Desde el recambio de gobierno en la Casa Rosada, con una herencia de un fuerte déficit fiscal y un elevado gasto público, se generaron una serie de políticas en todos los estamentos -nacional, provincial y municipal- tendientes a la reducción del personal. Solo teniendo en cuenta la paralización de obras y la marginación de empleados de los poderes ejecutivos, en Salta el impacto se eleva por encima de los 5.000 nuevos desempleados.

Según datos que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hizo públicos a través de Laura Lastra, integrante de la junta interna nacional del gremio, en la provincia son 195 los despedidos en reparticiones nacionales. Las dependencias con asiento en Salta, entre las que se destaca la situación de la Secretaría de Agricultura Familiar, programas de Salud Pública y áreas del Ministerio de Desarrollo Social, recortaron su planta de trabajadores.

Se calcula que esos 195 nuevos desocupados se podrían incrementar con áreas de jurisdicción federal como la Universidad Nacional. Las partidas presupuestarias reducidas por resolución 3/16 de la Secretaría de Políticas Universitarias, rubricada el 29 de enero último, significaría una merma de $4.488.615 en el presupuesto para sueldos, conforme a lo que señala la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (Adiunsa). Esta situación obligaría, necesariamente, a cesantear personal.

El relevamiento del Boletín Oficial de la Provincia no hace ostensible despidos en masa, al contrario, sostiene una cúpula de dirigentes que se reinventan en cargos hechos a medida, tal el caso de Matías Assenatto en la Secretaría de Asuntos Metropolitanos o Marianela Cansino en la Coordinación de Calidad e Innovación en Educación.

En el plano municipal fue donde se trasladó el giro político nacional con respecto a la "modernización" del Estado. El economista de la UNSa, doctorando del Conicet y miembro del Instituto de Estudios Laborales y Desarrollo Económico (Ielde), Julio Ibarra, arrojó datos sobre relevamientos de despidos en las comunas del interior: 42 en Cerrillos, 54 en El Tala, 40 en Coronel Moldes, 60 en San Lorenzo, 40 en Aguaray y 20 en Urundel. Totalizarían 451 despidos.

Ibarra explicó que "seguramente son más pero es difícil llevar un relevamiento sistemático de la situación de todos los municipios, hay en algunos lugares adonde no se visibilizaron los recortes. Por ejemplo, el caso de los 20 despedidos de Urundel, lo conozco porque tengo parientes allí, sino nadie lo sabe".

En ese mismo sentido, el diputado provincial del Partido Obrero, Julio Quintana, remarcó: "Lo que conocemos son alrededor de 250, como mínimo, los empleados municipales echados". Pero aclaró: "Deben ser más, en los municipios hubo despidos de contratados que no tomaron estado público, que no se conocen".

Obras aplazadas

El secretario general de la sección Salta de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Rubén Aguilar, afirmó a El Tribuno que 4.500 trabajadores del sector están suspendidos o despedidos a causa de la paralización de obras que se inició "desde el 10 de diciembre de 2015".

"Ese volumen implica un 30% de los obreros totales que teníamos trabajando hasta el año pasado", subrayó Aguilar, quien además agregó que hay incertidumbre ante otros despidos que puedan darse en más ramas del sector privado. "Estoy preocupado por el acuerdo que firmaron las cámaras empresariales y el Gobierno. No conocemos lo que pauta ese documento", señaló Aguilar.

En la misma tónica, Américo Villa, referente de la Uocra en Tartagal, desagregó las cifras de Aguilar. De los 4.500 cesanteados, 400 pertenecían a la obra del Gasoducto del NEA, en el nordeste provincial a cargo de la empresa Servicios Vertua.

Otros 50 se corresponden con las obras de viviendas sociales frenadas en Colonia Santa Rosa por la empresa JC Segura Construcciones. En ese caso se trataba de 100 casas en Colonia Santa Rosa licitadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

"La obra del gasoducto se construye con fondos nacionales que se pararon apenas se hizo el cambio de mando en el Gobierno. Se paralizó la construcción del gasoducto con un avance de obra del 40%", apuntó Villa. La Uocra provincial elevó una carta a Energía Argentina S.A. (Enarsa), empresa con participación estatal creada en 2004, para que interceda en favor de los obreros suspendidos. La notificación está fechada y recibida el 24 de febrero último.

Por otra parte, el 22 de febrero pasado, el Ministerio de Trabajo provincial encabezó una audiencia de conciliación entre la Uocra tartagalense y JC Segura Construcciones. El acta de dicho encuentro aclara que solo se trata de una exposición de argumentos y contra-

argumentos de las partes, pero no resuelve ninguna determinación.

Los cálculos de la economista de la UNSa Carla Arévalo apuntan a que la tasa de desempleo en Salta en 2015 fue de 5,7%. Se infiere que esa cifra se incrementará.