A partir de la semana que viene se abrirá una nueva etapa de la interminable disputa, encabezada por el intendente Juan José Bahillo y la Oficina de Defensa del Consumidor (OMIC), para que Telecom cumpla con la ley y reabra la oficina de atención al cliente que hace varios años dejó de funcionar en Gualeguaychú.

Aunque aún no está definida la fecha exacta, el Juez Arnolfi ya informó a los abogados del Intendente la disposición: en los próximos días los usuarios que así lo deseen podrán adherir a la demanda contra la firma.

Hace más de tres meses el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº3 instó a la firma a que reabra la oficina de atención al cliente en Gualeguaychú, “bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias, que se estiman en 5 mil pesos por cada día de retardo”.

No solo la empresa no cumplió por lo dispuesto por la Justicia, sino que tampoco pagó un peso de la multa. Durante los últimos días de abril y todo junio, la multa fue de 6 mil pesos diarios y, de no normalizarse la situación, durante julio ascenderá a 7 mil pesos por día. Por lo que, hasta el momento, Telecom le debe al Estado más de 200 mil pesos, de los cuales no ha pagado nada.

Por otro lado, en su momento el Juzgado ordenó que se comunique a todos los usuarios afectados sobre la existencia de la acción, debiéndose indicar el planteo efectuado, qué es lo que concretamente se solicitó con la acción y que todos los usuarios afectados por la falta de una oficina comercial en la ciudad que permita la atención personalizada, puedan comparecer al juicio como partes del proceso.

Así, todos los usuarios de Telecom afectados podrán adherir a la demanda encabezada por Bahillo. A tal efecto se ordenó la publicación de edictos y la comunicación a los medios de comunicación. Por lo que, en los próximos días, probablemente en el transcurso de la semana que viene, los vecinos de la ciudad que se sientan afectados por la falta de una oficina de atención al cliente podrán hacer efectivo su acompañamiento formal a la medida.

Un conflicto interminable

A fines del año pasado, la Justicia hizo lugar a la medida cautelar solicitada, estableciendo que “provisoriamente durante la sustanciación del proceso, Telecom Argentina S.A. deberá garantizar la atención personalizada y gratuita a los usuarios, en una oficina comercial abierta en esta ciudad a esos efectos (Art.27 de la ley de defensa del consumidor)”. Y en tal sentido, “deberá proponer las medidas necesarias para comenzar dicha atención en un plazo de diez días de notificada la medida, informando lugar personal afectado y sistema que se utilizará”.

Pero, a más de seis meses de presentada la demanda, la empresa no reabrió su oficina, incumplió la Ley de Defensa del Consumidor y, por ahora, deja a miles de usuarios sin la posibilidad de tener un canal personalizado donde efectuar trámites y reclamos.