Pedro Lacour

La Casa Rosada salió con los tapones de punta contra el kirchnerismo tras las amenazas del senador José Mayans, quien advirtió que rechazarán las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema si el presidente Javier Milei los nombra en comisión por decreto, sin esperar la aprobación de la Cámara alta. “No terminan de entender lo que viene pasando en la Argentina. Se creen que somos Macri y que nos pueden amedrentar”, azuzaban este jueves en los pasillos de Balcarce 50.

Un alto funcionario del Ejecutivo explicó ante elDiarioAR que “no existe posibilidad alguna” de que los candidatos, una vez nombrados en comisión, sean volteados por el Senado. “La situación debe quedar así hasta el final del período legislativo”, explicó, como respuesta a lo ocurrido este miércoles en el recinto del Senado cuando Mayans, en su rol de jefe del interbloque de Unión por la Patria, se levantó de su asiento y le entregó en mano al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, una carta en la que su bancada prometía pedir “inmediatamente” la “destitución” de los jueces designados por decreto.

Cristina Kirchner y José Mayans. Senado

Durante la presentación de su informe de gestión ante el Senado, Francos defendió la posibilidad de que el oficialismo designe en comisión y de manera transitoria por decreto a los dos candidatos postulados por Milei para ocupar un sitial en el máximo tribunal. “No es que el Presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que, si la Corte se queda en una situación cercana a la cefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución”, sostuvo el ministro coordinador ante la pregunta de uno de los senadores.

En esa línea, Francos aseguró, como lo hizo en una entrevista radial reciente, que la “preocupación” principal del Gobierno está en las vacantes que se abrirán en la Corte en 2025, una vez que el 29 de diciembre próximo Juan Carlos Maqueda abandone su silla al cumplir 75 años, edad límite para ocupar su cargo, dejando al máximo tribunal con apenas tres miembros.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

La designación por decreto fue una carta que jugó Mauricio Macri en 2015, cuando el ahora expresidente buscó nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en comisión, lo que le valió la crítica unánime de todo el arco institucionalista. Finalmente, ambos obtuvieron el aval de los dos tercios del Senado, con votos peronistas, incluido el del propio Mayans.

Hace tiempo que en Casa Rosada sostienen que la designación de Lijo y de García-Mansilla es de una perrogativa exclusiva del Presidente, por lo que insisten en que el Senado solo tiene voz para decidir acerca de la “ideoneaidad” de los candidatos. “Esto no debería ser una discusión política”, repiten cerca de Milei, pese a que no dejan de mostrarse abiertos, llegado el caso, a negociar con el peronismo una posible ampliación del máximo tribunal a nueve miembros, que incluya una mayor representación femenina.

Pero el objetivo último del oficialismo es otro, algo más inconfesable: lograr garantizarse una mayoría de jueces afines, similar a la que formó Carlos Menem en los albores de su Presidencia, que duraría 10 años, cuando extendió la cantidad de miembros de la Corte y dio nacimiento a la famosa “mayoría automática” de Julio Nazareno. En aquel entonces, para ser juez del máximo tribunal se requería apenas el apoyo de la mayoría simple del Senado, requisito que fue modificado con la reforma constitucional de 1994.

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos de Milei a la Corte Suprema.

Hasta el momento, el Gobierno logró arrancar las nueve firmas necesarias para poner en marcha el tratamiento del pliego de Lijo en el Senado. Distinto es el caso de García-Mansilla, una figura que es más resistida por las filas opositoras. Ambos necesitan el apoyo del interbloque de Unión por la Patria y sus 33 miembros para alcanzar los 48 votos necesarios (en el caso de que los 72 miembros de la Cámara alta estuvieran presentes en el recinto).

La postura en las filas libertarias es tajante: “serán los dos o ninguno”. Sin embargo, tras meses de mantener esa línea, cerca del Presidente empiezan a considerar un plan alternativo: si el pliego de García-Mansilla no logra destrabarse, evalúan que podría ser designado por decreto. A diferencia del caso de Lijo, que obtendría el visto bueno a través de los votos en el recinto del Senado. Tras el salvavidas inesperado de la kirchnerista catamarqueña Lucía Corpacci, que sumó su firma al dictamen para tratar el pliego del cuestionado juez de Comodoro Py, ahora solo resta el llamado a sesiones extraordinarias.