Maia Jastreblansky

La Casa Rosada no perdona a los funcionarios que no trabajan 100% alineados con las directivas y los intereses de la cúpula libertaria. Quien está ahora en la cuerda floja es el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, porque su dependencia emitió un dictamen que -según dicen en Balcarce 50- no habría defendido al Gobierno como se esperaba. Se trata de un escrito que opinó en el caso de una empleada pública que presentó una impugnación porque el Poder Ejecutivo le quitó un incentivo salarial.

Barra es un jurista de larga trayectoria que fue un ícono de los 90: fue funcionario del gobierno de Carlos Menem y juez de la Corte Suprema durante el menemismo. Incorporado a la gestión libertaria como un funcionario de peso, ahora le soltaron la mano desde la Casa Rosada.

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Un dictamen firmado ayer por la Procuración del Tesoro en el caso de un reclamo de una empleada pública fue mencionado como el justificativo del malestar. Pero, en rigor, desde hace tiempo que la cúpula libertaria mira cruzado a Barra porque considera que “opera en contra” de los intereses del Gobierno y que no responde a las instrucciones que bajan desde la Casa Rosada.

En Balcarce 50 agregan otro motivo para poner en duda la continuidad del funcionario, cuya misión es actuar como abogado en los juicios contra el Estado: aseguran que no estuvo comprometido porque pasó buena parte del primer año de gestión en el exterior del país y apuntan a sus viajes a Punta del Este, que sumarían más de 20 en 2024.

En una trama parecida, la semana pasada fue desplazado el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, por no “ordenarse” con la instrucción de no querellar en causas de corrupción. A Yacobucci le habían endilgado onerosos viajes con fondos públicos que él no reconoció.

Si bien todavía Barra no fue despedido, dos fuentes de la sede de gobierno reconocen que lo están pensando “seriamente” y que también están evaluando perfiles de eventuales reemplazantes. Javier Milei confía todo el manejo del área judicial en su asesor, Santiago Caputo, que viene haciendo cambios para asegurar una tropa ordenada a los lineamientos de la Casa Rosada.

Santiago Caputo y Javier Milei

El dictamen de la Procuración del Tesoro que generó fastidio a la Casa Rosada no fue firmado por Barra sino por su segundo, Marcos Serrano, y se vincula al caso de una empleada del Ministerio de Justicia. En esa cartera, por un convenio de los registros del automotor, desde hace décadas se triangulaba la contratación de 2500 empleados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Los empleados encuadrados en ese convenio cobraban un “incentivo” o “premio estímulo” incorporado en su recibo de sueldo.

El Gobierno despidió a muchos empleados encuadrados en Acara. Otros accedieron a un retiro voluntario y hubo un grupo que fue incorporado a la planta del Ministerio de Justicia como personal contratado. La gestión nacional les reconoció el incentivo como un ítem remunerativo en el pasado (en caso de tener que pagar una indemnización), pero no quiso seguir pagándolo a partir de la incorporación a la planta ministerial.

Muchos agentes aceptaron la reducción de su salario con tal de preservar su lugar de trabajo. Pero una empleada pidió la impugnación de la decisión del Ministerio de Justicia por el cese del pago del incentivo. “Es una violación a la intangibilidad de mi salario y me causa un grave perjuicio material y moral en tanto reduce en un 50% mi salario”, denunció la trabajadora.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, le pidió a la Procuración del Tesoro que se expida respecto de este caso. El dictamen de la Procuración del Tesoro no es conclusivo y de hecho el organismo se pronunció en carácter de “colaboración” en el caso. Quienes defienden a Barra dicen que el pronunciamiento que le reprochan ni siquiera fue en contra del Gobierno.