Raúl Estrada Oyuela recordó que la Asociación Vecinos de La Boca lleva más de dos décadas impulsando la intervención judicial para remediar la grave situación ambiental del Riachuelo. Desde 2004, cuando se inició la demanda contra empresas contaminantes y organismos gubernamentales, la causa se ha enfrentado a múltiples obstáculos. "La Corte ha venido solicitando información desde 2004 y nunca tuvo un panorama claro sobre la magnitud de la contaminación ni sobre los responsables específicos", explicó.

Una de las problemáticas centrales, según Estrada Oyuela, es la falta de peritos capacitados y de datos confiables sobre la contaminación en la cuenca. “En 2007, la Corte pidió a la Universidad de Buenos Aires que emitiera un dictamen sobre la situación, pero la UBA respondió que no podía hacerlo por falta de información adecuada”, relató. Incluso en la actualidad, la justicia federal sigue sin contar con los peritos ambientales necesarios para evaluar de manera integral la contaminación y sus impactos.

Una sentencia sin ejecución y la vacante del defensor del pueblo

Estrada Oyuela también subrayó que la Corte Suprema dictó una sentencia en 2008 que urgía a detener el “escándalo ambiental” del Riachuelo, pero la falta de un seguimiento efectivo y de un defensor del pueblo ha impedido cualquier avance real. "Hoy no hay nadie que defienda a los ciudadanos en esta causa. Desde 2009, el cargo del defensor del pueblo está vacante, y no parece haber interés político en cubrirlo", lamentó.

El rol del cuerpo colegiado y las ONG

Ante la vacante del defensor del pueblo, el seguimiento de la causa recayó en un cuerpo colegiado conformado por varias ONG, incluidas Greenpeace y la Asociación Vecinos de La Boca. Sin embargo, Estrada Oyuela denunció la insuficiencia de recursos y la politización de algunas organizaciones participantes. “Greenpeace dejó de actuar, y otras ONG tienen sus propias agendas, lo que dificulta una defensa coherente y efectiva del ambiente”, agregó.

Un llamado a la justicia ambiental

En sus palabras finales, Estrada Oyuela hizo un llamado a las autoridades judiciales y políticas para que no abandonen el caso. "Cerrar este expediente no sólo sería un acto de ignorancia, sino también una traición a las miles de personas afectadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo", concluyó.