoy se encuentra paralizada y sus miembros enfrentados ante la madeja de recusaciones y denuncias penales presentadas por el Gobierno.

Por ello, los jueces de la Cámara decidieron reunirse en pleno el próximo lunes para resolver los pasos a seguir.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había solicitado que resolvieran la disputa, en forma paralela a las denuncias presentadas contra algunos de sus integrantes.

“Deberían rechazarse las recusaciones porque hay vasta jurisprudencia que niega la posibilidad de hacerlo cuando la causa principal se ha radicado con anterioridad”, dijo un integrante de la Cámara. Y advirtió que “una denuncia penal no inhabilita la posibilidad de resolver recusaciones de pares porque prima el principio de inocencia, así que lo que falta es voluntad política para llegar a una resolución”.

Hasta el momento, la única jueza de la Cámara que ha resultado “impermeable” al Gobierno ha sido María Susana Najurieta.

El presidente de la Sala I, Francisco de las Carreras, fue acusado por el Poder Ejecutivo de viajar a Miami a participar de un encuentro auspiciado por el Grupo Clarín y, por lo tanto, perder su imparcialidad en el conflicto. La Cámara debe definir su situación.

Entre las jugadas esperadas para resolver las recusaciones, los camaristas analizan convocar al fuero contencioso administrativo federal.

Sería un mecanismo para sacarse el problema de encima y derivarlo a otro ámbito.

El fuero contencioso administrativo tiene mejor sintonía con el Gobierno. Allí, las recusaciones podrían llegar por el lado del Grupo Clarín.

Estas tácticas procesales brindan ventaja al Gobierno, que sólo intenta paralizar la causa de la Ley de Medios para que Clarín no obtenga una extensión de la suspensión de los artículos de la ley que lo obligan a desprenderse de licencias. Por ahora, el plazo vence el próximo 7 de diciembre, el famoso “7D”.

Inesperado –pero posible– sería que el juez Horacio Alfonso resuelva la constitucionalidad de los artículos impugnados por Clarín. Sería prácticamente un jaque mate.