Lucía Sánchez Lucero. A primera hora de la mañana de ayer, el dictamen del procurador municipal Mariano Perticarari respecto al posible reemplazo irregular de concejales con pedidos de licencia por parte de la Unión Cívica Radical, ingresó al Concejo Deliberante. El informe no trajo buenas noticias para el oficialismo: si bien no se contradijo el escrito remitido desde la Asesoría de Gobierno –que manifestó una posible violación de la “voluntad popular”-, Perticarari sostuvo que ni en el Reglamento Interno del Cuerpo ni en la Ley Orgánica de las Municipalidades se encontraban reglamentadas las formalidades del procedimiento de reemplazo.

Esto es, precisamente, lo que ha sostenido el radicalismo desde que se desató el conflicto por la presentación de una nota de Rosana Morrone para advertir que no se la había convocado para asumir como concejal ante la ausencia de Maximiliano Abad y Mario Rodríguez.

Durante el tratamiento del expediente en comisión de Legislación, hubo posturas contrapuestas, aunque algunas más flexibles que otras. Acción Marplatense, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador no mostraron signos de querer terminar con el conflicto, sino de profundizar en el desempeño de la UCR, pero sin proponer una línea de acción concreta. Sólo acordaron volver a reunirse semanalmente para abordar la problemáticamente de manera exclusiva.

La Agrupación Atlántica, en tanto, propuso zanjar el asunto con una disculpa del radicalismo y el reconocimiento de haber cometido un error. Por su parte, los radicales deslizaron que se tomarían “precauciones” en el futuro para no incurrir en la misma conducta, pero se aferraron al dictamen del Procurador para deslindar responsabilidades.

Tanto desde AM como el FpV hicieron caso omiso del contenido del informe del Procurador. Los oficialistas enfatizaron en la falta de la nota de excusación de Morrone a pesar de que Perticarari determinó que el procedimiento formal no está establecido, mientras que los kirchneristas exigieron la anulación de los decretos de designación de Gonzalo Quevedo (quien asumió en lugar de Morrone), cuando la Procuración recalcó que, a prima facie, no podía hablarse de nulidades porque no intervino una persona ajena al deliberativo.        

DICTAMEN   

Desde la Procuración Municipal se hizo un repaso por los artículos del Reglamento Interno del Concejo y de la LOM que abordan el tema del reemplazo de concejales, pero concluyó que “las formalidades del procedimiento de reemplazo no se encuentran reglamentadas”. Además, Perticarari describió la modalidad por la cual se recepcionan las excusaciones de los concejales titulares y la aceptación de las mismas por parte del pleno del Cuerpo.

De acuerdo al Procurador, de los antecedentes remitidos para su consulta, surge “que todas las convalidaciones fueron por unanimidad”. Es que los pedidos de licencia se votan en el recinto de sesiones.

En esta línea, el funcionario deja en manos de los integrantes del Concejo el determinar si se han cometido o no irregularidades.       

A título personal, Perticarari señaló que, como principio general, “quien sostiene una cuestión es quien debe probar la misma” y mencionó que en este caso en particular “quien sostuvo la imposibilidad de un concejal suplente de asumir por cuestiones laborales, debería poder acreditar tal situación”.

“La ilegalidad de un acto administrativo o de una norma de carácter legislativa no se presume, sino que por el contrario debe ser acreditada”, sentenció. Es que para el Procurador, “sólo aparece un indicio a partir de las manifestaciones” de Morrone.

Algo importante que plantea Perticarari es que esta cuestión debería ser ampliada “conforme a las presentaciones que Morrone efectúe a partir de contar con la información por ella misma solicitada”. Según consta en el expediente, la edil suplente tomó conocimiento de lo requerido ante las autoridades del Deliberativo el 21 de abril, pero no prosiguió con su reclamo.

Por último, en cuanto al planteo realizado una y otra vez por parte del oficialismo en cuanto a la posible nulidad de lo votado en las sesiones en las que participó Quevedo, Perticarari también da por tierra esta teoría. Aseveró que no se visualiza una nulidad absoluta en la normativa sancionada, ya que “quien ha intervenido no resulta ajeno a la labor legislativa”.

El debate continuará esta semana cuando la comisión de Legislación vuelva a abocarse al tratamiento del expediente, con la posibilidad de abrir una investigación tal como lo solicitaron desde AM y el FpV. Tal vez la incógnita más grande en este asunto es por qué ninguna de las partes ha propuesto cursar una invitación a la mismísima Morrone a fin de aclarar la situación en la que se vio inmersa.