El gobierno de Mauricio Macri prácticamente no hizo ningún avance en la gestión del plan que había anunciado en diciembre último para reducir los gastos en el Estado, reagrupar programas con finalidades superpuestas y fusionar organismos, secretarías y subsecretarías de Estado con funciones similares para simplificar la gestión.

La reducción del gasto público y del déficit fiscal fueron dos de los principales objetivos enunciados por Macri luego de designar a Nicolás Dujovne nuevo ministro de Hacienda, en reemplazo de Alfonso Prat-Gay.

Era una señal clara a los inversores productivos de que se iba a luchar decididamente contra la inflación y un mensaje a los mercados internacionales para obtener financiamiento a tasas bajas.

Pero después de un mes de haber asumido Dujovne, los planes ni siquiera se empezaron a estudiar. En la cartera de Hacienda aseguraron a LA NACION que "todavía no hay nada en firme" y que se encargó a "todos los ministerios a hacer sus informes para trabajar" sobre las áreas que se puedan modificar, reducir, fusionar o reformular.

Sin embargo, reconocieron que no existe aún una fecha establecida para comenzar la coordinacion entre todos los ministerios.

En realidad, el comentario generalizado en el Gobierno es que todos los ministerios avanzan a paso muy lento con esos estudios porque reducir el gasto implica tomar decisiones políticamente difíciles y sobre todo en un año de elecciones legislativas como las de octubre.

Según pudo saber LA NACION, el comentario de un ministro de primera línea, en una reunión con su equipo, fue: "Si los demás ministerios no achican el gasto, no lo vamos a achicar nosotros. No vamos a ser los únicos y que luego no pase nada". En rigor, el plan de reducción de gastos buscaba avanzar sobre el principal objetivo de Dujovne al asumir: promover la competitividad y la productividad del sector privado mediante la reducción de los costos de producción.

Incluso en los últimos días Dujovne puso de relieve su plan para avanzar en una reforma tributaria y de incremento del sector formal de la economía para bajar el costo de las empresas y de los particulares. Pero reducir impuestos requiere, entre otras cosas, bajar el gasto público para evitar que aquella rebaja aumente el rojo fiscal.

En la Casa Rosada asguraron a LA NACION que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, avanza en una reestructuración de su propia cartera que marcha lenta. Y todavía ven muy lejano un anuncio en el plan general de reducción de gastos de toda la adminsitración pública.

La demora en la reestructuración de la cartera política se demuestra en que todavía no está definido el reemplazo de Daniel Chain en la Secretaría de Obras Públicas. Es una tardanza llamativa si se tiene en cuenta que la promesa de Frigerio a mediados de enero fue que, para 2017, año electoral, habrá una "explosión de obra pública".

Los allegados a Frigerio aseguran que la gestión de esa secretaría no se resentirá porque quedará transitoriamente en manos del subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa, y de Obras Públicas, Jorge Sábato, que responden linealmente al ministro y no tienen diferencias como las que antes tenía Chain.

Dentro de la cartera de Hacienda aseguraron a LA NACION que el plan no está detenido, pero sí demorado, y que cuando haya algunas definiciones se van a comunicar.

Sin embargo, otras fuentes aseguran que el año electoral conspiraría contra ese objetivo. Resulta muy costoso políticamente reubicar empleados públicos y avanzar en reformas estructurales.

Más de una vez, Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña , aseguraron que el plan de reducción era inevitable porque "un déficit fiscal de 400.000 millones de pesos es inviable" e impide luchar contra la inflación.

Por eso, el Presidente había ordenado en diciembre fusionar áreas para recortar el gasto estatal. La reestructuración iba a alcanzar secretarías, organismos y, especialmente, empresas del Estado.

El plan apuntaría a suprimir funciones duplicadas y rebajar subsidios para lograr un ahorro de 0,8% del PBI durante todo 2017. En última instancia, esto permitiría bajar la inflación, acelerar las inversiones, destrabar el financiamiento, crear empleo y reducir la pobreza.

Si bien ese objetivo se mantiene, las consultas a todos los funcionarios indica que el plan está demorado y nadie supo contestar hasta cuando se postergará.