El secretario tutelar de la Justicia salteña, Ernesto Douthat, puso en vidriera el sometimiento del Ministerio Público salteño, conducido por Pablo López Viñals, a los caprichos del poder político.

Douthat declaró ante la fiscalía penal 5 acerca del escándalo que desencadenó el presidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados, Pedro Sández, cuando, en octubre, para responder a un informe publicado en El Tribuno sobre apropiaciones ilegales de tierras en Tolloche y Talavera, cargó contra los abogados David Federico y Diego Protti acusando al primero y a un grupo de abogados de Metán de formar parte de una banda de apropiadores del niños.

El despropósito de Sández llegó a involucrar a la misma defensora general María Inés Diez.

Douthat quedó en medio del escándalo porque Sández invocó declaraciones suyas acerca de supuestas irregularidades en guardas de menores que habrían ocurrido en Metán donde fue juez David Federico Protti, hermano del abogado de los pastajeros que acusan a Sández, a Manuel Godoy y a un grupo de aparentes testaferros en la apropiación de tierras. La asociación solo sería explicable por una pretensión de venganza contra los abogados Protti. Una venganza de rasgos patoteriles.

P. López ViñalsPROCURADOR GENERAL No habla pero adiestra a sus fiscales para que impulsen causas inexplicables y archiven denuncias como las del caso Tolloche.

Las confusiones del anteño

El secretario tutelar había accedido en 2012 a enviar a la Cámara de Diputados un informe sobre los trámites de adopción en el Distrito Judicial Sur. De allí se tomó Sández para calificar de "excesiva" la cantidad de "niños dados en adopción en los últimos diez años se acrecientan cada vez con más fuerza". Dijo que le resultaba llamativo que "entre el 2000 y 2010 el Juzgado de Metán haya otorgado 50 adopciones y que en los distritos del Norte (Orán y Tartagal) se registrara una cifra cinco veces menor". Los datos numéricos no coincidían, y Douthat aclaró entonces que el informe corresponde a "guardas con fines de adopción" y no a procesos de adopción propiamente dichos".

"No hay mucha diferencia", dictaminó Sández.

"El despropósito"

El seis de febrero, Douthat declaró ante la fiscalía de turno que todo lo que dijo el legislador anteño son "sandeces", haciendo un juego de palabras con el apellido del presidente del bloque oficial.

El Diccionario de la Real Academia define a "sandez" sin tilde - como "despropósito, simpleza, necedad".

Ese es el término que figura en la declaración del funcionario judicial, un lugar donde las ironías no cuentan, aunque fastidien al destinatario.

El secretario tutelar afirmó que "no existe denuncia expresa fundada sobre irregularidades o delitos cometidos en la entrega de menores".

"Lamento que todo este incordio haya nacido de controversias políticas en el seno de la Cámara de nuestros representantes, en la cual algunos miembros han manifestado sandeces, y en la cual otros a los cuales consideraba dignos artífices de la defensa han demostrado que la política puede más que la idea de la Justicia y el Derecho".

Pedro Sández PTE. BLOQUE DEL PJ "La mafia de las adopciones, el complot que son los Protti, está comprobado, han hecho un festival entregando chicos".

Douthat acredita una extensa trayectoria como funcionario judicial a cargo de las guardas y adopciones. En su declaración hace referencia a un período extenso en el cual prevaleció la discrecionalidad en estos trámites y que motivó, a partir de 1997, una revisión legislativa y procedimental.

En su declaración, desvincula al ex juez David Federico Protti de cualquier sospecha. "Entre 2003 y 2008 correspondientes a la gestión de Protti - las guardas adoptivas en Metán corresponden a la media normal en comparación con otros juzgados y distritos durante el mismo período", afirma en el escrito. Incluso ratifica que en una oportunidad, el magistrado denegó una guarda por considerarla sospechosa y una cámara civil revocó el fallo y entregó al niño "por mala aplicación del Derecho por parte del Tribunal de Alzada".

Marcha atrás del diputado

Por cierto, el propio Sández había dado marcha atrás cuando los fiscales lo citaron a declarar. Él no se presentó, envió un escrito a través de un empleado de la Casa de Gobierno, con opiniones difusas y sin nombrar a una sola de las personas a las que había acusado.

Solamente en el fuero civil Pedro Sández acumula cerca de sesenta denuncias que incluyen cuestiones comerciales y familiares.

Definición categórica y elocuente ERNESTO DOUTHAT "... en el período indicado de 2003 a 2008 las guardas adoptivas dictadas en Metán corresponden a una media normal... Lamento que todo este incordio haya nacido de controversias políticas...

El escándalo que protagonizó a partir del 20 de octubre pasado revela un manoseo absoluto de su rol como legislador, que incluyó un probable delito en violación al derecho de un menor a la intimidad.

Ni eso, ni los abusos de poder denunciados por los pastajeros fueron investigados por la Procuración que prefirió sumarse a lo que el secretario tutelar denominó "sandeces".

Una Procuración "a la carta" para oficialistas

La subordinación de Pablo López Viñals y sus fiscales al poder político quedó en evidencia plena. Lejos de investigar las denuncias de los pobladores anteños, el Procurador ordenó a dos fiscales, Marcelo Rubio y Maximiliano Troyano, que se ocuparan de los dichos del legislador oficialista, una figura que a pesar de su nula formación jurídica influye en el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento gracias a su cercanía con Godoy y López Viñals.

Ante la indiferencia de los diputados oficialistas, Sández logró que los fiscales imputaran en tres días al ex juez David Federico Protti y a otras cinco personas y realizaran allanamientos sin ton ni son en Metán, incluido el domicilio de una mujer postrada y el edificio donde funcionaba el Colegio de Abogados metanense, hoy abandonado luego de que se inaugurara la nueva sede en un acto en el que estuvo López Viñals. El escrito rubricado por Douthat, el abogado Diego Protti y el auxiliar de la fiscalía Federico Farfán describe a la investigación de hechos tan graves como el destino de los menores, como una cadena de torpezas que el declarante interpreta como un "incordio nacido de controversias políticas" que demuestra que, en Salta, "la política puede más que la idea de la Justicia y el Derecho".