Por Graciela Moreno

Un relevamiento nacional detectó un dato que impacta: “El 65% de las familias de Argentina hicieron recortes en su alimentación en el último año”. El estudio relevó 49 políticas de cuidado y detectó que sólo 7 están vigentes, 18 están en peligro y 24 fueron desmanteladas. Cuando el Estado hace un paso al costado siempre impacta en los más débiles.

La alimentación es lo que más preocupa, pero las necesidades están en todas las áreas de la vida. El informe 3 de La cocina de los cuidados funciona desde marzo pasado como un espacio intersectorial y transversal de seguimiento y producción de información sobre las medidas de Gobierno en el campo de los cuidados. Es integrado organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, académicos, funcionarios y legisladores de distintas fuerzas políticas.

El impacto del retiro del Estado en políticas esenciales se siente más en chicos, jóvenes y adultos mayores. Entre los principales puntos surgidos del estudio: en los hogares con infantes, el 67% de las familias dijo tener más dificultad para obtener vacantes en espacios de cuidado y jardines.

En los hogares con personas mayores, el 76% de las familias dijo percibir mayores costos en los medicamentos no cubiertos por el PAMI y el 74% declaró contar con menores ingresos para contratar cuidados para estas personas. Lo mismo ocurre en los hogares con personas con discapacidad, la suba de precios de los medicamentos, fue identificada por el 85% de las familias. El 64% también afirmó estar teniendo mayores dificultades para obtener prestadores para las terapias. Otro dato es que la mayoría de las familias identificó tener menor disponibilidad de tiempo para cuidar de estas personas en los últimos 6 meses.

Entre los sectores más desprotegidos,  el 57% de las familias que asisten a comedores barriales o escolares dijo haber encontrado menos comida.  Cuando se les pregunta si la situación empeoró el 74% de las mujeres no duda y responde que sí, mientras un 57% de los hombres perciben que están peor y debieron ajustar la alimentación de toda la familia.

El perfil de los encuestados

Una radiografía de las personas que respondieron la encuesta indica que 7 de cada 10 personas son sostén de hogar o toman decisiones económicas en su hogar. Sobre los ingresos, un tercio declaró que la suma de ingresos de su hogar no supera los $300.000 mensuales. Casi un cuarto reúne entre $300.000 y $600.000 de ingresos familiares. Sólo un 20% suman hasta un $1millón por mes.

Al indagar cómo definiría su situación laboral actual, 4 de cada 10 personas dijo estar ocupado/a y el 25% tener una jubilación o pensión. Un 26% manifestó estar desocupado/a: se trata de una proporción mucho mayor a la de la tasa actual de desempleo medida por el INDEC, con más incidencia en la juventud y en quienes tienen menor nivel educativo. Quienes declararon tener menor nivel de ingresos totales en su hogar viven en barrios populares o conviven con alguna persona con discapacidad.

Según el estudio La cocina de los cuidados: “El 55% de las familias dijo que no le alcanzan los ingresos totales y mensuales de su hogar. Incluso quienes residen en barrios privados/cerrados el porcentaje que dio esta respuesta ‘no me alcanzan’ fue significativo (58%)”.

En relación a los ingresos, para un 43% la situación empeoró y para un 24% es igual de mala. Para un 14% es igual de buena y para otro 14%, mejoró. Para estas últimas familias la razón esgrimida fue “el control de la inflación” que les permitió “hasta ahorrar” u “organizar mejor los gastos”. Entre quienes empeoró o es igual de mala la inflación se escuchan testimonios como estos “la subida constante de precios” la causa principal de que “no me alcanza para pagar expensas, alquiler, transportarme y comer todos los días”, “me quedé sin trabajo y sin ingreso, “sufrí un despido”.

La realidad es contundente, la pobreza en Argentina es del 52,9%, son 11 puntos porcentuales más que en 2023. “Hay 5.500.000 nuevos pobres. Nos encontramos en un escenario similar al de la post crisis del 2001”, vaticinó el informe.

