El Tribunal Oral Federal N° 3 decidió ayer citar para que declaren como testigos en el juicio oral a los treinta directores y jefes de la AFIP que denunciaron -por escrito y con sus firmas- que el caso Oil Combustibles fue utilizado para una persecución contra el personal de carrera que había adoptado decisiones legales en el trámite del otorgamiento de los planes de facilidades de pago del organismo recaudador. La decisión de convocarlos, a instancias de un pedido de las defensas que fue avalado por los fiscales en la audiencia de ayer, supone un nuevo golpe hacia la hipótesis de defraudación por la que esta causa llegó a debate oral a instancias del juez Julián Ercolini.

El personal jerárquico de AFIP -jefes de Agencias y directores regionales- le habían expresado al extitular de AFIP de la era Cambiemos Leandro Cuccioli su malestar a raíz de la judicialización de ese caso que impactaba en procesamientos a funcionarios que habían dado idéntico tratamiento a todas las solicitudes por el denominado Artículo 32. El presidente del TOF 3, Fernando Machado Pelloni, delegó en la defensa de Ricardo Echegaray la sugerencia de tres nombres entre los firmantes, ya sea por representatividad, jerarquía o antigüedad en la AFIP, para que se los cite en calidad de testigos al juicio, en las próximas audiencias.

Desde el punto de vista táctico, la posición de la defensa obtuvo un triunfo inesperado en la audiencia de ayer. La querella de la AFIP había pedido al TOF 3 que, en vistas a las últimas declaraciones, convoque a tres testigos del Grupo Indalo que habían sido considerados “sobreabundantes” al definir la lista inicial de convocados. Pero que dado el correr del juicio, podrían resultar interesantes sus dichos. Nadie se opuso, pero hábil de reflejos, el abogado de Echegaray, Martín Arias Duval, recordó al tribunal que seguía posponiéndose una decisión concreta respecto a quienes el 29 de abril de 2019 le habían elevado una carta a Cuccioli, lo que generó una rebelión interna inédita en la AFIP.

El TOF había evitado incluirlos al inicio del debate como testigos a convocar y siempre difirió su citación si en un futuro era considerado pertinente. Entonces, con el pedido formal, la misma consulta sobre esos testigos se hizo a la inversa, sobre fiscalía y querella. El fiscal Diego Velasco contestó que no ponía reparos y que consideraba “procedente escuchar” a quienes habían suscripto la nota, como una forma más de acceder a la verdad de los hechos. La querella no atinó a quejarse, y consintió también, a riesgo de quedar en soledad luego de que el Ministerio Público Fiscal dejara sentada posición favorable. Fue entonces que Machado Pelloni consideró que los tres testigos de Indalo que había pedido la AFIP podían posponerse y ser convocados a futuro si las circunstancias lo ameritaban con el correr de las audiencias, pero consideró relevante activar el pedido de Arias Duval y citar de manera formal al grupo de los firmantes. Así fue como la AFIP abrió la puerta para sumar testigos, pero los únicos que efectivamente serán incluidos son agentes del organismo que han denunciado por escrito que el caso Oil fue judicializado.

“Notamos claramente que lo actuado por dichos funcionarios (los procesados por Ercolini) no difiere del proceder y la intervención que fuera normal y habitual frente a una solicitud de plan especial de facilidades de pago fundados en la ley”, indicaban en referencia al que se le otorgó a la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa, pero que en realidad fue idéntico a otros 1.600 otorgados a múltiples empresas y personas físicas durante la gestión de Echegaray. Pero en esa misma nota, los 30 firmantes que incluían a todas las dependencias del área metropolitana denunciaron una serie de irregularidades en la causa judicial de Ercolini, con auditorías sesgadas (aportadas por la gestión de Alberto Abad) y sin tener en cuenta resoluciones internas, que hasta resultan contradictorias con procedimientos que están actualmente vigentes en el organismo.

Convocado como testigo, ayer declaró Hernán Cruells, jefe de departamento dentro de la Dirección de Análisis de Fiscalización de la AFIP. Sin haber participado del caso Oil, aportó su expertise en materia tributaria, referido al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), eje del reclamo penal a la petrolera. Su declaración desbarató desde el punto de vista técnico algo que se había sostenido en la hipótesis del fiscal Gerardo Pollicita y del diario La Nación: Oil Combustibles nunca fue “agente de retención” del impuesto que pagaban particulares quienes cargaban combustible porque esta figura no existía para este tipo de tributo. Era el “sujeto pasivo” cuyo hecho imponible se registraba y debía ser declarado cuando transfería o vendía desde su refinería, los combustibles a las empresas (distintas a Oil) que poseían las estaciones de servicio de su red. Es decir que tributaban por la transferencia de ese bien a otra CUIT (tal como indica la normativa) y no sobre quienes en definitiva soportan el costo final del impuesto, que termina trasladado a los consumidores en el precio final.