Por Luis Bruschtein.

El inmenso apagón originado en la propiedad de un ex funcionario macrista y un atentado en Rosario cuya intención más que evidente fue provocar el escándalo y la desestabilización fueron el encuadre fantásmico --el destino, la casualidad o una mano negra-- al informe presidencial ante el Congreso de la Nación.

“En medio del corte de luz masivo, Alberto Fernández tuiteó su discurso con una insólita frase: 'Argentina es un gran país'” fue el titular de Clarín en la tarde de ese día. Argentina no es un gran país, según este titular que buscó refutar el discurso de Alberto Fernández, aprovechándose de ese contexto misteriosamente negativo que se produjo ese día.

El atentado contra el supermercado del suegro de Lionel Messi deja mucho para pensar. Unas horas después del discurso presidencial, dos hombres se bajaron de una moto y dispararon 14 veces contra las cortinas del comercio, dejaron una nota con amenazas al capitán de la selección nacional y huyeron. El suegro de Messi no participa en política ni en la interna de ningún equipo de fútbol. El objetivo fue realizar un atentado que tuviera tremenda repercusión. Y eligieron hacerlo unas horas después del discurso de Alberto Fernández, en el que se refirió, entre otros puntos, a la inseguridad en esa ciudad.

¿Fue Messi el objetivo?

Aunque la amenaza mencionó a Messi, no está claro que el astro futbolístico ni su suegro fueran los objetivos. Rosario es el escenario de una guerra de narcos, es una ciudad azotada por la violencia, con un record de asesinatos muy por encima del resto del país. Pero además, esa realidad es el eje de un debate donde todos se echan la culpa. Lo real es que Rosario fue gobernado desde 2007 por la oposición socialista, que a nivel nacional, por lo general vota junto a la oposición derechista de Juntos por el Cambio. Pero en 2019 asumió la gobernación el peronista Omar Perotti, que fue en las listas del Frente de Todos.

Tanto el macrismo como el socialismo afirmaron, sin evidencias, que cuando fueron gobierno nacional o provincial habrían logrado controlar el fenómeno narco. Ahora le cargan la romana a Perotti y a Fernández. En su discurso, el Presidente había acusado a la Corte y a la oposición de congelar a la Magistratura que debería designar a los jueces y fiscales faltantes en Santa Fe. Son los tribunales que faltan para agilizar la lucha contra esta lacra. Horas después se produjo el atentado que repercutió en todo el planeta.

La responsabilidad del macrismo y la Corte en la parálisis de la Magistratura es indiscutible. Y también lo es a esta altura, que la injerencia del narco en Rosario ha tomado una envergadura que necesariamente compromete a sectores de la política, de las fuerzas de seguridad y hasta a funcionarios judiciales. El ala dura del macrismo habla de enviar al ejército, pero ya no se trata solamente de un tema militar, sino económico, geopolítico y social.

El Ejército y las drogas

El envío por sí solo de más gendarmes o tropas del ejército sin un enfoque más amplio, puede conducir al fracaso que ocurrió donde se han aplicado esos métodos, como en México. La semana pasada el ministro del gobierno derechista del PAN de principios del milenio, encargado de combatir a los narcos mexicanos, Genaro García Luna, fue condenado en los Estados Unidos por introducir a ese país 53 toneladas de cocaína del cartel de Sinaloa. El año pasado fue condenado el jefe de la Policía Federal de México, Iván Reyes Arzate por el mismo delito. Cuatro generales y un teniente coronel fueron procesados por dar protección a un alto jefe narco que después cayó en desgracia.

En Santa Fe, Argentina, hay varios ex jefes de la división antidrogas detenidos por colaborar con las bandas. El ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, fue procesado por el mismo delito. En un problema tan complejo y tan grave es suicida tratar de sacarle rédito político con acusaciones al bulto o con soluciones milagrosas. No se puede combatir una mafia con otra mafia como propone Patricia Bullrich. En esa fórmula las fuerzas de seguridad o militares se exponen a la corrupción y aumentan las víctimas jóvenes y pobres entre la población civil, como sucedió en el sur con los crímenes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

Es un país de demasiadas “casualidades”, como que una organización utraderechista, relacionada con el grupito de lúmpenes que intentó asesinar a Cristina Kirchner, haya sido financiada por empresas de la familia de Luis Caputo, amigo de Mauricio Macri; o donde la casualidad hizo que espías aleccionados por el macrismo hayan decidido espiar por cuenta propia a enemigos y críticos de Macri; o donde la casualidad hizo que la gran mayoría de las causas contra Cristina Kirchner cayeran en el juzgado del fallecido Claudio Bonadio y su compadre Carlos Stornelli.

El papel del incendio

En un país de tantas casualidades sería conspiranoico suponer que un incendio en campos de un ex funcionario macrista destruyera un cable de alta tensión que sacaría de servicio a la central atómica de Atucha para dejar sin luz a medio país pocos minutos después del discurso presidencial. Por “casualidad”, el incendio se inició en sitios estratégicos muy puntuales debajo de la línea de alta tensión, en campos del macrista Ricardo Elliot, ex funcionario en Pilar.

En la información de los medios corporativos, el discurso presidencial fue rápidamente sobrepasado por las amenazas a Messi y por el apagón. Esta casualidad alcanzó para contradecir al discurso presidencial cuando dijo que “la Argentina es un gran país”.

Cuando Alberto Fernández lanzó su crítica al funcionamiento de la Corte y la realización del lawfare por el macrismo, la oposición macrista comenzó a rechiflar y a gritar en forma desaforada. Pareció una escena arreglada incluso con los dos únicos miembros de la Corte que asistieron y que son los dos que fueron designados por Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La complicidad entre la oposición y la Corte

La intención fue mostrar a la oposición defendiendo a capa y espada a los inmaculados jueces de la Corte del ataque populista patotero. Pero el griterío, las chiflatinas y las actitudes burdas de los legisladores de la oposición los mostraron a ellos como patota y dieron vuelta el sentido de la escena. En vez de concitar indignación confirmaron la acusación que había formulado el Presidente de complicidad entre unos y otros.

La persecución judicial a Cristina Kirchner estuvo presente en el discurso presidencial que se emitió por cadena nacional. La credibilidad o expectativa que tuvo de punto de partida el complot judicial se esfuma con rapidez después de una condena sin pruebas y con tantas irregularidades.

Esa condena fue el punto de inflexión. Un síntoma fue la inmediata denuncia de Cristina Kirchner contra su proscripción. Se le sumó el discurso presidencial. La reunión que mantuvo la vicepresidenta el jueves con las integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sugiere el comienzo de una campaña internacional.

La condena a seis años con inhabilitación para ocupar cargos públicos fue el disparador de artículos periodísticos en medios internacionales que comenzaron a tomar el caso de Cristina Kirchner como paradigma del lawfare o guerra judicial. Los jueces, fiscales y la Corte de Argentina empiezan a configurar un ejemplo negativo en el mundo. El 9 de marzo se conocerán los fundamentos de la condena y ya se está trabajando en la convocatoria a un acto popular para el 11. Era inevitable que el lawfare y la manipulación de la Justicia concluyera por resquebrajar al Poder Judicial.