La resolución se conoció esta mañana y lleva la firma de los camaristas Ricardo Venialgo y Marina Ruth Di Laccio. Ahora el expediente volverá al juzgado de Instrucción Uno, de Marcelo Cardozo, que en breve lo remitirá a la Fiscalía para la elevación a juicio.

Fuentes judiciales indicaron que se tuvo en cuenta el monto de la pena previsto para el delito que le imputan a los efectivos (“torturas seguidas de muerte”) y la existencia de riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y de fuga en caso de que quedaran en libertad los sospechosos.

En el juzgado de Cardozo la investigación está en la recta final. Solo quedan algunas medidas de prueba, como pericias de ADN y celulares incautados. Si todo sigue su curso normal, en los próximos meses el expediente será elevado a juicio. ¿Cuándo saldría el debate? Esto ya depende de los tiempos del tribunal en el que recaiga la causa y el volumen de expedientes que tenga para juicio.

A principios de septiembre habían apelado la medida los defensores de la oficial Lourdes Beatriz Tabarez, el sargento primero Claudio Marcelo Servián y el agente Carlos Da Silva, todos de la seccional XIII; y de los cabos primeros Lucas Nahuel Saravia y Ricardo Escobar; ambos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Uno. Este es el grupo de sospechosos imputado por el delito de “torturas seguida de muerte agravadas”.

También presentó un recurso de apelación la defensa del oficial subayudante Carlos Alberto Zidorak, del Comando Radioeléctrico, quien está acusado de “omisión funcional para evitar torturas”.

En menos de dos meses, la Cámara se pronunció acerca de los recursos.

Salvo la oficial Tabarez (alojada en la Cárcel de Mujeres de Posadas), el resto se encuentra recluido en el Instituto de Encausados de Miguel Lanús. De no mediar algún pedido especial o alguna decisión del magistrado o eventualmente del tribunal, continuarán allí hasta el debate.

También se encuentran ligados a la causa el oficial Javier Olmedo y el suboficial mayor José Veloso. Los dos prestaban servicios en la seccional XIII del barrio Guazupí. Están acusados de “encubrimiento”. Fueron los primeros en ser excarcelados.

El sábado 19 de julio Guirula y dos amigos entraron en el motel Park con dos prostitutas. Cuando ya se retiraban, el albañil tuvo una discusión con el conserje, porque se negaba a pagar la cuenta de lo que había consumido. Consideraba que lo que le querían cobrar era excesivo. Desde el albergue transitorio llamaron a la Policía y al rato cuatro patrulleros llegaron al lugar.

Guirula no solo fue recudido y esposado. La dieron una paliza brutal que hizo que llegara muerto en el patrullero en el que lo trasladaron a la comisaría XIII.

El juez Cardozo terminó de resolver la situación de los policías el 21 de agosto. Redactó una resolución por cada imputado. Fue un trabajo minucioso que le demandó varios días.

Para resolver la situación de los policías el magistrado tuvo en cuenta las declaraciones de los testigos, los elementos que surgieron en la reconstrucción del hecho; y lo que declararon los mismos imputados. En base a todos los indicios, se determinó el rol que le cupo a cada uno de los sospechosos y se calificó la conducta de cada uno de ellos.

En sus argumentos Cardozo también sostiene que hay indicios para suponer que una vez que se produce la muerte de Guirula, los policías lavaron la camioneta en la que lo habían trasladado, para borrar evidencia.