El senador nacional del Frente Cívico y Social, Oscar Castillo, opinó que las designaciones “en comisión” de Fernando Rosenkrantz y Carlos Rosatti realizadas por el presidente de la Nación, Mauricio Macri para cubrir las vacantes en la Suprema Corte de Justicia, están “contempladas en la Constitución Nacional”, una aseveración profusamente descalificada por miembros de la UCR, destacados constitucionalistas y hasta encumbrados funcionarios del PRO.
Y mintiendo descaradamente, Castillo aseveró que "no he escuchado que nadie los cuestione y las objeciones que se pueden escuchar tienen un claro componente político”, consideró, entendiendo que "provienen sobre todo de intereses personales o sectoriales que tenían expectativas para ocupar esos lugares vacantes en el tribunal superior”.
En este plano cabría preguntarle al senador Castillo que "intereses personales o sectoriales” defienden sus correligionarios Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y Julio Cobos, quienes entre otros cuestionaron la decisión de Macri.
Sin rodeos el diputado radical de la UCR, Ricardo Alfonsín criticó la designación de citados los jueces y dijo que "la manera, aunque sea legal, deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política". Y a través de su cuenta en la red social Twitter, Alfonsín aclaró que la medida es "legal" pero la consideró contraria a los valores republicanos.
Por su parte, el jurista y también diputado nacional del radicalismo Ricardo Gil Lavedra dijo que "la decisión es grave y no es sostenible". En diálogo con radio Mitre, el constitucionalista señaló que "la Corte Suprema tiene que tener una particular legitimidad en sus modos de designación" y agregó que "los candidatos no se merecen estar en boca de este procedimiento tan irregular".
Y en declaraciones radiales, Cobos afirmó que "me ha sorprendido y era innecesario", remarcando que "no encuentro razones para que sea por decreto y no por envío al Senado y convocatoria a extraordinarias, si es que hay celeridad a su criterio", concluyó el radical mendocino.
¿Afonsín, Gil Lavedra y Cobos "tenían expectativas para ocupar esos lugares vacantes en el tribunal superior…”, como dijo Castillo? . Otra grave falsedad del hijo y secretario privado de gobernador de facto durante la dictadura militar de 1976 a 1983, Arnoldo Castillo, quien llegó a renunciar a su afiliación a la UCR para adherir a los estatutos del "proceso”.
Por si no hubiera escuchado o leído los pronunciamientos de su correligionarios, Castillo debiera conocer la opinión del constitucionalista Daniel Sabsay, acérrimo objetor de la ex prsidenta Cristian fernánde z de Kircner, quien lisa llanamente pidió que "Macri debería dar marcha atrás” con estas designaciones, argumentando que "la capacidad de volver de los errores es sólo de los grandes".
Para el reconocido abogado, reconsiderar la medida no perjudicaría a Macri sino que "lo engrandecería".
Sabsay calificó a las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como un "procedimiento de terror" y de una "inconstitucionalidad manifiesta". E insistiendo que "que (Macri) dé marcha atrás" con las designaciones, se preguntó: "¿Qué seguridad jurídica se puede dar a un país si los miembros de la Corte se nombran a dedo?".
Más tarde, Sabsay manifestó que con este decreto el país entra en "un terreno que no tiene precedentes en la vida contemporánea moderna”. Y opinó: "Si Macri trató de evitar el conflicto en el Senado, se lo ganó en el Poder Judicial". Para él, el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, en el que se apoyó el mandatario, está derogado por su no uso.
Y hasta del mismísimo PRO, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que "no estaba contento" con la medida y que la decisión fue tomada "sin su acuerdo", deslizando que "Macri reparte el poder en su equipo, como hizo siempre. En esto, el que estuvo involucrado fue (Fabián) Rodríguez Simón", aseguró una de las fuentes consultadas, en alusión al abogado (amigo del Presidente) señalado como el cerebro de la decisión de Macri.
Claro, es difícil comprender que a todas estas expresiones las comparta Oscar Castillo conocedor y acostumbrado a las gestiones antidemocráticas como las del "proceso”, sin el más mínimo apego por los valores republicanos, además de notorias participaciones en las sugerencias y nombramientos de jueces adictos, en comisión, como se daba el gusto de promover en los tiempos que siguieron a la intervención federal en la provincia. Es decir que esperar que Castillo defienda los principios constitucionales es como encomendar al zorro que cuide las gallinas.
Evidentemente, el senador Castillo no debe aparecer entre los mejores defensores del presidente Macri en estas polémicas designaciones.
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