La salida del conflicto desatado por la renegociación del contrato de alquiler de tragamonedas fue política. Ya se venía insinuando que esa opción sería la elegida.

Ayer el titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli, anunció que volvió a renegociar con la empresa concesionaria para bajar el canon del 47% al 43,85%, pero a cambio estiró el plazo de la concesión dos años: de 2019 a 2021.

La situación no ha cambiado mucho en lo sustancial. A la larga la empresa Mendoza Central Entretenimientos, parte del grupo Vila-Manzano, cobrará casi lo mismo, pero con una cuota mensual más chica durante más tiempo.

Así es que la conducción del Instituto intenta cerrar un conflicto público tomando una opción que tal vez sea la única posible, debido a la trampa legal en la que se encontraba el Gobierno.

Esa renegociación no alcanzó a la deuda que mantenía el Instituto por no haber actualizado el canon del 40,09% al 47 desde julio del año pasado. Según cálculos de Bianchinelli, son alrededor de 6 millones de pesos que deberán pagarse en un plan de pagos aún no acordado con la empresa.

La historia es larga, se remonta al año 2011, cuando Celso Jaque era gobernador y Daniel Pereyra era el presidente del directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

En julio de ese año, Pereyra renegoció el contrato que tenía con Mendoza Central Entretenimientos (MCE) por el alquiler de tragamonedas. Cabe recordar que ese contrato se remontaba al año 2003, fruto de una licitación pública, por el que la empresa cobraba el 26,23% de la recaudación.

Lo que firmó Pereyra fue que MCE iría incrementando progresivamente ese canon original, a medida que avanzaran las obras de remodelación de la sala del Casino de Mendoza, para albergar 200 tragamonedas más. Esas obras, de acuerdo al nuevo contrato, estarían a cargo de MCE.

El incremento sería del 26,23% al 33,92%, de ahí al 40,09% y desde ese porcentaje al 47% final, que se empezaría a pagar cuando la empresa entregara la obra terminada e instalara la totalidad de las nuevas máquinas, 569 en total. Eso se cumplió en julio del año pasado, pero el Instituto nunca pagó el 47% debido al escándalo público desatado.

Ese acuerdo fue una de las denuncias contra el fiscal de Estado Joaquín de Rosas ante el Jury de Enjuiciamiento, quien avaló lo actuado por Pereyra.

Es más, el escándalo de alguna manera también desgastó a la sucesora de Pereyra, nombrada por el gobernador Francisco Pérez, Nidia Martini, quien debió renunciar en febrero pasado. En ese momento llegó Bianchinelli a la presidencia del instituto; una de sus misiones era arreglar esta polémica.

En mayo pasado, otro fiscal de Estado, el subrogante Javier Fernández, emitió un dictamen sobre el convenio firmado por Pereyra.

El fiscal decía que no podía determinar si había un perjuicio para el Estado con el nuevo acuerdo, pero si estaba seguro de que la cláusula de prórroga que aceptó Pereyra era nula. El contrato tendría vigencia hasta julio del 2014 y podía prorrogarse a pedido exclusivo de la empresa por cinco años más.

Según Fernández, esa prórroga debía alcanzarse por vía de mutuo acuerdo, por lo que ordenaba renegociar ese aspecto del convenio o, en caso de negativa de la empresa, presentar una acción de lesividad ante la Justicia provincial. Y esto es lo que reivindica Bianchinelli. Dice que se ha renegociado cumpliendo lo que dice el fiscal de Estado y con el solo objetivo de evitar la instancia judicial, de resultado incierto.

Según Bianchinelli, se amplió el plazo para que "la empresa pueda amortizar la inversión" y detalló que la obra de remodelación costó 13 millones de pesos, certificados por el Ministerio de Infraestructura, a pesar de que en el contrato se hablaba de 3 millones en obras.

Agregó que las nuevas máquinas que hoy tiene el Casino oficial cuestan entre 20 y 25 mil dólares cada una, lo que implica que la inversión llegó a los 10 millones de dólares.

El nuevo convenio incluyó otros dos ítems: se acordó renunciar a todos los reclamos cruzados presentados en la Justicia y las obras de ampliación de la sala para agregar hasta 281 máquinas. Esta ampliación e incorporación de tragamonedas se haría a partir de 2015, fecha en la que Bianchinelli espera tener terminado el edificio que albergará la administración del Instituto.

Por último, MCE no administrará más el bar del Casino. El Instituto licitará la confitería en los próximos 90 días. Este fue otro punto observado por el fiscal de Estado Fernández.