El proceso judicial en el que está imputado por coimas el fiscal de Río Segundo, Luis Nazar, no es un caso más. Como lo admitió la jueza Ana María Lucero Offredi en la resolución que confirmó la acusación de este funcionario, se trata de un caso de “gravedad institucional” que mereció de la magistrada “todos los esfuerzos conducentes a agotar la instrucción sin demora”. Esto, escribió, debido a la “importancia social” de este caso, “rayano en la gravedad institucional” por la “conmoción pública que ocasiona la sospecha de venalidad en un funcionario”.

Pero no sólo por eso. En honor de los antecedentes y de las relaciones de las personas involucradas, podría decirse que también es un caso de “gravedad política”. Por eso, su evolución y definición reclaman el interés público.

Nazar, el sospechoso de pedir coimas, es un hombre que viene de la política (fue concejal de la ciudad de Córdoba por el PJ en dos períodos), con vínculos en el poder político que todavía conserva. Tanto, que estuvo a punto de convertirse en vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba al resultar ternado por el Consejo de la Magistratura.

Ernesto Serafini, el presunto intermediario y cómplice de Nazar, es abogado y también un político. Hasta 2007 fue funcionario del Tribunal de Conducta policial, designado por el Ejecutivo provincial conducido por José Manuel de la Sota. Antes fue concejal de Río Segundo y secretario de Gobierno de ese municipio.

Nazar sólo podrá ser juzgado si antes lo destituye el Jurado de Enjuiciamiento (Jury) que integran un juez del Tribunal Superior y cuatro legisladores, la mitad de ellos del PJ: Walter Saieg y Domingo Carbonetti. Es un caso para seguir de cerca.