Organismos de Derechos Humanos, legisladores provinciales y organizaciones políticas y sociales advierten que el caso de Gabriel Blanco, un joven que fue asesinado por la Policía bonaerense, y que guarda enormes similitudes con el de Luciano Arruga, desaparecido en Lomas del Mirador en 2009, está al borde de quedar impune. Una trama de complicidades que salpica al poder político.

La declaración en defensa de los familiares de Blanco, asesinado en 2007 en una comisaría del barrio San Carlos, La Matanza, tiene como fondo el inminente inicio del juicio oral contra los cinco policías bonaerenses acusados por el crimen, que comenzará el próximo 16 de marzo. Se trata del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena, señalados por las torturas seguidas de muerte, y el comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos, acusados por el encubrimiento posterior.

El caso guarda enormes similitudes con el de Luciano Arruga. A Gabriel, denuncian sus familiares, la policía lo reclutaba para robar en zonas liberadas, hasta que un día no quiso más. Esa negativa desató una campaña de hostigamiento que terminó en 2007, cuando fue detenido en una comisaría del Barrio San Carlos, en la que apareció muerto, presuntamente ahorcado. Allí comenzó el calvario de su familia que, tras un largo trámite, logró recuperar el cuerpo y detectó que a Gabriel le faltaban dientes y que estaba muy golpeado.

Sin embargo, la autopsia policial no detectó nada de esto y fue necesaria una segunda tanda de pericias, una nueva autopsia y la reconstrucción del hecho, esta vez a cargo de Gendarmería, para que salieran a la luz las inconsistencias de la versión oficial. La principal: que el cable con el cual se había colgado no soportaba más de 40 kilos sin cortarse, mientras Gabriel pesaba más de 80.

El juez de Garantías que tuvo a su cargo el caso, Ricardo Raúl Alí, que ostenta en su despacho numerosos agradecimientos de parte de las fuerzas de seguridad en forma de diplomas y otros suvenires, se tomó cinco años para dictar la prisión preventiva contra tres de los efectivos denunciados, los que golpearon y mataron a Gabriel, que permanecieron en funciones en el interín. En 2013, la Cámara de Apelaciones negó un pedido de excarcelación, por lo cual permanecieron tras las rejas.

Hasta que, en las vísperas de navidad de 2015, consumado el cambio de Gobierno, el Tribunal Oral Criminal 5, que integran Gabriela Rizzutto, Matías Deane y Javier González, les otorgó el beneficio, pero hizo más: declaró la nulidad de las pericias realizadas por Gendarmería y con ello dio por tierra con la prueba más firme contra los uniformados. La razón parece más una excusa: los jueces entendieron que, como los abogados de los acusados no habían participado de la pericia, se había violado su derecho constitucional a la legítima defensa.

El TOC 5 niega, además, la posibilidad de realizar una nueva reconstrucción del crimen, así como también de que quienes participaron en las pericias acudan como testigos en la causa.

Los organismos que velan por que se haga justicia por Gabriel recuerdan que ese tribunal tiene antecedentes nefastos y le atribuyen una “propensión” a “estar cerca de las agencias de seguridad". Es que el TOC 5, Bois es el mismo que falló "en el caso de Gastón Duffau, torturado por la policía, y absolvió a los cinco efectivos acusados; también intervino en la causa de Lucas Navarro, señalado como participe en un robo y que fue linchado por cinco vecinos, a quienes el Tribunal dejó libres por el beneficio de la duda", tal como recordó el abogado patrocinante de la familia, Alejandro Bois.

La frutilla de postre tiene que ver con los vínculos políticos de los policías, que son defendidos por Rubén Adrián “El Colorado” Fernández y Miguel Racanelli, dos dirigentes políticos con buenas conexiones en el PRO. De hecho, Racanelli accedió, en las elecciones de octubre, a una banca como concejal del distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires.