Este miércoles la comisión de Información y Seguimiento de las causas judiciales en curso contra Vicentin SAIC celebró una audiencia pública para analizar la situación procesal del caso.

El diputado provincial santafesino Rubén Giustiniani, que estuvo presente en el encuentro como integrante de la comisión de seguimiento, sostuvo en AM750 que el escándalo Vicentin es el default más grande de la historia de su provincia. 

En diálogo con Aquí, Allá y en Todas Partes, Giustiniani recordó que hay tres denuncias penales en curso, una en la ciudad de Reconquista, otra en Rosario y la tercera en la Ciudad de Buenos Aires. Y que el 4 de diciembre de 2019 Vicentin anunció que no podía cumplir con los pagos debido a un "estrés financiero". 

Según el legislador, poco tiempo antes de la comunicación del default el Banco Nación -en ese momento a cargo de Javier Gonzalez Fraga- dio un préstamo de 300 millones de dólares a la empresa. "Vicentin había pasado a ser la primera exportadora de granos en 2019 y después de eso cayó en default", agregó.

Sobre este punto, el integrante de la comisión de seguimiento reveló que la deuda de Vicentin alcanza los 1350 millones de dólares. "La cesación de pagos más grande de la historia de Santa Fe", insistió. 

"Hay muchos responsables", indicó Giustiniani, consultado por los préstamos asignados a la empresa. La investigación arrojó que Vicentin dejó de cumplir con sus compromisos en agosto de 2019 y que el Banco Nación aprobó créditos por fuera de lo que correspondía. "Es un perjuicio al Estado Nacional muy grave, y es dinero de todos los argentinos", reflexionó. 

¿En qué situación están los trabajadores y productores agropecuarios?

Hay más de 2200 empleados vinculados de manera directa a Vicentin y 7 mil que dependen de empresas vinculadas a ella. Para Giustiniani, "el peor escenario sería la quiebra y el desguace" porque dejaría como variable de ajuste a trabajadores y productores. 

Por último, el legislador contó que una de las salidas que se planteó en la comisión es un salvataje del que participe el Estado, pero advirtió que se necesita de la "voluntad política" del gobierno nacional y del gobierno provincial de Santa Fe.