Este medio descubrió un desarmadero que contiene vehículos oficiales de Municipios, Provincia y hasta Nación.
Por: Juan Carlos Andrada.
Las irregularidades con recursos públicos están a la orden del día en una Catamarca dominada por Raúl Jalil y una nueva de ellas, de suma gravedad, fue descubierta por El Intransigente, y no es difícil presumir que seguramente esconda un negocio millonario. Justo frente al Pantanillo, una calle de tierra lleva hasta un desarmadero privado donde fueron a parar vehículos oficiales de municipios, Provincia e incluso Nación.
En el lugar pueden verse infinidad de móviles policiales, ambulancias, camiones de diferentes comunas e incluso una camioneta con el logo «Presidencia de la Nación», con la patente INA 475.
La impunidad ya es regla en la Catamarca de los Jalil
Lo llamativo es la impunidad y el sigilo para descartar bienes del Estado sin el debido procedimiento legal y administrativo, pues la mayoría de los catamarqueños, por no decir todos, desconocen que los vehículos de diferentes Ministerios del Gobierno de Catamarca (Seguridad, Salud y Gobierno y Justicia, etc) están siendo vendidos como autopartes. Lo que implica un negocio millonario para particulares y seguramente funcionarios.
De manera que no solo hacen uso y abuso de móviles cuando están operativos, sino que ahora una vez que dejaron de funcionar siguen usufructuando de los mismos, aprovechádose de que no hay controles. Los legisladores duermen, los fiscales no leen los diarios, los senadores son ciegos, sordos y mudos, la oposición es cómplice y los oficialistas van a preguntar por qué no los incluyeron en el negocio. Por ahí pasa el enojo.
Si lo saben o si lo desconocen es igual de grave
Si las autoridades conocían o no de este tipo de delitos, es igual de grave. Si lo desconocían, entonces no tienen idea de lo que pasa en cada ministerio. Son inoperantes con poder cuyo desenlace debería ser sentarlos ante la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si conocían, forman parte de la corrupción estatal convencidos que los políticos jamás van a presos y que no pasa nada, aunque los hechos comprometidos se descubran y sea información delicada en dominio de la gente.
A la memoria traemos las denuncia de la Comisario Nilda Leguizamón por combustible y doble seguro de móviles policiales que estaban tirados en un cementerio de vehículos perteneciente a la fuerza de Seguridad. Las autoridades fueron por Leguizamón y su esposo, el Comisario Robledo. Con represalias, atropellos, pruebas inventadas, hasta falsificación de firmas de la exgobernadora Lucía Corpacci para quitarle su trabajo y sus derechos. Todo por denunciar. Marcos Denett, el Fiscal de Estado, dedicado a tapar la corrupción y perseguir a los honestos, los hicieron pasar muy malos momentos y los arruinaron para que ellos sigan el choreo por lo que se evidencia en este artículo también.
¿Y la ministra de Seguridad? En algún simulacro. ¿Y el ministro de Salud? Recortando presupuesto para los trabajadores sanitarios y los hospitales del interior. ¿Y el ministro de Gobierno? De viaje por el mundo. ¿Y el titular del Tribunal de Cuenta? Promoviendo la carrera política de su hijo para que también viva del Estado. ¿Y el Fiscal de Estado? Preocupado por “Bubu”, que se le acaba como diputado.
La presencia de este cronista en el lugar: amenazas y prepotencia
Este cronista que estuvo en el desarmadero privado consultó por la cantidad de vehículos oficiales en el lugar y todo terminó en agresiones y amenazas. Ante el cuestionamiento periodístico, los encargos del lugar respondieron “qué m… te importa a vos”. Y me conminaron a abandonar el predio, advirtiendo que cualquier tipo de publicación iba a ser motivo para “la paliza de tu vida”.
La verdad vence: un registro ineludible para la población de Catamarca
Aunque fui sacado a los empujones, ya antes habíamos hecho el trabajo de registrar con fotografías la irregularidad para los lectores de El Intransigente. Los rufianes se escondieron cual cucarachas. Pero se logró hacer un video desde afuera que perdurará como registro imposible de contradecir y desmentir de valiosos recursos públicos utilizados como desarmadero, a las espaldas de la población.
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