Cambios en la alimentación

Cuando  se les preguntó si en el último año tuvieron que hacer cambios o recortes en su alimentación o la de su familia, la respuesta fue sí para el 65% de las personas encuestadas. En barrios populares esa proporción llega a 8 de cada 10 habitantes y es sensiblemente más alta en los hogares donde viven personas mayores.

Todos se ajustaron, no sólo en comida. “Se vive con lo justo. Dimos de baja cable, el teléfono fijo y ya no hay salidas” (mujer entre 46 y 60 años, bonaerense). Mientras un joven bonaerense entre 16 y 29 años confesó: “me afecta teniendo un almuerzo de mala calidad” (varón entre 16 y 29 años, bonaerense).

La muestra se hizo en 1730 casos de todo el país por teléfono. El 8% de la muestra dijo recibir asistencia o refuerzo alimentario de algún comedor barrial o escolar. De ellos casi 6 de cada 10 afirmaron que hay menos alimentos en el comedor este año respecto del anterior.

“Me afecta porque no puedo comer después del 15 de cada mes. Si no me dan, no tengo” (mujer entre 30 y 45 años de CABA). “El comedor aparece como una fuente confiable y segura que, al no encontrarla, las y los pone frente a la posibilidad de ‘pasar hambre’ o a la realidad de ‘paso hambre durante día’”, dice el informe.

La vivienda

“La mitad de las personas/hogares residen en zona urbana, en barrios con trazado de veredas y servicios (52%). En el otro extremo, un 5% en un barrio privado/cerrado social. El 13% mencionó que su vivienda está en un barrio popular o asentamiento o en un barrio con viviendas sociales (10%). El 8% reside en zona rural. Se destaca que entre quienes viven en barrios populares o de vivienda social, hay mayor presencia de personas mayores e hijos/hijas a cargo”, puntualizó.

En el análisis, el estudio planteó: “Las definiciones expresadas por el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto 2025 cristalizan el desarme y el “castigo” a las políticas que sostienen la vida. Hoy se sostienen un puñado de 7 medidas y políticas aisladas, insuficientes en un escenario que muestra señales de daño social estructural. Sobre 49 políticas de cuidado relevadas, 24 están derogadas o desmanteladas y 18 están en peligro… Se consolida como “sentido común” del gobierno que el pago de intereses de la deuda y el equilibrio fiscal tengan más relevancia y condicionen el acceso a derechos sociales. Esto se traduce en daño para las personas con menos recursos que cuidan y son cuidadas”, expresó el estudio.

Una análisis profundo de “La cocina de lo cuidados”, planteó: “Esta situación se materializó a partir de un conjunto de medidas adoptadas: el veto a la fórmula de movilidad que buscaba recuperar en parte la pérdida real de ingresos de jubilados y jubiladas; el tope fijado a la negociación salarial (2%) y la inmovilidad de las ayudas monetarias al universo pequeño y cerrado cubierto por el ex Potenciar; el precio de las tarifas de servicios de agua, transporte, electricidad y la eliminación de esquemas de subsidio para sostener el acceso a servicios mínimos (garrafa) en barrios populares; la concreción de la modificación regresiva del impuesto a las ganancias −ingresos medios− y la exigencia de reempadronamiento al esquema de protección ofrecido por el monotributo social, por mencionar las destacadas de este período”, señaló.

 Ya nada es como era. “Son muchas las causas que generaron en simultáneo, el cierre de establecimientos, las suspensiones y los despidos −la mayoría del sector privado− y un panorama complejo de expectativas en el mantenimiento de los puestos de trabajo explican el escenario y la percepción de un presente en el que todo empeoró y en el que se cercena y reprime todo ejercicio de defensa y demanda por derechos consagrados y necesidades básicas”, concluye parte del informe.