Cuatro años después, está cerca de llegar a juicio la causa en la que se investiga si Gamsur, cuando estaba en manos privadas, intentó estafar al Estado municipal a través de maniobras para inflar los mayores costos de 2008 en unos 5 millones de pesos. El fiscal Walter Guzmán dio por cerrada la etapa de instrucción y pidió que los dos imputados -los empresarios Juan Carlos Masoero y Alcides Capello- sean juzgados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa.

El caso generó revuelo en 2009, pocos meses después de que Juan Jure asumiera su primer mandato como intendente. Además, marcó el quiebre de la relación con los empresarios privados que entonces eran dueños de Gamsur y que terminaron vendiéndole sus acciones al Estado municipal. Lo cierto es que la empresa de higiene urbana y alumbrado, que había creado Alberto Cantero y que era una sociedad mixta entre socios privados y el Municipio, intentó cobrar 12,2 millones de pesos por los mayores costos que la inflación le habría generado para prestar el servicio. Sin embargo, antes de autorizar el pago, Guillermo Mana, que recién había asumido como secretario de Economía, ordenó frenar el trámite y auditar los números reclamados por la empresa. Llegó a la conclusión de que la cifra correcta era sustancialmente menor: 7,5 millones de pesos.

En la elevación a juicio, el fiscal sostiene que una serie de actitudes de los empresarios hace sospechar que existió la intención de defraudar al Estado.

La disputa entre los directivos privados de la mixta y el Municipio comenzó a gestarse el 27 de enero de 2009. Ese día, los dos directores privados de Gamsur, Masoero y Capello, le pidieron a la Secretaría de Economía, que estaba a cargo de Marcelo Terzo, que les pagara mayores costos por 12.222.910 pesos (1.489.987 pesos por alumbrado público y 10.732.933 pesos por higiene urbana).

En febrero de ese año, Mana asumió en Economía y decidió no pagar el monto reclamado. Ordenó auditar y controlar el pedido de los empresarios y determinó que, para 2008, correspondía abonar un adicional de 7.502.754 pesos por el efecto inflacionario. Además, envió las actuaciones al Tribunal de Cuentas. En la elevación a juicio, el fiscal destaca que las acciones primero de Mana y después del órgano de control evitaron que el patrimonio público municipal se perjudicara en 5 millones de pesos.

La principal irregularidad que reprocha la fiscalía es que habría habido una alteración en el rubro “mano de obra”, que habría sido sobrevaluado. Y se les adjudica a los empresarios una serie de maniobras. Por ejemplo, se incluyó una previsión para despidos que no solamente no correspondía sino que, además, estaba sobreestimada.

Asimismo, se reprocha un exceso en los montos por horas extras por dos razones: porque la cifra declarada no se correspondería con la realidad y, además, porque incluso se hizo figurar que algunos empleados realizaron más de 200 horas extras anuales, lo que supera el límite legal.

Otro cuestionamiento se refiere a los “adicionales no reumerativos”, que se habrían pagado solamente en diciembre de 2008 pero ante el Estado se declaró que todos los meses se cancelaron esas cifras a cada empleado. También un cargo de la ART, que incluía un adicional de 60 centavos por mes por trabajador fue cargado al Municipio como si ese monto se hubiera depositado diariamente. Es decir, el costo se multiplicaba por 30.

Incluso, también llamó la atención de los investigadores la asistencia perfecta de todos los trabajadores de Gamsur: ninguno faltó ni un día en 2008 y, por eso, todos cobraron un plus del 20 por ciento.

Esa serie de supuestas irregularidades llevaron al fiscal a pedir la elevación a juicio. Sin embargo, la defensa de los acusados rechazó el planteo de Guzmán y ahora será el Juzgado de Control el que definirá si Masoero y Capello se sientan en el banquillo o si todavía quedan otros aspectos por investigar