Las fuertes declaraciones mediáticas que se hicieron llevaron a la intendenta de Resistencia, Aída Ayala, a iniciar una querella por injurias contra el diputado Carlos Martínez, quien en ese entonces era un aliado al gobierno provincial. Pero el tiempo aquietó las aguas y repentinamente se conoció que la jefa comunal decidió desistir de la querella que se estaba tramitando en el Juzgado Correccional 2 a cargo de Lucía Martínez Casas de Sanchís, quien comunicó a la Legislatura chaqueña que el diputado querellado fue sobreseído total y definitivamente del delito de injuria.

No se conocen las razones por las cuales Ayala desistió de continuar con la querella, más aún luego de que se pidiera hasta el desafuero del diputado provincial, solicitud que ingresó en el Poder Legislativo durante noviembre de 2009 y en la que se hacía referencia a la causa iniciada por la jefa comunal a partir de las opiniones vertidas en 2008 en un portal digital, cuando Martínez acusó a Ayala y al Sindicato de Trabajadores Municipales de “crear fuerzas parapoliciales”, expresiones que se hicieron acerca de los incidentes ocurridos en la peatonal de Resistencia y de la responsabilidad que le cabía a la comuna.

El caso

Más allá de la nota periodística, el legislador había solicitado a la comisión de Derechos Humanos que investigara los hechos ocurridos en la peatonal durante la mañana del 14 de noviembre de 2008. También había impulsado una resolución en la que se expresaba “enérgico repudio” contra las amenazas del 19 de noviembre del mismo año denunciadas por integrantes de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Jerarquizados de la Municipalidad de Resistencia (Protejer) por parte de miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Finalmente, había remitido un pedido de informes a la intendenta del municipio capitalino sobre esos mismos sucesos, a partir de una publicación de NORTE en la que Armando Benítez y Ricardo Bougnart, secretario general y adjunto respectivamente de Protejer, revelaban que habían recibido intimidaciones y amenazas de muerte por parte de una treintena de empleados municipales.

Después de tanto barullo la decisión de la intendenta pasó inadvertida en la última sesión en la que la comunicación judicial tuvo ingreso formal pero nadie hizo mención alguna, por lo que sorprende que luego de ocupar esta causa los titulares en la provincia sorpresivamente pase desapercibida.