La megacausa en la que se investiga una asociación ilícita que tramitaba de manera irregular beneficios previsionales ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) sigue avanzando. En las últimas horas, el juez federal Santiago Inchausti firmó la elevación a juicio de la primera parte de la causa, que incluye a 13 abogados, médicos y exfuncionarios públicos, además de 20 beneficiarios. Entre los acusados se encuentran los integrantes de la sociedad “Organización Jurídico Previsional SRL” -Roberto Balbuena, Luis Miguel Iros, Ruben David Cagni y Luciano Conrado Diez Suarez- y la pesquisa llegó evidenciar la presunta defraudación al estado nacional por cerca de 90 millones de pesos.

La resolución judicial de más de 230 páginas toma los lineamientos oportunamente detallados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación –con el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal general Daniel Adler-, a excepción de un caso de cohecho, respecto de los principales acusados, según informó la página fiscales.gob.

De esta manera, "irán a debate oral y público 13 de los supuestos integrantes de la asociación ilícita -entre quienes se encuentra también la contadora del estudio previsional, entonces funcionarios públicos de AFIP, ex funcionarios de la Comisión Médica y médicos- y de 20 beneficiarios, por un universo de cuarenta y siete beneficios previsionales. Sin embargo, la cantidad de integrantes de la asociación ilícita de acuerdo a la investigación fiscal asciende a 25 personas y el número de casos a 361. Este otro tramo de la causa se encuentra a la espera de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata".

"De acuerdo a la pesquisa, para alcanzar sus objetivos, la organización se valió de diversas maniobras, como la alteración de registros de la Afip, tenencia de DNI, utilización de diversa documentación falsa como certificaciones de servicios y recibos de sueldo, de sellos médicos, de la instalación de un consultorio médico no habilitado a tal fin, del supuesto extravío de los expedientes administrativos, la influencia sobre diversos funcionarios públicos mediante ofrecimientos económicos, y la dilatación intencionada de los trámites previsionales, entre otros", detallaron.